La inversión para reducir embarazos no intencionales registra caídas durante la gestión de Cambiemos

Durante una entrevista con el diario La Nación, la vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, Gabriela Michetti, se manifestó en contra del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación, y señaló: “Yo querría que avanzáramos con políticas de prevención [de embarazos no intencionales]”. Lo mismo planteó hoy en una columna el senador Esteban Bullrich (Cambiemos). El Poder Ejecutivo cuenta con varios programas nacionales que apuntan a reducir este tipo de embarazos. ¿Cómo evolucionaron estas iniciativas en términos presupuestarios en la gestión anterior y la actual?

El Congreso creó en 2006 por ley el Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI), que establece que todos los niños y jóvenes que asisten a escuelas públicas y privadas del país tienen el derecho a recibir una educación sexual integral, ya sean “aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos”.

A partir de 2009 el Ministerio de Educación de la Nación comenzó a invertir en cursos virtuales y presenciales, así como produjo y distribuyó materiales educativos, cuyos principales ejes son el ejercicio de los derechos, el respeto por la diversidad, el cuidado del cuerpo (métodos anticonceptivos, entre otros puntos), la equidad de género y la valoración de la afectividad, según explica la misma cartera.

Al analizar la serie de datos oficiales del Ministerio, en 2016 -durante la gestión de Esteban Bullrich como ministro- la inversión en el Programa de ESI se redujo un 65% en términos reales (es decir, teniendo en cuenta la inflación) en relación a 2015. En 2017 se produjo un crecimiento del 25% de la inversión en relación al primer año de gobierno de Mauricio Macri pero los fondos destinados a educación sexual fueron menores en términos reales a los que se distribuyeron durante los últimos años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

En relación a los cursos virtuales de capacitación en ESI para docentes y estudiantes de profesorados, la cantidad de inscriptos en 2016 (6.700) y 2017 (4.450) fue menor a la de 2015 (casi 17 mil). Si se miran los datos de las capacitación presenciales, también se observa una disminución: en 2016 se capacitaron 200 docentes y en 2017, hasta los últimos días de agosto, 1.050 (última cifra disponible). Los dos años anteriores los docentes capacitados habían llegado a 55 mil y 28 mil, respectivamente.

Ante la consulta de Chequeado para esta nota, desde el Ministerio de Educación argumentaron que “aquellas provincias que solicitan capacitaciones presenciales obtienen los fondos necesarios para llevarlas a cabo, mientras que desde el gobierno nacional se brindan cursos virtuales”.

El Presupuesto 2018 contiene una partida específica para el programa de casi $22 millones. “Sin embargo, este presupuesto está destinado únicamente a la capacitación de 2 mil docentes en 10 provincias, no a prevención ni a producción de material”, destaca un informe de análisis presupuestario realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Por esto, y dado que Jefatura de Gabinete puede hacer ampliaciones o reasignaciones presupuestarias, aún no es posible afirmar si se trata o no de una caída respecto de la inversión total que hubo en educación sexual durante 2017.

El segundo de los programas relacionados con políticas de prevención de embarazos no intencionales es el ex Programa Nacional de Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable, hoy Dirección de Salud Sexual y Reproductiva, del Ministerio de Salud de la Nación. Creado por ley en 2003, esta iniciativa oficial apunta a reducir la mortalidad materna, promover la salud sexual de los adolescentes y prevenir los embarazos no intencionales, entre otros puntos.

Para lograrlo, Salud trabaja en tres ejes. “La cartera de salud nacional distribuye insumos anticonceptivos (como preservativos, DIU e implantes subdérmicos) a través de botiquines que son enviados a centros de atención primaria, hospitales o depósitos provinciales. En segundo lugar, se dictan capacitaciones a equipos de salud provinciales para mejorar la consejería en salud sexual y reproductiva, enseñar prácticas médicas (como la colocación de DIU) y realizar actividades de promoción de la salud. Por último, el Ministerio elabora y distribuye materiales, realiza acciones de sensibilización y sistematiza información estadística”, explicó a Chequeado Alejandro Biondi, analista del Programa de Protección Social del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).

Según datos oficiales del Ministerio de Hacienda de la Nación, en 2016 -durante la gestión de Jorge Lemus al frente de la cartera de Salud- la ejecución de este programa cayó un 30% en términos reales con respecto a 2015. En 2017 la tendencia fue la misma que con el Programa ESI: la ejecución real aumentó un 11% pero los fondos que se ejecutaron fueron menores a los de 2015.

Este año, según las cifras oficiales, la cartera que lidera Adolfo Rubinstein aumentó el presupuesto del programa a casi $373 millones y esto significó una suba del 28% en términos reales si se considera una inflación del 30% según el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central. Al tratarse de un año en curso, todavía resta saber cuál será la ejecución total.

El Gobierno nacional anunció a principios de año un Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia que incluye a los dos programas mencionados arriba, además del Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia (PNSIA) -que según los datos oficiales muestra una caída en términos reales en 2016 y 2017-. El plan apunta a garantizar los derechos de acceso gratuito a métodos anticonceptivos, educación sexual integral y asesorías en las escuelas, consejerías en salud sexual y reproductiva, y actividades de promoción comunitarias.

De acuerdo con el último informe del jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, ante el Senado, este plan cuenta con un presupuesto de $182 millones para 2018. Consultado por Chequeado, desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación señalaron que este monto se suma a lo ya presupuestado para este año para los otros programas mencionados y revertiría la tendencia presupuestaria decreciente en este tipo de iniciativas.