Qué método usó el Gobierno para definir la segmentación de tarifas y cuáles son las dudas que genera

Última actualización: 24/02/2022

En diciembre de 2020, el Gobierno nacional anunció el inicio de un proceso de segmentación tarifaria, con el objetivo de reducir los subsidios de las tarifas de luz y gas a partir de cobrarles más a aquellos usuarios con mayor capacidad de pago.

En los últimos días, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) presentó una propuesta de segmentación para usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), basada en el valor inmobiliario de las propiedades en algunos barrios. 

En esta nota te contamos cuáles serán los aumentos tarifarios para este año, qué metodología utilizó el Gobierno para definir la propuesta de segmentación de los subsidios y qué dudas existen al respecto.

Los aumentos que planea el Gobierno

El 30 de diciembre último, el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, informó que para este año la administración nacional prevé aplicar una “corrección tarifaria” del 20% en las tarifas de luz y gas.

En el caso de la luz, luego de la audiencia pública celebrada el 17 de febrero último -en la que se debatió el valor del precio de generación y transporte de la energía eléctrica- el Gobierno nacional autorizó un incremento del 34% en el costo de generación, que redundará en un aumento del 22% en las tarifas de los usuarios del AMBA, según indicó Martínez.

En cuanto al gas, se realizaron 2 audiencias públicas: la primera, celebrada el 19 de enero último, fue convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) para debatir el aumento en el segmento de transporte y distribución. Allí las empresas reclamaron aumentos de entre el 70% y el 120%, lo que en las tarifas se traduciría en un incremento del 30%. 

En la segunda, que ocurrió el 31 de enero último, la Secretaría de Energía de la Nación evaluó el precio mayorista del gas natural, y estimó que para mantener las partidas de subsidios contempladas en el Presupuesto 2022 ($ 216 mil millones) las tarifas finales deberían aumentar entre un 34% y un 49%. 

No obstante, el 23 de febrero último el Gobierno autorizó un incremento en las tarifas, que impactará en una suba del 20% para los usuarios de todo el país, según dijo Martínez. De este modo, si no se aplica una segmentación tarifaria, habría un aumento de los subsidios, de acuerdo con los cálculos de la propia Secretaría de Energía.

Cómo se definió la propuesta de segmentación

Como se explica en esta nota, el proceso de segmentación tarifaria se inició el 16 de diciembre de 2020 a partir de la publicación del Decreto 1020/20. 

El 6 de mayo de 2021, el ENRE y el Conicet firmaron un convenio de colaboración para identificar a aquellos usuarios que podrían pagar la tarifa con quita de subsidios. En tanto, el 13 de diciembre último, el secretario Martínez aseguró que para entonces ya habían relevado “el 80% de una gran base de datos de más de 16 millones de usuarios, compatibilizando la forma de cargar las direcciones y los DNI”.

En el caso de la electricidad, para realizar esa tarea el ENRE informó que accedió a bases de datos e intercambió información con diferentes organismos públicos. Pero aseguró que no pudo realizar una segmentación completa debido a “la baja calidad de las bases de usuarios de las distribuidoras de energía eléctrica y la dificultad logística y técnica en el cruce de datos entre distintos organismos públicos”.

Frente a esto, el organismo le propuso al Ministerio de Economía un “plan de incorporación al programa en varias etapas sucesivas”, que en principio se aplicaría en el AMBA, en zonas en las que los inmuebles “presentan un mayor valor inmobiliario relativo”.

Según el organismo, estas zonas se detectaron “a partir de la aplicación de métodos de estadística espacial, lo que permite inferir, con un reducido margen de error, que las personas usuarias que residen en estas áreas cuentan con ingresos y patrimonios relativamente elevados en relación con el conjunto de la población del AMBA”.

De acuerdo con los datos oficiales, la primera etapa alcanzaría a 487 mil usuarios, el 10% de la población del área. También se excluiría de los subsidios a grandes usuarios de algunas actividades tales como el sector financiero, el transporte ferroviario, las autopistas, las embajadas y las salas de juegos de azar.

Entre los usuarios residenciales, más de tres cuartos se encuentran en la Ciudad de Buenos Aires, más precisamente en Puerto Madero y en los barrios de Recoleta, Palermo, Belgrano y Núñez, y algunos sectores de Colegiales, Villa Urquiza, Retiro, Saavedra, Caballito y Villa Devoto.

En el Gran Buenos Aires, en tanto, se puso la lupa sobre la zona denominada “el bajo”, que se ubica en los partidos de Vicente López y San Isidro. También a 48 mil personas que viven en los 466 countries y otras urbanizaciones cerradas que se extienden a lo largo del área. 

En el caso del gas, aún no se conoció la propuesta del Enargas. Chequeado consultó al interventor del organismo, Federico Bernal, pero al cierre de esta edición no había obtenido respuestas.

Para ambos servicios, Martínez señaló: “ENRE, Conicet y ENARGAS acercaron propuestas que están siendo trabajadas por la Subsecretaría de Planeamiento que junto al equipo del Ministerio de Economía tiene a su cargo el diseño de la herramienta, la cual se aplicará cuando el Gobierno tome la decisión”.

Las dudas

Este medio consultó al ENRE cuáles fueron los criterios utilizados para definir la propuesta de segmentación y por qué no se utilizó el cruce de los datos de diferentes organismos oficiales con los que se estaba trabajando. Pero desde el sector de Prensa del organismo respondieron: “Por el momento, la información oficial es la que figura en el documento técnico”.

Alejandro Einstoss, economista jefe del Instituto Argentino de la Energía (IEA) General Mosconi, dijo a Chequeado que “lo que se ve hasta ahora es un ejercicio muy precario de georreferenciación que no alcanza a corregir el volumen de los subsidios”.

El especialista sostuvo que, si “afecta al 10% de los usuarios del AMBA, eso representaría al 4% del total de usuarios del país. Y no parece que alcance para solucionar el problema”.

Sobre el impacto de la propuesta del ENRE en los subsidios, Santiago Urbiztondo, economista jefe de la Fundación FIEL, indicó que “con una inflación anual estimada en torno al 50% para 2022, para que el subsidio no aumente hay que lograr que el precio que los usuarios pagan de mayorista aumente un 50%”.

En este sentido, Urbiztondo calculó: “Si se aplica un 20% de aumento para todos los usuarios y luego se le quita el subsidio a un 4% (los casi 500 mil usuarios del AMBA), eso representaría estimativamente un incremento global del 30%. Y si los costos aumentan un 50%, naturalmente el subsidio va a seguir incrementándose”.

¿Qué posibles alternativas podrían aplicarse en una segmentación de subsidios? Cecilia Laclau, presidenta de la Fundación para el Desarrollo Eléctrico (Fundelec), dijo a Chequeado que, “si se va a adoptar un sistema mixto en el que se va a subsidiar a parte de la población y a otra no, me parece que la selección debería ir en virtud de los ingresos y no de los barrios”.

“Habría que entrecruzar datos y definir la asignación de subsidios por ingresos, pero es un método más complejo y eligieron uno más sencillo, pero que en algunos casos puede ser más injusto”, añadió.

Por su parte, Einstoss opinó que “el primer paso de cualquier reconfiguración de tarifas pasa por la tarifa social”. Y agregó: “Hay que implementarla de una forma más amplia e ir a un proceso gradual de reducción de los subsidios para el resto de los usuarios que no accedan a ella”.

Actualización: 24/02/2022: se incorporaron los aumentos en las tarifas de luz y gas aprobados por el Gobierno.