Qué dice el pedido de juicio político a Rosenkrantz y qué contestó el presidente de la Corte

La diputada nacional Vanesa Siley, del Frente de Todos y cercana a Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner, presentó en el Congreso un pedido de juicio político contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz.

Esta presentación salió a la luz mientras tramita en el máximo tribunal un per saltum en el que se discute si estuvieron bien realizados los traslados de los jueces federales Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, que entre otras causas tramitan una contra la ex presidenta y actual vicepresidenta de la Nación. Rosenkrantz denunció una campaña de hostigamiento en su contra.

¿Qué dice el pedido de juicio político?

La noticia salió a la luz este fin de semana, ya que la diputada Siley lo informó en su cuenta oficial de Twitter. Pero el pedido de juicio político tiene fecha de presentación el 25 de septiembre, es decir hace 10 días, incluso antes de que la Corte resolviera admitir el per saltum de los magistrados trasladados, que fue resuelto de forma unánime por los 5 magistrados del máximo tribunal del país.

Es un proyecto de resolución que promueve el juicio político “por mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones”.

La presentación no alude a la actuación de Rosenkrantz en la causa de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Refiere a su actuación en causas anteriores. Una de ellas, la más resonante, es el caso “Muiña”, en el que la Corte declaró aplicable el cómputo del llamado “2×1” para condenados por delitos de lesa humanidad.

También hace referencia a otros 2 expedientes vinculados a delitos de lesa humanidad: uno sobre el Grupo Ledesma, del empresario Pedro Blaquier, y el otro remite al fallo “Rufino Batalla”, en el que la Corte revirtió el criterio de “Muiña” a partir de la aplicación de la Ley 27.362, pero Rosenkrantz, en minoría, mantuvo su criterio previo.

El documento, además, critica el rol de Rosenkrantz como presidente del tribunal. Actualmente, quien ejerce este cargo integra la Comisión para la Coordinación y Agilización de Causas por Delitos de Lesa Humanidad. Sostiene Siley que “desde que Rosenkrantz asumió la presidencia de la Corte, la Comisión Interpoderes nunca se reunió”.

“Persistente campaña de desprestigio”

El juez emitió hoy un comunicado, al que accedió Chequeado, en el que señaló ser blanco “de una persistente campaña de desprestigio en distintas publicaciones y por parte de distintas personalidades”. Respecto de la presentación de Siley, afirma: “Las acusaciones son completamente infundadas. No he incumplido deber funcional alguno”.

“Es curioso que se me acuse ahora por la sentencia de ‘Muiña’, que fue dictada hace 3 años y que también firmaron otros 2 jueces. También es llamativo que se me acuse por no ceder frente a las protestas en las calles”, agrega el magistrado.

Respecto al caso “Blaquier”, Rosenkrantz negó demoras en su vocalía: “De los 53 meses que transcurrieron con el legajo en la Corte, la causa solo estuvo en mi Vocalía menos del 10% del tiempo total”.

Sobre su rol en la Comisión Interpoderes, señaló que él es presidente del tribunal desde septiembre de 2018 y que la Comisión no se reúne desde septiembre de 2016. Explicó, por su parte, que desde el dictado de la Acordada 44/2018, en diciembre de 2018, existe un “esquema decisorio colegiado” en el que “las decisiones administrativas y de superintendencia judicial se adoptan con la voluntad de al menos 3 ministros”. Y agregó que convocó a una reunión de la Comisión para este jueves 8 de octubre.

Negó, por otra parte, no haberse excusado en causas en las que pudieran existir conflictos de interés. Señaló que desde que asumió la magistratura se abstuvo de intervenir en todas las causas en las que existían razones de excusación obligatoria, y para las causales de excusación voluntaria, en los casos en los que consideró que su participación podía generar dudas de imparcialidad, señaló.

“Una cosa es el juicio político, que apunta a destituir a un juez por incumplimiento de sus deberes, y otra cosa es el juicio motivado por intereses políticos, sectoriales o de otro tipo”, concluyó Rosenkrantz.

¿Qué es un juicio político?

Es el método de remoción de las máximas autoridades del país. La Constitución nacional establece que los funcionarios sujetos a este tipo de investigación son el presidente, el vicepresidente, el jefe de gabinete, los ministros del gabinete nacional y los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Este juicio público está a cargo del Congreso de la Nación: la Cámara de Diputados acusa y el Senado juzga, en ambos casos, a través de una mayoría de dos tercios de los presentes.

El juicio es político y, por eso, su desenlace tiene sólo consecuencias políticas: su único objeto es la destitución de un funcionario o su inhabilitación para ejercer cargos públicos, sostiene el artículo 60 de la Constitución.

La última vez que se destituyó a un funcionario vía juicio político a cargo del Congreso fue hace 15 años. Al llegar a la Presidencia, Néstor Kirchner impulsó el juicio político de 5 de los 9 jueces de la entonces Corte Suprema: Julio Nazareno, Guillermo López, Adolfo Vázquez, Eduardo Moliné O’Connor y Antonio Boggiano. Nazareno, López y Vázquez renunciaron durante el proceso. En diciembre de 2003, el Senado removió de su cargo a Moliné O’Connor y en septiembre de 2005 destituyó a Boggiano.

Las críticas

La iniciativa del oficialismo en la Cámara baja despertó una ola de repudio en la oposición, pero también críticas por parte de especialistas.

“Fui crítico del fallo ‘Muiña’. Denuncié al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No comparto muchas de sus posturas ideológicas. Pero, el pedido de juicio político a Carlos Rosenkrantz no tiene ninguna clase de fundamento constitucional y amplía una vez más la autodestructiva grieta”, señaló en su cuenta de Twitter el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quien integra la comisión de expertos que asesora al presidente Alberto ernández en materia de reforma judicial.

“Es perfectamente válido que cada uno de nosotros tengamos una opinión distinta o una opinión crítica sobre un fallo de la Corte o sobre los votos de un magistrado. Pero transformar una discrepancia en una razón, fundamento o causa de destitución de un juez es no sólo un disparate, sino un abuso de poder que atenta contra el Estado de Derecho”, señaló en una entrevista José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch.