#QuéFueDe La adecuación del Grupo Clarín a la ley de medios audiovisuales

Desde el debate y sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) un punto importante de conflicto fue la fecha y la forma en que el principal actor de medios audiovisuales de la Argentina, el Grupo Clarín, se ajustaría a los nuevos límites legales de concentración y multiplicidad de licencias. En qué se avanzó y cuál es el estado del proceso por el que Clarín se dividiría en seis unidades diferentes.

De cómo se llegó a la adecuación de oficio

El 4 de noviembre de 2013 el Grupo Clarín presentó su propuesta de adecuación voluntaria a la LSCA, a días del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que declaró constitucionales los cuatro artículos discutidos desde la sanción de la norma en 2009. La propuesta implicaba el reparto de los medios audiovisuales del Grupo en seis unidades diferentes y sin vinculación.

La Unidad 1 quedaría integrada por Artear S.A. (canal 13 de la ciudad de Buenos Aires, TN, y participación en canal 12 de la ciudad de Córdoba y canal 6 de Bariloche), Radio Mitre S.A. (con dos AM y tres FM), y 24 licencias de cable. La Unidad 2, continuadora de Cablevisión, quedaría con otras 24 licencias de cable. La Unidad 3, con 18 licencias de cable y una de televisión por suscripción por vínculo radioeléctrico. La Unidad 4, con los canales del Grupo, como Magazine y Volver. La Unidad 5, con cuatro radios FM. La Unidad 6, con canal 7 de Bahía Blanca y canal 9 de Mendoza.

En febrero de 2014 ese plan fue declarado formalmente admisible por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual  (AFSCA), pero a principios de octubre último el director del organismo y ahora candidato a vicegobernador bonaerense por el Frente para la Victoria (FpV), Martín Sabbatella, brindó una conferencia de prensa en la que señaló que existían vínculos entre los controlantes propuestos para las unidades 1 y 2, y que en la venta de los canales se incluían condiciones que permitían pensar que en realidad no se transfería la propiedad, como la reserva de la producción de los contenidos y la opción de compra preferente por varios años.

Con estos argumentos, Sabbatella impulsó el fin del proceso voluntario y el inicio de la adecuación forzosa, que el directorio aprobó por cinco votos a favor, mientras los dos representantes de la oposición se abstuvieron. Dicho proceso implica que la AFSCA convoca a una tasación de las licencias y señales del Grupo, y las asigna por concurso público a quien decida en base a estos valores.

Desde Clarín rechazaron las acusaciones: respondieron que la propuesta no presentaba vínculos cruzados, que en las sociedades citadas por la AFSCA “aparecen abogados de distintos estudios jurídicos que asesoran a cientos de clientes” y que los contratos de venta de los canales poseen cláusulas que “son absolutamente transparentes y naturales” para ese tipo de operaciones.

Martín Etchevers, gerente de Comunicaciones de Clarín, mencionó a Chequeado que, hasta la resolución, el Grupo había hecho “que sus accionistas aprobaran la propuesta de adecuación declarada admisible, iniciado los procesos de escisión comprometidos, tramitado las autorizaciones administrativas correspondientes (en la Comisión Nacional de Valores y Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, entre otros), y buscado a los interesados en adquirir las unidades”.

El estado actual

Unas semanas después de la resolución de la AFSCA y por solicitud de Clarín, el juez del fuero Civil y Comercial Federal Horacio Alfonso (que en diciembre de 2012 había declarado constitucional la LSCA) dictó una medida cautelar interina suspendiendo la adecuación de oficio, y en diciembre de ese año estableció a través de un fallo que la cautelar tendría una duración de seis meses. La cuestión de fondo es la constitucionalidad o no de la reglamentación del procedimiento de adecuación.

Entre los argumentos del juez Alfonso para dictar la cautelar figuran: a) “aparentes deficiencias en el proceso de análisis, deliberación y consiguiente proceso de conformación de la voluntad” del Directorio de la AFSCA al momento de la votación; y b) la falta de “márgenes razonables de vinculación y proporcionalidad” en la medida. “El juez decidió suspender la adecuación de oficio por arbitraria y por vulnerar el derecho de defensa”, sostuvo Etchevers.

El director nacional de Imagen y Comunicación de la AFSCA, Fernando Torrillate, señaló a este medio que el organismo sostuvo: a) “que el Poder Judicial no debe entrometerse en la forma y el tiempo de debate de un órgano de la administración pública”, y que los directores que se abstuvieron de votar “en ningún momento solicitaron un cuarto intermedio para estudiar mejor el tema”; y b) “que jamás podría ser desproporcional la decisión de pasar a adecuación de oficio a un licenciatario que desde hace casi seis años intenta evadir la ley”.

La AFSCA apeló la medida cautelar, pero en febrero de 2015 la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal ratificó el fallo. El organismo que lidera Sabbatella presentó un recurso extraordinario ante el máximo tribunal y la causa aún está en estudio de la Corte.

“Más allá de los recursos contra la medida cautelar, en estos días la AFSCA tiene que contestar la demanda del Grupo Clarín para que comience el trámite de fondo de la causa”, informó Torrillate.

En julio último, además, Alfonso extendió por otros seis meses la suspensión de la adecuación de oficio. La AFSCA volvió a discutir esta decisión, algo que todavía no fue resuelto por la Cámara de Apelaciones. Con la situación actual, la medida cautelar vencería el 16 de enero de 2016, cuando hayan pasado las elecciones y la Argentina tenga un nuevo Presidente.