Presupuesto 2023: los gastos en materia social y ambiental caen en términos reales

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó el Proyecto de Presupuesto 2023, y ahora la iniciativa del Gobierno nacional -que recibió modificaciones en el trámite parlamentario- deberá ser tratada por el Senado.

El proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo Nacional dispone gastos por $ 28.954.031 millones, lo que representa un incremento del 1,6% en términos reales (es decir, descontando el efecto de la inflación) con respecto a los gastos esperados para 2022. Además, prevé una inflación interanual del 60%, un déficit del 1,9% (en línea con el acuerdo con el FMI) y un incremento del Producto Bruto Interno (PBI) del 2%. Vale recordar que históricamente, según un análisis de Chequeado, estas metas suelen ser incumplidas.

En esta nota repasamos las previsiones de erogaciones del Gobierno nacional para las áreas más importantes del gasto social y ambiental, que en su mayoría presentan un ajuste en relación con los recursos ejecutados en 2022. 

Cómo se calcula la evolución del Presupuesto 2023

Como se explica en esta nota, para comparar los presupuestos anteriores es necesario tener en cuenta la ejecución de los mismos y no el proyecto aprobado, dado que por el efecto de la inflación las partidas se modifican a lo largo del año. Del mismo modo, la comparación debe realizarse en términos reales (es decir, contemplando la inflación).

En tanto, para proyectar la inflación del año próximo debe tenerse en cuenta el promedio de aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en 2023, y no su evolución interanual a diciembre (que en el mensaje que acompaña el presupuesto se proyecta en 60%).

Esto se debe a que los gastos se van ejecutando de forma paulatina cada mes y no todos juntos en diciembre, por lo que es necesario considerar el incremento promedio del IPC, que para el próximo año será aproximadamente del 75%.

Caen los gastos sociales y se mantienen los previsionales

Para la función “Promoción y Asistencia Social” (que incluye el grueso de los programas sociales, como el pago de la Tarjeta Alimentar y otros programas como el Potenciar Trabajo) se prevé una caída del 1,2% con respecto a los gastos de 2022.

Un análisis realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) destaca que en 2023 el presupuesto “no contempla la entrega de bonos para el refuerzo de ingresos, que sí fueron otorgados durante 2022”. Además, indica que “se prevé una reducción financiera de la Tarjeta Alimentar del 24,5%, una vez descontada la inflación”.

En tanto, la función “Seguridad Social” (que incluye principalmente el pago de las jubilaciones y otras prestaciones, como la Asignación Universal por Hijo) prevé un incremento del 0,5% con respecto a 2022. Esta función explica gran parte de las erogaciones previstas en el presupuesto, y representa el 44,7% del total de gastos.

Carlos Martínez, economista de la Universidad Nacional de General Sarmiento, dijo a Chequeado que, “a diferencia de otras áreas, la Seguridad Social cuenta con más restricciones para un ajuste de gastos, dado que los fondos en su mayoría están destinados al pago de las jubilaciones”.

En este sentido, el especialista destacó que la evolución de los recursos dependerá del incremento de los haberes, que se actualizan a través de una fórmula establecida por ley. Pero remarcó que el Congreso aún no aprobó la extensión de la moratoria previsional que vence a fines de 2022, lo que podría impactar en una reducción en la cantidad de beneficiarios.

Tras el aumento en pandemia, menos recursos para “Salud”

Para la función “Salud” (todos los gastos relacionados con la salud a nivel nacional y programa tales como el Remediar, que brinda acceso a medicamentos esenciales, y el Plan 1.000 Días, que tiene como objetivo la atención durante el embarazo y la primera infancia) se prevé una caída del 3,2% en términos reales con respecto a los gastos de 2022.

Esta categoría registra una baja de más del 30% este año debido a menores necesidades de financiamiento para la compra de vacunas COVID-19 y demás gastos por la pandemia, luego de haber subido cerca de 50% entre 2020 y 2021.

Además de la baja prevista para el próximo año, hay que recordar que la cartera que conduce Carla Vizotti sufrió un ajuste en agosto de este año de $ 10 mil millones (2,9% del presupuesto), de los cuales $ 9 mil millones habían sido destinados a la compra de productos medicinales en el marco del Programa de Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles.

Se profundiza la caída de fondos para la niñez

A diferencia del resto de los ítems analizados, los fondos destinados a garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes no son una función específica sino una política transversal que contempla programas como la AUH, el Plan 1.000 Días y el Conectar Igualdad, entre otros.

En el Proyecto de Presupuesto 2023 aprobado por Diputados los fondos para esta área caen un 2,4% real con respecto a 2022, según un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

De acuerdo con el trabajo de la organización, los recursos previstos para este segmento para 2023 equivalen a cerca del 10% del presupuesto total, lo que significa una “reducción profunda en sólo 4 años de los fondos destinados a niñas, niños y adolescentes”.

Según la ACIJ, “en un muy corto período de tiempo la inversión en niñez se disminuiría en 4 puntos porcentuales -de 13,85% en 2020 a 9,8% en 2023– sobre el total de los recursos de la Administración Pública Nacional”.

Menos recursos para “Vivienda y Urbanismo”

Para la función “Vivienda y Urbanismo” se prevé una caída del 9,3% en términos reales con respecto a los gastos de 2022. De esta manera, el presupuesto para esta área registra una disminución de casi un 52% desde 2021.

En 2021, los gastos para esta función aumentaron fuertemente (pasaron del 0,42% del total de recursos al 2,6%), y las proyecciones presupuestarias para lo que resta de 2022 marcan una nueva caída, aunque los recursos se mantienen por encima de 2019.

Los programas incluidos en esta función son los que apuntan a la promoción del desarrollo territorial y habitacional sustentable con el fin de posibilitar el acceso a la vivienda como así también a una adecuada infraestructura habitacional y urbanística.

Ambiente: continúa la deuda con la Ley de Bosques

El Presupuesto 2023 destina a la función “Ecología y Medio Ambiente” $ 95.400 millones, lo que implica una caída del 12% en términos reales respecto de 2022.

No obstante, las partidas no contemplan el Fondo Fiduciario de Manejo del Fuego, creado a partir del cobro de una tasa a las primas de seguro. Como este fondo se constituye a partir del pago de esa tasa, el dinero se incorpora de forma paulatina.

Un análisis de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) junto con la ACIJ destaca que el presupuesto para el área continúa incumpliendo la Ley de Bosques Nativos, que dispone que los fondos para esa finalidad deben representar el 0,3% del total de gastos y, sin embargo, “ni siquiera alcanza el 0,03%” en el presupuesto para el año que viene.

Además, cuestionaron que “el Presupuesto 2023 refleja una profundización del modelo energético y productivo actual y pone en último plano un plan genuino de transición”, y agregaron: “La Argentina se había comprometido a que el 20% de energía eléctrica sea renovable en 2025, pero estas metas cada vez parecen más lejanas”.