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Qué obligaciones deben cumplir los beneficiarios de un programa social y en qué casos el Estado lo puede suspender o quitar

06 abril, 2022 22:26 pm | Tiempo de lectura: 4 minutos
06 abril, 2022 22:26 pm
| Tiempo de lectura: 4 minutos

Si tenés sólo unos segundos, leé estas líneas:

  • Para el cobro acumulado del 20% de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que mes a mes retiene la ANSES se debe demostrar, todos los años, que cada niño, niña o adolescente a cargo es estudiante regular.
  • Especialistas señalan que faltar algunos días a clases -sin perder la condición de alumno regular- para asistir a marchas no habilitaría legalmente la finalización del derecho a una prestación.
  • El pago del plan Potenciar Trabajo, a su vez, se puede suspender por incumplimientos y/o inasistencias en la contraprestación, y se puede dar de baja a los 6 meses de dicha suspensión. Pero no por ejercer el derecho constitucional a la protesta.

“Hay que sacarles los planes sociales a quienes corten las calles y no cumplan con la ley”. La declaración del jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, fue el último martes uno de los temas del momento en redes sociales y medios de comunicación (ver acá, acá y acá), a propósito del acampe de 2 días que la semana última interrumpió el tránsito en la Avenida 9 de Julio.

“Los chicos [que estuvieron en el último acampe] no estaban en la escuela y el plan dice que los chicos deben estar en la escuela. Así de claro. Que hagan cumplir la ley”, dijo el mandatario porteño, en alusión a la Asignación Universal por Hijo (AUH).

A esta movilización también se refirió el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, quien pidió buscar “otra modalidad de protesta” y días atrás había anunciado la quita del plan Potenciar Trabajo a una persona detenida por haber arrojado piedras al Congreso durante el debate por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “La sociedad argentina los ayuda para que puedan trabajar, no para que atenten contra la vicepresidenta [de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner]”, dijo el funcionario.

¿Qué requisitos deben cumplir aquellas personas beneficiarias de un programa social, como la AUH o el plan Potenciar Trabajo? ¿En qué casos el Estado puede suspender o quitar la prestación? Te lo contamos en esta nota.

¿Se puede quitar la AUH?

El decreto que en 2009 instauró la AUH -y la Ley 24.714obliga a los padres de hijos de entre 5 y 18 años a que, para percibir la asignación, acrediten “la concurrencia de los menores obligatoriamente a establecimientos educativos públicos”, además del cumplimiento de los controles sanitarios y del plan de vacunación obligatorio.

Para el cobro del 20% acumulado de la AUH que la ANSES retiene cada mes se debe demostrar que cada niño, niña o adolescente es estudiante regular -desde la pandemia se acredita con una declaración jurada-.

Francisco Rodriguez, abogado y coordinador del Programa Derechos Sociales de la Niñez de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), dijo a Chequeado que, “si bien las familias están obligadas a asegurar que sus hijos accedan a la educación (por la Ley de Educación Nacional, entre otras leyes), la pérdida de algunos días de clase -sin perder la condición de alumno regular- no habilitaría legalmente la terminación del derecho a una prestación en ningún caso”.

Rodríguez sostuvo que la quita de la AUH sería una “sanción irrazonable y contraria a la protección especial que deben recibir, porque castigaría a niñas, niños y adolescentes -privándolos de su derecho a una prestación social, que es utilizada para fines alimentarios, educativos, de vestimenta- por una acción de la que son responsables sus familias”.

El derecho a acceder a prestaciones sociales

El plan Potenciar Trabajo, creado en 2020, unificó a los programas Hacemos Futuro y Salario Social Complementario y sus beneficiarios deben prestar una contraprestación participando en proyectos socio-productivos, socio-laborales y/o socio-comunitarios, o a través de la terminalidad educativa (finalización de los estudios primarios o secundarios).

En el primer caso, se debe integrar un grupo de trabajo en una Unidad de Gestión en el que se realice alguna de las siguientes actividades: tareas de cuidados, reciclado y servicios ambientales, construcción, infraestructura social y mejoramiento barrial y habitacional, agricultura familiar y producción de alimentos, producción de indumentaria y otras manufacturas, y comercio popular; realizar las actividades durante un promedio de 80 horas mensuales y acreditar el cumplimiento de las actividades.

En el caso de la modalidad terminalidad educativa, el beneficiario deberá acreditar que está estudiando con la presentación en la ANSES del Formulario de Terminalidad Educativa (FOTE), certificado por la autoridad educativa correspondiente. 

El incumplimiento de los compromisos asumidos o la inasistencia frecuente generarán la suspensión del beneficio, que puede ser revertida con una solicitud pasados los 3 meses de la suspensión. “Vencido el plazo total de 6 meses, se dispondrá el egreso del programa”, dice la web oficial.

Consultada sobre la tensión entre la protesta y el cobro de una ayuda social del Estado, la abogada Natalia Volosin, doctora en Derecho por la Universidad de Yale, subrayó que “si cortar una calle es o no un delito, o es o no un ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión, es algo que en la Argentina debe determinarse en cada caso concreto”, ya que “no se puede determinar, a priori, que todo corte de calles es un delito”. “Habrá casos en los cuales efectivamente esto será un delito o un ejercicio abusivo de la libertad de expresión, y otros casos -diría que la mayoría-, en los cuales se trata del ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión”, afirmó.

La especialista sostuvo en diálogo con Chequeado que “no se puede, de manera abstracta, sacar derechos sociales o planes a quienes cortan calles, porque, tal vez, quienes cortan calles, en un caso concreto, que es algo que debe determinar un juez o una jueza, estén ejerciendo un derecho”.

También en diálogo con este medio, el abogado Andrés Gil Domínguez, profesor de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), señaló que “ejercer el derecho constitucional a ‘peticionar ante las autoridades’, el derecho a protesta, y el derecho a la libertad de expresión no puede ser causal para revocar una ayuda del Estado”.

A su vez, Rodríguez, de ACIJ, señaló que “el ejercicio de un derecho constitucional nunca podría traer aparejada una sanción que implica perder la titularidad de un derecho como es el acceso a prestaciones sociales”. 

“De hecho, el plan Potenciar Trabajo, en su Resolución 121/2020 del Ministerio de Desarrollo Social, solamente prevé la posibilidad de quitarle la prestación a una persona que se encuentre prófuga o privada de libertad -en este último caso porque no podría cumplir con sus corresponsabilidades laborales-. Aun en los casos de comisión de delitos, la pérdida de prestaciones sociales no es una de las penas previstas en la norma, y por ende no puede ser aplicada administrativamente”, destacó el experto.

 

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2 Respuestas

Natalia 7 de abril de 2022 a las 5:57 pm

Pareciera que en este país todo es “derechos”. Y las responsabilidades para cuando? Así estamos…

Nadia 8 de abril de 2022 a las 4:56 pm

Basándose en todo lo que dice esta nota, tampoco deberían poder sacarle el beneficio a los que le tiraron piedras al Congreso, y ya lo hicieron. Veo un claro doble discurso y doble vara.

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