¿Qué es una conciliación obligatoria?

En la víspera del paro general convocado por diversos sindicatos y centrales obreras, el Gobierno nacional envió telegramas notificando a diversos gremios sobre el dictado de una conciliación obligatoria para impedir el cese de actividades en algunos sectores y morigerar la incidencia del paro. ¿En qué consiste esa herramienta y por qué se está aplicando en este paro general?

La “Conciliación Laboral Obligatoria”, nombre formal de la medida, es una instancia contemplada en la Ley 24.635 para dirimir conflictos entre una empresa y sus trabajadores. El Ministerio de Trabajo de la Nación, ante este tipo de conflictos, tiene la potestad de impulsar esta acción para obligar a las partes a sentarse a negociar, siendo el Estado una suerte de mediador. El Ministerio puede actuar por pedido de cualquiera de las partes o de oficio.

Pero el dictado de la conciliación obligatoria trae aparejadas otras consecuencias. La ley dispone que una vez que se llega a la instancia de conciliación las partes no podrán “adoptar medidas de acción directa”. Esto quiere decir que se debe volver a la situación anterior al inicio del conflicto: a los trabajadores se los obliga a desistir de realizar medidas de fuerza, como paros, pero también se puede dar marcha atrás con decisiones empresariales como despidos o suspensiones que hayan dado inicio al conflicto, al menos mientras dure la instancia de conciliación.

Si se llega a un acuerdo entre las partes, se debe homologar en esta instancia. En caso de no haber acuerdo queda habilitada la posibilidad de recurrir judicialmente ante la Justicia Nacional de Trabajo.

¿La conciliación obligatoria es realmente obligatoria?

Sí, luego de notificadas las partes están obligadas a cumplir con la conciliación obligatoria. Deben desistir de realizar las acciones que dieron inicio al conflicto y sentarse a negociar. La ley prevé multas económicas para las partes que no acaten la conciliación.

A fines de 2017 el Sindicato de Camioneros, que lidera Hugo Moyano, reclamó un bono de fin de año para sus trabajadores y se declaró en “estado de asamblea”. El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, que no fue acatada por el gremio. Esto derivó en una multa de más de $ 800 millones al sindicato, equivalente a $ 4.430 por cada uno de los 182.797 afiliados al gremio.

¿Qué sucedió con el paro general de esta semana?

La conciliación obligatoria se aplica en conflictos sectoriales, en los que el Ministerio de Trabajo actúa de mediador entre los gremios y las empresas. Por eso no es aplicable a un paro general, que lo dicta una central obrera contra un gobierno. Sin embargo, la medida de hoy “no se trata de un paro general” dado que “la CGT no ha adherido de forma orgánica al mismo”, por eso “se trata de algunos gremios que han decidido parar”, señaló a Télam el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, para justificar el uso de la conciliación obligatoria.

Según informó la agencia de noticias estatal, en total fueron 9 los sindicatos a los que se le dictó la conciliación obligatoria en la previa al paro. El diario Ámbito Financiero informó que varios sindicatos cerraron tempranos sus sedes el día previo al paro para evitar la recepción de los telegramas en los que se los notificaba de la conciliación obligatoria.