Qué es el ciberpatrullaje y qué relevancia toma durante la cuarentena

La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, habló sobre “ciberpatrullaje” y esto despertó alertas y críticas desde distintos sectores. Lo hizo al referirse a algunas de las tareas que realiza la cartera a su cargo para prevenir y controlar el efectivo cumplimiento de la cuarentena en el contexto de la propagación del nuevo coronavirus. Cómo se originó este debate y de qué se trata esta metodología que es blanco de muchas críticas.

El origen del debate

Frederic habló esta semana en teleconferencia con la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados de la Nación. En su exposición, destacó que entre las tareas que realiza el ministerio está la prevención de delitos promovidos según el “humor social”, y señaló: “No se trata de invadir la vida privada de nadie ni afectar la libertad de expresión y opinión. Nuestra función como ministerio es conocer las tensiones y las prácticas que pueden alentar la comisión de delitos. Esas prácticas son denunciadas ante el Poder Judicial para que éste decida qué hacer”.

Y agregó: “Hacer ciberpatrullaje es estar atentos a las tensiones sociales y a la incitación a cometer delitos como la convocatoria a saqueos. Incluso, es necesario prevenir el grooming [N. de la R.: acoso y abuso sexual online]. Si observamos que en el mundo se registran cada vez más delitos mediante estos dispositivos, es necesario que el ministerio analice cómo se alientan o producen”.

Una de las críticas vino de su antecesora, la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich. “¿Qué código establece que el humor social es delito? Eso se llama espionaje y es un gravísimo delito. El ciberpatrullaje se utiliza contra el terrorismo, narcotráfico, grooming, violencia de género, amenazas, etc. Si quiere medir el ‘humor social’ haga una encuesta, ministra”, señaló en su cuenta de Twitter.

“Me parece que la frase de ‘medir el humor social’ no fue la mejor frase y dio lugar a interpretaciones que son lógicas”, aclaró luego Frederic en Twitter. Señaló que los monitoreos se realizan en las redes sociales “sobre lo público” y “no sobre las personas”. “El objetivo de hacer una supervisión del espacio público digital es identificar la posible comisión de delitos y, en el caso de que lo identifiquemos, darle intervención a la Justicia”, precisó.

En diciembre de 2017, Bullrich no hizo referencia al “humor social”, pero destacó la identificación de “grupos políticos que quieren generar una agitación que la sociedad no quiere”, y agregado: “Estamos haciendo lo que se llama ciberpatrullaje y estamos detectando grupos que quieren llamar a una agitación y se lo vamos a presentar a la Justicia”.

¿Qué es el ciberpatrullaje?

Uno de los primeros casos con impacto público que se dieron a conocer en nuestro país fue el de un expediente judicial originado por una amenaza por parte de una mujer al ex presidente Mauricio Macri y a su familia a través de la red social Twitter. En el fallo en el que se procesó a esta mujer, el juez federal Ariel Lijo habló del “ciberpatrullaje de rutina realizado por el personal del Área de Cibercrimen de la Policía Metropolitana, en el marco del cual los efectivos se abocan a la prevención de delitos, contravenciones y faltas realizados en la red de internet”.

La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) publicó en octubre de 2018 un informe en el que detalló las respuestas que le había dado el Ministerio de Seguridad ante un pedido de acceso a la información pública sobre el ciberpatrullaje. Sobre la definición del concepto, el ministerio señaló que aún no tenían formulado un concepto, pero la División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal explicó que “ciberpatrullaje” es la “forma coloquial de referirse a la búsqueda de información en fuentes abiertas y públicas relacionadas con el ciberespacio”.

Y, en el informe, ADC advierte: “Las actividades de ‘ciberpatrullaje’ son llevadas a cabo en forma manual, con intervención humana y sin ningún tipo de software para automatizarlas, mediante consultas en motores de búsqueda y utilizando herramientas disponibles en forma gratuita en internet”.

Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, señaló en un comunicado que “el gobierno debe ser transparente con respecto a las medidas que toma. No podemos dejar que la pandemia de COVID-19 sirva de excusa para ejercer vigilancia masiva indiscriminada”.

La Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI) emitió un comunicado con críticas a las declaraciones de la Ministra. Señaló que el “ciberpatrullaje” es una “práctica de inteligencia con base en información de fuente abierta” y aclaró que “las actividades de vigilancia masiva están prohibidas“. Y explicó: “Que estas tareas se realicen sobre contenidos que las y los usuarios colocan en el espacio público, ‘abierto’, no las convierte automáticamente en legales. El hecho de que se trate de un ámbito público no habilita la vigilancia estatal masiva e intrusiva, de la misma forma que estar parado en la vereda no habilita a las fuerzas de seguridad a fotografiar o seguir personas si no hay una hipótesis delictiva previa.

En el comunicado, además, señaló que “solo están permitidas las tareas de inteligencia criminal orientadas a intervenir sobre amenazas criminales concretas. Los programas que se utilizan para recoger palabras o frases no tienen capacidad de identificar el contexto ni la razón por las que las personas las usan. Esto vuelve muy peligroso la vigilancia al azar”.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) comunicó que hizo un pedido de acceso a la información para conocer cuál es el marco legal en el que se realizan las tareas de vigilancia y cuál es el contenido, quiénes las están desarrollando, con qué parámetros y con qué mecanismos de control. Además, solicitaron que se aclare a qué llama la normativa “fuentes abiertas” y “redes sociales”, con qué palabras se realizan las búsquedas y qué acciones se realizan a partir de los resultados.

Los casos de la cuarentena

Chequeado contactó a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI). Su titular, Horacio Azzolín, aclaró que hasta el momento no tramitan casos en su fiscalía por presunta violación de cuarentena originados por “la detección en redes sociales de publicaciones ilegales por parte de unidades especiales de policía”. Pero que sí existen casos en otras fiscalías.

Frederic hizo referencia a un caso ocurrido en los últimos días en torno al Hospital Posadas. Circulaba en redes un video publicado en YouTube que alertaba, con un relato falso, sobre un presunto colapso en el hospital ubicado en el partido de Morón, Provincia de Buenos Aires. El video denunciaba que en el Posadas había “3 pisos llenos de [pacientes de] coronavirus” y que “no lo quieren decir a nadie porque es un hospital nacional”.

El interventor del hospital, Alberto Maceira, denunció la falsedad del video ante la Justicia federal. Aclaró que al momento de la publicación sólo una persona se encontraba internada con test de coronavirus positivo. Y, además, detalló cómo esta desinformación había afectado al servicio de salud: señaló la preocupación del personal de la institución y de la gente que se atiende habitualmente allí y señaló que muchos de los donantes de sangre que concurrían al Hospital para efectuar la misma, dejaron de hacerlo por el temor que originó en ellos la publicación. La campaña de donación de sangre se vio afectada”.

La Justicia comprobó la falsedad del contenido del video y se individualizó al responsable a partir de su perfil de Facebook. Luego se allanó el domicilio de la persona investigada, se le secuestró la computadora y se le tomó declaración indagatoria. La casa sigue en trámite.

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Actualización 22/04: la nota fue actualizada con información sobre las críticas al ciberpatrullaje realizadas por la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI) y el pedido de informes realizado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).