El Gobierno nacional delegó en las provincias la asistencia a las personas en situación de calle: ¿qué implica la medida?

A pocos días de que comience el invierno, el Gobierno nacional le transfirió la responsabilidad por la atención de las personas en situación de calle a las diferentes jurisdicciones y, a partir de ahora, sólo asumirá la función de marcar los lineamientos generales de las políticas a implementar. La medida fue oficializada el lunes 3 de junio a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial. 

El objetivo de la reforma, según comunicó el Ministerio de Capital Humano de la Nación, a cargo de la ministra Sandra Pettovello (La Libertad Avanza), es “priorizar el abordaje territorial local, permitiendo de este modo que cada provincia y municipio, con mayor proximidad a sus habitantes, puedan asistir con eficacia y eficiencia a las personas que se encuentran en esta compleja situación”. El rol de la Nación, por su parte, quedará reducido a la “rectoría y coordinación” de las acciones que se lleven adelante.

El próximo 19 de junio, se realizará una Mesa Federal convocada por el Ministerio de Capital Humano de la Nación para coordinar un Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle y así planear “acciones conjuntas, escuchar experiencias provinciales y avanzar en un abordaje federal de la problemática”.

Qué anunció el Gobierno y qué modificaciones se implementaron 

A través del Decreto 373/2025, se estableció que el Gobierno nacional transfiere la responsabilidad a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires de mantener la ejecución directa de las políticas de asistencia. Por su parte, el Ejecutivo nacional tendrá sólo la responsabilidad de “regir, supervisar, coordinar y, eventualmente, asistir o financiar a las jurisdicciones locales”.

El decreto modifica la Ley 27.654, de Situación de Calle y Familias sin Techo (2021), creada originalmente para proteger los derechos de las personas en situación de calle y de aquellas en riesgo de perder su vivienda en el país. El Poder Ejecutivo pudo reformar una ley por decreto por facultades que le otorgó el Congreso a través de la Ley Bases.

Se estableció, además, que la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia tendrá la función de coordinar acciones entre jurisdicciones y monitorear el uso de los fondos transferidos en caso de asistencia nacional. El artículo 1º del decreto establece que las distintas jurisdicciones “elaborarán sus propios planes y estrategias para abordar la problemática y brindar atención directa a sus destinatarios”.

Además, deroga el inciso A del artículo 12 de la ley que establecía que todos los programas existentes sobre personas en situación de calle debían ser mantenidos o integrados a los nuevos, sin disminuir su alcance. “Constituye un obstáculo normativo que impide la revisión crítica, el rediseño y la optimización de los programas, promoviendo la acumulación de acciones ineficaces y redundantes”, justificó. 

¿Qué implica la nueva medida del Gobierno nacional?

“Esta nueva medida no tiene un impacto directo como la caída de un programa, sino más bien un deslinde de responsabilidades”, señaló a Chequeado Catalina Marino, coordinadora del programa Derecho a la Ciudad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). 

Y agregó: “Se diluye el rol que cumple el Estado nacional en esta problemática. Ahora es un coordinador de las políticas locales. Uno de los grandes reclamos de las organizaciones de base es que, desde que se sancionó la ley, no hay una política de cumplimiento. Por ejemplo, se reclama un relevamiento de las personas en situación de calle a nivel nacional. Con esta modificación, se pierde también aquello que reclaman las organizaciones”. 

Consultada por este medio, Mariam López Dualde, trabajadora de la Red Puentes -organización que realiza un abordaje comunitario e integral de los consumos problemáticos  y situación de calle-, destacó: “Lo que hace la ley nacional es involucrar a actores nacionales, haciendo cargo de las personas en situación de calle a mucha gente que en las leyes de la provincia de Buenos Aires y CABA no están. En el decreto, ahora, aparecen las leyes de estas jurisdicciones como si fuesen modelo de cómo tratar la población en situación de calle, pero es importante pensarla a nivel nacional. No es lo mismo pensar la territorialidad de Chaco que la de la provincia de Buenos Aires”.

Sobre la derogación del inciso A del artículo 12 de la ley que prohibía desarmar los programas vigentes, López Dualde señaló: “Ahora se pueden cortar todos los programas que ya existen. El subsidio habitacional, por ejemplo, es el hincapié para que una persona pueda proyectarse bajo un techo. Cortar este programa imposibilita pensar un proyecto de vida integral a largo plazo para las personas en situación de calle. Es un desguace a cómo pensamos las organizaciones”.

En el mismo sentido, Horacio Ávila, integrante de Proyecto 7 (organización integrada por personas en situación de calle), explicó que esa eliminación implica “la anulación de la parte de la ley que incorporaba otros programas que tienen que ver, por ejemplo, con la diversidad o apuntados a personas con situaciones de consumo. Al suprimir esto, se deja afuera a un montón de gente”. 

Las organizaciones alertan sobre el posible cierre del Programa Nacional Integrar que tiene como objeto el desarrollo de acciones para la inclusión de personas en situación de calle y familias sin techo y otros programas que actualmente garantiza la ley.

Creció el número de personas en situación de calle en CABA

Según datos oficiales del Gobierno porteño, hay 4.049 personas en situación de calle en la Ciudad, lo que representa un aumento del 23,2% entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2024. Las organizaciones sociales tienen un relevamiento propio, con otra metodología, y estiman números mayores: entre 10 y 12 mil personas afectadas.

En lo que refiere a la nueva resolución de Nación, Gabriel Mraida, ministro de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires, señaló a Chequeado: “La nueva medida no modifica nuestras políticas porque no veníamos teniendo acompañamiento de la Nación. Lo que hacemos en Ciudad es con presupuesto propio, por lo que en la práctica no modifica el accionar”. 

Y agregó: “Sí me parece interesante enfatizar lo que puede suceder si el gobierno comienza a coordinar como órgano rector desde la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Si lo hace para garantizar que todas las jurisdicciones cumplan con la Ley, podría aliviar la problemática en la Ciudad de Buenos Aires. Hoy el 70% de las personas en situación de calle qué están en la Ciudad vienen de la provincia de Buenos Aires. Es por eso que cuanto más se trabaje de forma mancomunada entre todas las jurisdicciones, mejores son las respuestas que podemos brindar”.