Qué establecen las leyes de financiamiento universitario, de ATN y de Emergencia pediátrica que Milei podría vetar

Tras el triunfo del peronismo en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, el presidente de la Nación, Javier Milei, tiene plazo hasta este jueves para vetar las leyes de Emergencia pediátrica, de financiamiento universitario y de reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias. 

De acuerdo con el artículo 80 de la Constitución nacional, un proyecto de ley es aprobado por el Poder Ejecutivo si no es devuelto al Congreso en el plazo de 10 días hábiles, que se cuentan a partir de la comunicación formal al Ejecutivo. Ese plazo vence este jueves 11.

Financiamiento universitario: ¿qué propone el proyecto?

El nuevo proyecto de ley, que fue aprobado por el Senado el 22 de agosto, propone actualizar las partidas presupuestarias para el funcionamiento universitario, hospitales universitarios, ciencia y tecnología, y extensión universitaria al 1° de enero de 2025, según la inflación acumulada de 2023 y 2024. Además, para este año, propone implementar actualizaciones bimestrales según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.

La iniciativa también establece una recomposición salarial para docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la sanción de esta ley por inflación acumulada. Luego, se debería actualizar de manera mensual por IPC.

En octubre de 2024, Milei vetó una ley de financiamiento universitario similar. La decisión fue luego ratificada por la Cámara de Diputados.

De acuerdo con el análisis de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), “si bien el Poder Ejecutivo realizó recientemente un aumento del 29% a través del decreto 425/25, los recursos asignados en 2025 para el Programa de Desarrollo de la Educación Superior se ubican en su nivel más bajo en casi dos décadas”.

Además, advierten: “En términos reales, el presupuesto para 2025 es un 9% inferior al del año pasado y acumula una caída del 32% desde 2023. Este recorte compromete el funcionamiento de las universidades y limita su capacidad para garantizar el acceso a una educación superior gratuita y de calidad”.

Conflicto en el Garrahan: ¿qué dice el proyecto de ley de Emergencia pediátrica? 

En el contexto del conflicto con el Hospital Garrahan, el Senado aprobó y convirtió en ley un proyecto que declara la Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica y de las Residencias Nacionales en Salud por 2 años, que establece la reasignación de fondos y uso de reservas destinadas a contingencias sanitarias.

En concreto, la iniciativa propone:

• La asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país. 
• La recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica con criterios de equiparación y reconocimiento por funciones críticas. Se incluye a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos.
• Eximir a todo el personal de salud que se desempeña en efectores públicos y privados del pago de ganancias cuando desempeñan actividades críticas, horas extras y/o guardias. 
• La adquisición directa de insumos y medicamentos críticos para hospitales pediátricos, mediante procedimientos excepcionales previstos en la Ley de Emergencia Pública.
  

“Equiparar las remuneraciones de personal destinado a la asistencia pediátrica (asistencial y no asistencial) y residentes al nivel salarial de noviembre de 2023 implicaría un gasto adicional de la Nación entre julio y diciembre de $65.573 millones”, destacó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) en un informe. Y agregó: “la erogación anualizada alcanzaría los $133.433 millones”.

Fondos para las provincias: ¿qué propone el proyecto sobre ATN?

El Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias está contemplado en la Ley de Coparticipación Federal para atender “situaciones de emergencia y desequilibrios financieros” de los gobiernos provinciales. La norma dispone que, del total de impuestos coparticipables, el 42,34% se los queda el Gobierno nacional, el 56,66% se reparte entre las provincias de forma automática y el 1% restante se reserva para los ATN.

A los ATN se los denomina transferencias no automáticas o “discrecionales”, dado que pueden ser repartidos según la voluntad del Ejecutivo nacional, pero sin seguir ningún criterio ni prioridad establecido de antemano.

La iniciativa presentada incorpora un artículo a la Ley 11.672 (Ley Permanente de Presupuesto), en el que se establece que el Fondo de ATN se debe coparticipar de forma automática y diaria, como el resto de los fondos, y que “los recursos que la compongan serán considerados a cualquier efecto como integrantes de la masa de fondos coparticipable”.

Según consta en el último informe presentado por la Jefatura de Gabinete al Congreso, en lo que va de 2025 la Nación ya transfirió $ 84 mil millones a las provincias en concepto de ATN. Es casi un 70% más que lo transferido en todo 2024. Como ocurría en gobiernos anteriores, estos fueron girados de forma discrecional.