Mega data centers de IA: cómo se regulan en América latina y Europa y qué puede pasar en Argentina

El gobierno de Javier Milei busca atraer inversiones a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Un sector que se mostró interesado es el de los mega data center, infraestructura clave para sostener el boom de la inteligencia artificial. 

En octubre de 2025 se anunció una potencial inversión de hasta 25 mil millones de dólares para un mega data center de 500 MW en la Patagonia. El anuncio fue realizado por la empresa Stargate Argentina, que firmó una carta de compromiso con OpenAI, responsable de ChatGPT.

“El objetivo es comenzar la construcción en 2026 con la idea de tenerlo operativo a principios de 2027 y empezar a escalar hasta su capacidad máxima”, indicó Emiliano Kargieman, CEO de Stargate, en una entrevista a Infobae. 

En Argentina no hay regulaciones comerciales, impositivas o ambientales relacionadas con este tipo de inversiones. En la Patagonia, las comunidades temen que se agrave la falta de agua y los problemas ambientales en una región como Vaca Muerta, que aún no recibe el derrame económico de la actividad petrolera. 

¿En qué se diferencia la situación Argentina con la del resto de América latina y con Europa, región que está avanzando con regulaciones?

Sin regulaciones específicas en Argentina

Por el momento, el marco legal nacional para recibir estas inversiones es el RIGI. Argentina no posee normativas específicas sobre data center.  En las provincias candidatas tampoco hay regulaciones. “De momento, no hay normativas específicas. Son tecnologías de implementación muy nuevas y complementarias al desarrollo de los hidrocarburos. Se está comenzando a trabajar”, indicaron desde Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén ante la consulta de Chequeado y Ruido.

Por su parte, Brasil implementó el régimen REDATA (Medida Provisoria 1318/2025), que combina incentivos fiscales, como las que ofrece el Rigi, con exigencias de sustentabilidad e inversión en investigación y desarrollo (I+D) dentro del país. 

Chile cuenta con un Plan Nacional de Data Centers 2024-2030, que establece lineamientos claros para atraer inversiones y ofrece guías técnicas de permisos críticos 

Y Europa implementó una directiva de eficiencia energética que obliga el monitoreo y reporte público de datos para centros con una demanda superior a 0,5 MW. 

“Se necesitan regulaciones no sólo de protección ambiental, sino también de protección de datos personales y que se les exija darle prioridad a las comunidades locales. Además, es importante que se obligue a hacer auditorías permanentes de consumo energético e hídrico, y que los titulares de los data centers se ocupen de las tareas reparatorias del impacto ambiental”, explicó a Ruido-Chequeado Beatriz Busaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre.

Cuánta energía necesitan

La escala del proyecto de Stargate (hasta 500 MW) requeriría fuentes masivas de energía como el gas y petróleo que se extrae Vaca Muerta o las represas hidroeléctricas de la Patagonia.

El uso de combustibles fósiles incrementa la huella de carbono e impacta en las emisiones nacionales de gases responsables del cambio climático.

Kargieman aseguró que la Patagonia ofrece mucho potencial de energías limpias, sobre todo eólica, pero también hidráulica, y no descartó el uso de energía nuclear.

A nivel internacional, la tendencia es la transición hacia energía 100% renovable. Brasil ya lo exige para otorgar beneficios fiscales a través del REDATA, y Chile orienta sus proyectos hacia zonas con excedentes de energía solar y eólica.

Por su parte, Europa está buscando que estos centros no sólo consuman energías renovables, sino que sean eficientes y transparentes en su impacto sobre la red eléctrica general.

Otro desafío para Argentina será integrar estos data center a la red eléctrica. “Se necesitan fuentes de energía capaces de sostener el consumo de estas instalaciones. Porque si no puede ocurrir lo que ya pasa en EE.UU., donde las comunidades cercanas se están quedando sin luz o pagan una energía carísima”, recordó Busaniche.

Los data center ya representan el 1,5% de la electricidad mundial (415 TWh) y se proyecta que se duplique para 2030. 

Por qué la polémica sobre el uso del agua

Los data centers requieren grandes volúmenes de agua, de manera directa para refrigerar los equipos informáticos, e indirecta, por ejemplo, para producir la electricidad que consumen. Si la generación es a partir de combustibles fósiles, esa huella hídrica se incrementa.

Algunos países utilizan el WUE (Water Usage Effectiveness, por sus siglas en inglés) para fijar exigencias o incentivos para la instalación y funcionamiento de data center. Un WUE de 1 l/kWh indica que consume un litro por cada kilowatt hora demandado. 

El plan nacional de Chile menciona centros de datos que tienen un WUE de 0,2 l/kWh. El REDATA de Brasil exige un WUE de 0,05 l/kWh. 

En la Patagonia, este consumo competiría directamente con la ya elevada demanda hídrica del fracking en Vaca Muerta, en una zona que registra caudales históricamente bajos en sus ríos.

Cada pozo puede consumir hasta 60 mil m3 anuales, y en 2025 la actividad acumulaba 17.300 pozos en todo el país, con un consumo total estimado en más de 1.038 millones de m3.

Las dudas sobre la generación de empleo local

Expertos señalan que estos proyectos son “economías de enclave”: suponen grandes inversiones, pero no generan muchos empleos directos. 

“Pueden consumir millones de litros de agua y enormes cantidades de energía, mientras emplean a 50 o 60 personas. Lo que deja en la región es mínimo”, señaló Alan Rocha, comunicador social experto en extractivismo e investigador del Observatorio Petrolero Sur.

Kargieman dijo que en la etapa de construcción se emplearán a “miles de personas” y cuando esté funcionando serán “cientos de personas”.

El RIGI no tiene ninguna obligatoriedad sobre “empleo nacional”. Sobre los proveedores, se exige que un mínimo del 20% de la inversión sea local del total destinado al pago de proveedores, tanto en la etapa de construcción como de operación. Pero con una salvedad: “siempre que la oferta local esté disponible y en condiciones de mercado”.

En contraste, Brasil exige inversión en I+D local para asegurar que la tecnología deje capacidades instaladas. Y el plan de Chile busca promover acuerdos entre el Estado y las empresas para garantizar el acceso a la infraestructura de cómputo para instituciones I+D nacionales.

A su vez, Europa y Chile promueven una gobernanza con participación de las comunidades locales. Y exigen reportes de sostenibilidad sobre uso de recursos y la rendición de cuentas como puente para minimizar las tensiones con la sociedad civil.