Uno por uno, qué dicen los 5 proyectos de ley que aprobó el Senado y que el gobierno de Javier Milei confirmó que vetará

El último jueves, el Senado convirtió en ley 3 proyectos: el aumento para las jubilaciones, la restitución de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. Además, los bloques de la oposición rechazaron el veto presidencial a la declaración de emergencia en Bahía Blanca.

En la misma jornada, la Cámara alta dio media sanción a 2 proyectos legislativos impulsados por los gobernadores que están directamente relacionados con los fondos que la Nación le transfiere a las provincias: un proyecto establece modificaciones sobre el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y, el otro, sobre fideicomisos que son financiados con el impuesto a los combustibles.

Tras la sesión, el presidente Javier Milei (La Libertad Avanza) anticipó que vetará las iniciativas y señaló que si el Congreso insiste con los proyectos podría judicializar la sesión. El mandatario aseguró que tomará esa medida porque las leyes aprobadas “atentan contra el equilibrio fiscal”. 

En esta nota, un repaso por los 5 proyectos legislativos que pasaron por el Congreso el último 10 de julio.

1. Aumento de las jubilaciones

Con 52 votos afirmativos, 4 abstenciones y sin votos negativos, el Senado convirtió en ley el proyecto que propone un incremento excepcional y de emergencia para las jubilaciones y pensiones.

La iniciativa implica un aumento para todas las jubilaciones y pensiones del 7,2% -excepto los regímenes especiales- y un incremento para el bono, que pasaría de $ 70 mil a $ 110 mil y se actualizaría por inflación.

Si la ley ya estuviera vigente, quienes perciben la jubilación mínima hubieran recibido en julio $ 441.600, frente a los $379.355 que cobraron. La diferencia sería de $ 62.273, un 16,4%. En ambos casos, el cálculo parte del haber de junio y suma un aumento del 1,5%, correspondiente a la inflación de mayo informada por el INDEC, de acuerdo con la actual movilidad jubilatoria. A esto se le suma el 7,2% propuesto en el proyecto de ley y un bono de $ 110 mil.

En tanto, un estudio de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) de mayo último determinó que, en caso de aprobarse, el aumento del bono extraordinario para los jubilados que cobran la mínima le costaría al Gobierno unos $ 1,5 billones extra, lo que representa un costo estimado anual del 0,3% del PBI.

2. Moratoria previsional

La segunda iniciativa -aprobada por el Senado con 39 votos afirmativos, 14 negativos y 1 abstención- dispone la extensión por 2 años de la moratoria previsional, que perdió vigencia el 23 de marzo de 2025.

Esta norma permitía a quienes alcanzaban la edad jubilatoria, pero no cumplían con los 30 años de aportes requeridos, regularizar su situación y acceder a un haber previsional. Fue sancionada en 2023 durante el gobierno de Alberto Fernández y tenía un período de vigencia de 2 años con posibilidad de prórroga, pero la actual gestión de Javier Milei optó por no extenderla.

Con el fin de la moratoria previsional, las personas que no cumplen con los 30 años de aportes requeridos tienen derecho a acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que representa el 80% de la jubilación mínima.

Si la ley es promulgada por el Poder Ejecutivo, unas 220 mil personas podrían jubilarse, de acuerdo con una estimación de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Esto tendría un impacto presupuestario del 0,08% del PBI.

3. Emergencia en discapacidad

El Senado aprobó por unanimidad la Ley de Emergencia en Discapacidad con 56 votos afirmativos, 0 negativos y 0 abstenciones. El proyecto, presentado por el diputado Daniel Arroyo (Unión por la Patria) y otros legisladores, busca declarar la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027.

Propone regularizar pagos, actualizar aranceles para los prestadores de servicios, reformar el sistema de pensiones no contributivas, reforzar la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y cumplir con el cupo laboral para personas con discapacidad.

La ANDIS, a cargo de Diego Spagnuolo, manifestó su rechazo al proyecto y lo definió como una “iniciativa regresiva que apela a un modelo asistencialista ya superado”. Según la Agencia, la propuesta “desatiende los estándares internacionales y posterga la verdadera inclusión”.

Por su parte, organizaciones no gubernamentales denunciaron recortes en pensiones y servicios y exigieron la aprobación de la ley para garantizar los derechos de las personas con discapacidad durante una marcha en el Congreso el pasado 29 de mayo, de la que participaron prestadores, personas con discapacidad, familiares, trabajadores de la salud y asociaciones como TEActiva y Discas en Lucha, entre otras.

4. Coparticipación de los ATN

Además de convertir en ley el aumento a las jubilaciones, la nueva moratoria previsional y la emergencia en discapacidad, este jueves el Senado dio media sanción a un proyecto impulsado por los gobernadores que establece modificaciones sobre el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

El Fondo de ATN a las provincias está contemplado en la Ley de Coparticipación Federal para atender “situaciones de emergencia y desequilibrios financieros” de los gobiernos provinciales. La norma dispone que, del total de impuestos coparticipables, el 42,34% se los queda el Gobierno nacional, el 56,66% se reparte entre las provincias de forma automática y el 1% restante se reserva para los ATN.

A los ATN se los denomina transferencias no automáticas o “discrecionales”, dado que pueden ser repartidos según la voluntad del Ejecutivo nacional, pero sin seguir ningún criterio ni prioridad establecido de antemano.

La nueva iniciativa presentada incorpora un artículo a la Ley 11.672 (Ley Permanente de Presupuesto), en el que se establece que el Fondo de ATN se debe coparticipar de forma automática y diaria, como el resto de los fondos, y que “los recursos que la compongan serán considerados a cualquier efecto como integrantes de la masa de fondos coparticipable”.

Según consta en el último informe presentado por la Jefatura de Gabinete al Congreso, en lo que va de 2025 la Nación ya transfirió $ 84 mil millones a las provincias en concepto de ATN. Es casi un 70% más que lo transferido en todo 2024. Como ocurría en gobiernos anteriores, estos fueron girados de forma discrecional.

5. Impuesto a los combustibles

El segundo proyecto promovido por los gobernadores y que ya cuenta con media sanción del Senado dispone la eliminación de 6 fideicomisos y fondos nacionales.

Son los fideicomisos de Infraestructura Hídrica, de Infraestructura de Transporte y de Sistema Vial Integrado, y los siguientes fondos: el Compensador del Transporte, el de Desarrollo Eléctrico del Interior y el de Vivienda. La propuesta dispone que el presupuesto asignado a esos fondos sea coparticipado a las provincias de la misma manera que los ATN.

“Los mencionados fideicomisos y fondos nacionales son financiados en forma total o parcial a través del producido del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), mediante asignaciones porcentuales específicas para cada uno de ellos”, se explica en los fundamentos del proyecto.

Y agrega: “Este mecanismo de distribución, utilizado para financiar problemáticas específicas de algún sector o actividad económica, es difícil de justificar en el actual contexto fiscal, donde la crisis de ingresos fiscales obliga a focalizar el uso de la totalidad de recursos en atender las responsabilidades indelegables de las provincias (educación, salud, seguridad y justicia), más las recientemente transferidas”.

En consecuencia, el proyecto también modifica los coeficientes de distribución del resultado del ICL. Según la ley vigente, sólo el 10,4% va a las provincias. La propuesta lo eleva al 57,02%, pese a que también eleva la participación del Tesoro nacional, aunque en menor proporción (pasa de 10,4% a 14,29%).

Por último, la propuesta dispone que del total correspondiente a las provincias se debe repartir un 25% en partes iguales entre los 24 distritos, y el 75% restante en base a los coeficientes fijados en la Ley de Coparticipación.