Que están haciendo el Estado nacional y las sociedades médicas con los médicos que desinforman

Con el surgimiento de la pandemia por el nuevo coronavirus, la Organización Mundial de la Salud (OMS) expresó su preocupación por las desinformaciones que se difunden en relación con esta nueva enfermedad y sobre la salud en general. El organismo internacional identificó esta situación con el nombre de infodemia.

Pero, ¿qué sucede cuando quienes generan o comparten información falsa son médicos? ¿Qué puede hacer el Estado cuando los profesionales de la salud, quienes deben cuidarnos, son los que ponen en riesgo a la comunidad?

Qué establece la ley argentina

En los últimos meses, distintas sociedades profesionales denunciaron ante el Ministerio de Salud de la Nación a por lo menos 4 médicos que desinformaron sobre la pandemia: ya sea porque difundieron información sin base científica sólida y/o porque prescribieron tratamientos cuya efectividad contra la COVID-19 no está comprobada y que ponen en riesgo la salud.

Luego de que se conociera el caso de Oscar García Rúa, un paciente de 93 años que murió en enero último después de que se le administrara dióxido de cloro, una serie de asociaciones profesionales, entre las que se encuentra la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), denunciaron ante la cartera nacional a Dante Converti, el médico que había recetado ese tratamiento. 

Junto a la SADI, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología y otras asociaciones más consideran en su denuncia que este caso puede ser una violación de la Ley 17.132, que regula el ejercicio de la medicina, ya que en su artículo 20 se prohibe “anunciar procedimientos, técnicas o terapéuticas ajenas a la enseñanza que se imparte en las Facultades de Ciencias Médicas reconocidas del país” y también se veda la aplicación de “procedimientos que no hayan sido presentados o considerados o discutidos o aprobados en los centros universitarios o científicos reconocidos del país”.

El uso de dióxido de cloro no está autorizado en nuestro país como tratamiento contra la COVID-19 ni contra otras enfermedades. “La ingesta de dióxido de cloro puede causar irritación en el esófago y estómago, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea e intoxicaciones severas, entre otras complicaciones que pueden incluir graves trastornos hematológicos, cardiovasculares y renales”, informó el Ministerio de Salud nacional.

De acuerdo con esta norma, el Gobierno nacional puede suspender la matrícula de un profesional o la habilitación de un establecimiento médico. Además, las infracciones pueden ser sancionadas con un apercibimiento (es decir, una advertencia de una próxima sanción), una multa económica, la inhabilitación de entre 1 mes a 5 años del profesional y la clausura total o parcial, temporaria o definitiva de la sede física desde donde se ejerza la profesión.

En la denuncia, las sociedades profesionales también consideran que la actividad de Converti puede representar delitos contra la salud pública. Según explican, se estarían violando varios artículos del Código Penal de la Nación en los que se prohíbe anunciar o prometer “la curación de enfermedades a término fijo o por medios secretos o infalibles”.

Además, el Código determina penas para el que “envenenare, adulterare o falsificare de un modo peligroso para la salud, aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales destinadas al uso público o al consumo de una colectividad de personas”, y al que “suministrare, distribuyere o almacenare con fines de comercialización aguas potables, sustancias alimenticias o medicinales o mercaderías peligrosas para la salud, disimulando su carácter nocivo”.

En este caso, las penas pueden ir desde una multa económica a una condena de prisión de entre 15 días a 10 años, dependiendo del caso. 

Cuando se hizo público el caso, en enero último, el Ministerio de Salud inició una investigación sobre los antecedentes de Converti y registró que el médico no había renovado su matrícula nacional ni iniciado un trámite de actualización. También anunciaba en su recetario tener especialidades que no estaban registradas como tales en la cartera nacional. Además, tanto el consultorio como el sitio web que figuran en la receta del médico no están autorizados como tales.

El juez federal Sebastián Casanello ordenó un allanamiento y la clausura judicial del consultorio. Allí se secuestró documentación y productos médicos.

En enero último, el Ministerio de Salud informó a este medio que evaluaba denunciar penalmente a Converti por la prescripción de dióxido de cloro. Chequeado consultó a la cartera si efectivamente había realizado esta denuncia pero, al momento de la publicación de esta nota, no recibió una respuesta.

Cuando acusaron a Converti, las sociedades profesionales también denunciaron ante el Ministerio de Salud a otro médico, Eduardo Angel Yahbes, quien también prescribió la administración de dióxido de cloro a otra paciente del Sanatorio Otamendi que finalmente falleció.

