Ley de Lavado de Dinero: ¿por qué es importante?

La semana pasada, el Poder Ejecutivo reclamó al Congreso la sanción de la ley contra el lavado de dinero, ya que la Argentina es examinada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Las claves de una ley que, de no aprobarse, puede repercutir en la calificación internacional del país.

-¿Por qué una ley para avanzar contra el lavado de activos?
-En la actualidad, la ley 25.246, de principios del 2000, que dio origen a la Unidad de Información Financiera (UIF), permite la investigación penal del lavado de dinero proveniente de cualquier actividad ilegal. Sin embargo, exige que a aquella persona que viole la normativa se le deba probar antes el delito que motivó la maniobra (tráfico de armas, narcotráfico, terrorismo, etcétera). Esto provoca que resulte imposible condenar a alguien, ya que no alcanza con que una persona no pueda justificar sus activos para imputarle este delito. Existen casos en que la Justicia avanzó sobre el tema, pero el acusado suele apelar la medida y por lo general el caso se archiva.

Por otro lado, al no ser considerado como un delito autónomo, cuando una persona es investigada por lavado de dinero propio obtenido de manera ilegal y finalmente condenada por el hecho, sólo se la juzga por el delito de origen y no por la maniobra secundaria.

Estas y otras observaciones de la legislación actual han sido parte de las objeciones realizadas por el GAFI (ver recuadro). A mediados del año pasado, ese organismo internacional elaboró un informe crítico sobre el lavado en Argentina luego de una visita en noviembre de 2009, y exigió la adecuación de la legislación para combatir este tipo de delito. Como segundo paso, esta reforma también deberá incluir en el Código Penal el delito específico de financiación del terrorismo, dado que la legislación argentina no lo tipifica.

-¿Qué establecen los puntos consensuados por el grupo de expertos del Congreso?
-El presidente de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, Juan Carlos Vega (Coalición Cívica), convocó a fines del año pasado a un grupo de expertos sobre lavado de activos. El objetivo era limar las diferencias entre los tres proyectos con estado parlamentario (del Ejecutivo, la CC y el PRO), y avanzar con un proyecto unificado, además de revisar la situación jurídica del país a raíz del informe 2010 del GAFI (varias de las debilidades señaladas por el organismo en octubre del año pasado ya habían sido reparadas, pero no fueron incluidas porque la evaluación sólo alcanzó hasta noviembre de 2009).

Según Pedro Biscay, director del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce), en esa ocasión pudo discutirse seriamente una reforma integral del delito de lavado de dinero en Argentina y ello debería servir como una base para el tratamiento del tema. El informe final fue presentado el pasado 15 de marzo a los diputados integrantes de la comisión. El grupo de especialistas -del que participó Biscay- fue coordinado por el abogado penalista Alberto Binder y logró consenso alrededor de varios puntos importantes, entre los que se destacan:

• Penar con prisión el lavado de dinero sin necesidad de probar un delito precedente.

• Aumentar el “monto objetivo de punibilidad” de $50 mil a $200 mil.

• Penalizar el “autolavado”, es decir, el lavado de dinero propio obtenido de manera ilegal, modificando el artículo 278 del Código Penal.

• La UIF debe permanecer dentro del ámbito del Poder Ejecutivo; aunque queda pendiente definir si será en el área de la Jefatura de Gabinete o del Ministerio de Justicia.

• Permitir al fiscal decomisar, previo a la sentencia penal, los bienes, productos o instrumentos sospechados de provenir de un origen ilícito.

• Fijar penas a los funcionarios que divulguen información del organismo.

“Con estos cambios se busca condenar a los autores del delito y también a los implicados que no lo informaron. La ley, además, otorga fuerza para obligar a todos los actores a justificar sus activos y para que tengan legalidad las resoluciones que la UIF ha emitido en los últimos años y cumplir con el GAFI”, afirmó a este medio Arnaud Iribarne, contador especializado en temas internacionales.

-¿Cuáles son los principales puntos de conflicto entre los proyectos?
-Las tres iniciativas tienen varias similitudes, pero la de la Coalición Cívica se diferencia al proponer la eliminación de la UIF y la creación de una Agencia de Inteligencia Financiera, que dependería del Congreso.

El informe del grupo de expertos no propone un nuevo organismo, pero señala que “en cuanto a la conformación de la UIF no hubo consensos firmes: un sector de la comisión recomendó la desaparición del consejo asesor y de la figura del vicepresidente, mientras que otro sector no”. El informe agrega que, en relación a las autoridades de la unidad, los asesores María José Meincke (ex directora de la UIF) y Mónica Almada (ex directora del Banco Ciudad) propusieron la realización de un concurso público con un Tribunal evaluador que elevará una terna al jefe de Gabinete. El objetivo es que la Presidenta elija entre ellos. “Otro sector, propuso no modificar el actual sistema”, completa el informe, es decir que el ministro de Justicia designe al presidente de la UIF.

Respecto de las facultades de la unidad, los especialistas no lograron consenso sobre la facultad de querellar de la UIF. Pero sí sobre otras acciones, como incluir medidas especiales de investigación y ampliar el listado de sujetos obligados a reportar las operaciones sospechosas de encubrir lavado.

-¿Cuáles serán las consecuencias si el Congreso no aprueba una ley antilavado?
-El país deberá aprobar en el mes de junio la cuarta evaluación del GAFI, ya que el organismo decidió esperar la reforma legislativa en el plenario de mediados de febrero. Para eso, en diciembre de 2010 el Ministerio de Justicia y la UIF presentaron un Plan de Acción que responde a los lineamientos del organismo. La Argentina, en tanto, está siendo actualmente examinada por el Grupo de Revisión de Cooperación Internacional (ICRG, por sus siglas en inglés). Biscay señaló que, de no adecuarse la legislación para junio, “se especula con que la Argentina podría dejar de formar parte del G-20.”

Lo cierto es que, sin la sanción del Congreso (ver recuadro), se corre el riesgo de que el GAFI coloque al país en la lista de naciones “no cooperantes”, lo que supone una descalificación respecto al grado de confiabilidad internacional del país.