Qué se sabe sobre las vacunas vencidas que se encontraron

El Ministerio de Salud de la Nación denunció que encontró alrededor de 4 millones de dosis de vacunas vencidas en un frigorífico de la Ciudad. Junto con la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), el ministro de Salud, Ginés González García, comunicó que se iniciaron “las acciones correspondientes” y los trámites para la destrucción de los insumos vencidos.

Según explicaron, había vacunas Antigripal Adulto, Prevenar 13, Sabin Oral, Antipoliomielítica, Anticólera y DPT-A, entre otras. La mayoría de las dosis eran vacunas antigripales y fueron compradas en 2017, durante el gobierno de Cambiemos, y estaba previsto que fueran destruidas, como informó Chequeado en 2019.

Las 2 millones de vacunas antigripales: una compra excesiva en 2016

Todos los años, el Gobierno nacional estima el número de vacunas necesarias para cubrir a la población en riesgo de gripe, se las encarga al consorcio de laboratorios a cargo de su producción y luego las reparte a las diferentes jurisdicciones para su aplicación. Las vacunas antigripales son específicas para el tipo de gripe de ese año, por lo que cada año se deben desechar las que sobraron y elaborar nuevas.

El número de personas en riesgo no es fijo: las autoridades tienen que hacer una estimación de la cantidad de personas mayores de 65, mujeres embarazadas, niños que tienen entre seis meses y dos años, y otros grupos que lo necesitan, de acuerdo con las recomendaciones oficiales. Por eso, es normal que sobren vacunas, dado que la estimación no es exacta. En 2017, sin embargo, la previsión estuvo muy lejos de lo que realmente se necesitó.

Según la entonces Secretaría de Salud, en 2016 hubo faltantes y esa fue la razón para aumentar la cantidad en 2017. Sin embargo, la explicación del entonces gobierno presenta inconsistencias. Marcos Peña, entonces jefe de Gabinete, desmintió que hubiese faltantes en un informe ante Diputados.

A pesar de lo dicho por Peña, en 2017 se decidió comprar 2,8 millones de dosis más. Pasaron de 7,9 a 10,7 millones. La cantidad de dosis sobrantes fue también mucho mayor: de las 73.500 que no llegaron a utilizar en 2016, se pasó a 2 millones en 2017, 26 veces más, de acuerdo con datos provistos por el organismo tras un pedido de acceso a la información realizado en 2018 por Chequeado. Aunque se distribuyó un mayor número, en 2016 se notificaron 5.9 millones de vacunas aplicadas y en 2017 se notificaron 4 millones. En 2018, el número de dosis adquiridas volvió a bajar, aunque se mantuvo por encima de los niveles de 2016: se compraron 8,8 millones de vacunas.

Adolfo Rubinstein, ministro y secretario de Salud de la última parte del gobierno de Cambiemos, reconoció ante las acusaciones del actual Ministerio que había 2,2 millones de dosis de vacunas antigripales que sobraron de ese momento.

Las otras vacunas

Según informó el Ministerio de Salud, había también 600 mil dosis vencidas de vacunas triple bacterianas que habrían vencido en 2018 -según confirmaron desde la cartera sanitaria a Chequeado– y, según explicó Carla Vizzotti, Secretaria de Acceso a la Salud, “estuvieron 7 meses en la Aduana, no se distribuyó un embarque entero y se venció”.

Sobre esto, Rubinstein señaló en Twitter que “600 mil dosis de DTPa [triple bacteriana] vinieron destruidas, por lo que se procedió a revisar todo el lote. Aquí hubo un error técnico en Aduana por el que no se pudieron cargar en el sistema de monitoreo de insumos (SMIS) y por eso no se registraron para su posterior distribución”.

Además, la SIGEN señaló que había dosis de Prevenar 13, Sabin Oral, Antipoliomielítica y Anticólera.

Había entre las vacunas algunas que habían sido compradas antes de la gestión de Cambiemos. El propio Ministerio admite que había 1.500 dosis que vencieron en 2015 y más de 200 mil que vencieron en 2016, pero habían sido gestionadas por el gobierno anterior.

Según explicó Rubinstein a Chequeado, había en total alrededor de 500 mil dosis de gestiones previas en el depósito que estaban “a punto de vencer o con defectos de calidad al inicio de la gestión de Lemus que fueron compradas en la gestión anterior”. Jorge Lemus fue ministro de Salud de la Nación entre 2015 y 2017. Hasta el momento de publicación de esta nota, el Ministerio de Salud de la Nación, a cargo de González García, no entregó detalles a Chequeado sobre esto. La organización hizo un pedido formal de acceso a la información pública para obtener precisiones.

Por qué no se destruyeron antes

Uno de los puntos que se discute, más allá de las compras excesivas o los problemas de distribución, es por qué se mantuvieron almacenadas durante varios años, lo cual implica un costo para el Estado. “En todos los programas de vacunación se vencen insumos en relación a compras que no se terminan de utilizar”, explicó Vizzotti.

“Cuando una vacuna o cualquier otro biológico cumple su vida útil, se procede a su disposición final de acuerdo a las normativas vigente, para esto hay servicios contratados para el tratamiento y disposición final de residuos peligrosos”, explicó a Chequeado Pablo Bonvheí, jefe de Infectología del CEMIC y ex miembro de la Comisión Nacional de Inmunizaciones.

Y agregó que siempre es necesario contar con un stock: “En el caso de las vacunas necesarias para cubrir brotes epidemiológicos o situaciones estacionales, como sería el caso de la antigripal, es un poco más difícil establecer un cálculo exacto en la planificación cuando se va a adquirir, y siempre se debe contar con un stock crítico que esté disponible en forma oportuna en caso de necesidad. Más allá de las vacunas estacionales como la antigripal, para todas las vacunas es necesario contar con un stock crítico de seguridad para eventuales retrasos en la provisión por partes de los proveedores, además de situaciones epidemiológicas inesperadas”.

Según Vizzotti, “la pregunta es cómo en 4 años no se destruyeron biológicos y se almacenaron en un lugar en el que se pagaba”.

Según explicó Rubenstein a Chequeado, la razón de la demora fue un problema con la licitación de la empresa que iba a destruirlas. “Para la destrucción hay que tener la autorización de SIGEN, de Medioambiente y después hacer la licitación pública de la empresa y la orden de compra, que ya estaba en mayo de 2019 pero la empresa seleccionada pidió reajuste de precios por la devaluación y eso demoró el trámite y vino el cambio de gobierno”, explicó el ex funcionario.