Además, se presentaron ante el Consejo de la Magistratura y acusaron al juez Javier Pico Terrero, quien autorizó la práctica ordenada por Converti, de actuar en “manifiesto mal desempeño”.

En 2020, la SADI también denunció ante el Ministerio de Salud al “supuesto médico” Rubén Mühlberger, por ofrecer un supuesto antiviral “para la prevención y tratamiento de la infección por coronavirus”; y a la médica Chinda Brandolino, por calificar de “falsa” a la pandemia del COVID-19 y negar la utilidad de las vacunas.

En el caso de Mühlberger, su clínica fue allanada y clausurada, y él fue detenido por orden de la fiscal Valeria Massaglia. El abogado Ignacio Maglio, especialista en Bioética que asesoró a las sociedades en sus denuncias, indicó a este medio que no tiene conocimiento de que se hayan tomado medidas para los casos de Yahbes y Brandolino. El Ministerio de Salud de la Nación, por su parte, no respondió a las consultas de Chequeado.

Reacciones ante la marcha de “Médicos por la Verdad” en Rosario

El Sindicato de Médicos de la República Argentina (AMRA) seccional Santa Fe denunció a miembros de la agrupación “Médicos por la Verdad” por la convocatoria a un acto en el Monumento a la Bandera en Rosario en mayo último.

Según explicó a este medio Sandra Maiorana, secretaria General de AMRA, se iniciaron las acciones penales para evitar que se produzca la marcha en un contexto en el que había estrictas restricciones sanitarias vigentes, y además porque se convocaba a reunirse sin barbijos ni ningún elemento de prevención. 

“Se estaba poniendo en riesgo a la población en un contexto en el que el sistema sanitario estaba saturado”, explicó Maiorana.

La convocatoria se realizó de todos modos y, según explicó la secretaria general del sindicato, se detuvieron a los organizadores y a quienes agredieron a la Policía de Santa Fe. “Les escupían en la cara y a una mujer policía le pegaron una trompada”, contó.

Por este acto realizado el 25 de mayo último, Mariano Arriaga -médico y eferente de la agrupación “Médicos por la Verdad”-, Juan Domingo Schanovskoy -concejal de Las Breñas (Chaco) electo por el oficialista Frente Chaqueño y que ahora tiene un bloque unipersonal- y José Luis Gettor -médico mendocino- fueron imputados y quedaron en libertad bajo una fianza de $ 250 mil para Arriaga y $ 100 mil para los otros 2 hombres. 

Por su parte, el Consejo Federal de Entidades Médicas Colegiadas (Confemeco), que reúne a los Colegios y Consejos médicos de 11 provincias argentinas, se reunió recientemente a través de Zoom para debatir qué medidas tomar frente a los profesionales que desinforman, según explicó a este medio Mauricio Eskinazi, presidente de la asociación.

Resolvieron que cada una de las entidades de las distintas jurisdicciones iniciaría sumarios por transgresión ética ante estos “actos vandálicos” que “siembran pánico y pueden dañar la salud no solo física sino mental”. Además, decidieron denunciar penalmente a quienes promuevan tratamientos no aprobados científicamente, como el dióxido de cloro y la hidroxicloroquina. 

Eskinazi no pudo indicar a Chequeado cuántos sumarios se iniciaron desde entonces ni cuántas denuncias penales se realizaron en total. Sí refirió a una decisión del Consejo de Médicos de Córdoba, asociación que en marzo último suspendió al médico Marcelo Requena después de que se difundieran de manera “pública y masiva por WhatsApp” audios en los que califica de “falsa pandemia” a la COVID-19, y asegura que “el virus fue creado en laboratorios con fines espurios”, entre otras desinformaciones hasta el momento.

El presidente de la asociación explicó que al iniciarse un sumario se le da una posibilidad de defensa al profesional de la salud señalado y que el tribunal de disciplina puede aplicar sanciones que van desde una amonestación -que según Eskinazi no aplicaría en estos casos- hasta 6 meses de inhabilitación. En caso de reincidencia, se pueden imputar otros 2 periodos de inhabilitación hasta que se le quita la matrícula. 

“Todo esto puede ser en paralelo a una denuncia penal en donde un juez puede determinar la remoción de la matrícula directamente”, agregó Eskinazi.

Si querés estar mejor informado sobre la pandemia, entrá al Especial Coronavirus.