Aportantes que no cierran: conocé las investigaciones judiciales por la campaña de Cambiemos en 2017 y qué pasó con el financiamiento de 2015

La Justicia federal investiga en dos expedientes los informes financieros de campaña de Cambiemos en las elecciones legislativas de 2017 en la Provincia de Buenos Aires. Estas causas surgieron luego de una investigación periodística del sitio El Destape que reveló que más de 500 personas que viven en villas del conurbano y reciben planes sociales y cerca de 350 monotributistas sociales figuran como aportantes de campaña de las listas que encabezaron Graciela Ocaña y Esteban Bullrich como candidatos a diputados y senadores nacionales, respectivamente. Muchas de estas personas niegan haber hecho aportes a la campaña. ¿Qué se investiga en los expedientes?

Tras la publicación de la nota, el fiscal federal con competencia electoral porteña Jorge Di Lello inició una investigación preliminar por presunta violación a la Ley de Financiamiento Electoral, aunque todavía no es un expediente formal porque no hizo requerimiento. Hace algunas semanas Di Lello tomó declaración testimonial al periodista Juan Amorín, autor de la investigación, y solicitó información a distintos organismos públicos para que informaran cuál es la situación socioeconómica de las personas que figuran en el listado.

Los dos causas en trámite por los informes financieros tramitan en la Ciudad de Buenos Aires y en La Plata. La primera fue presentada por la fundación La Alameda, que preside Gustavo Vera, en la Justicia federal porteña y se investiga el delito de falsedad ideológica de documento público (es decir, cuando se introducen datos falsos en un documento) de los informes financieros de campaña del partido de gobierno. Tramita en el Juzgado federal a cargo de Sebastián Casanello, quien la semana última citó a 50 testigos que figuran como aportantes para confirmar si efectivamente donaron dinero a la campaña de Cambiemos en la Provincia de Buenos Aires. La segunda fue presentada por la senadora provincial de Unidad Ciudadana Teresa García, quien denunció las supuestas irregularidades detectadas por El Destape ante la Justicia federal de La Plata. El caso quedó a cargo del Juzgado Federal N° 3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak.

El financiamiento de la campaña presidencial de 2015 también registró irregularidades en la alianza Cambiemos. Según una investigación periodística de Chequeado, en esa elección Macri recibió para su campaña $3 millones de contratistas del Gobierno de la Ciudad a través de integrantes de esas compañías. La ley de financiamiento prohíbe que empresas concesionarias de gobiernos aporten a candidatos. Además, si se suman los aportes de gerentes de empresas sin vínculos con el Estado, que habrían aportado a nombre de las compañías (algo prohibido por ley dentro de la campaña), la cifra alcanza los $5 millones.

En 2016, los informes financieros de todos los partidos fueron analizados por la jueza electoral porteña María Servini de Cubría, que el año último no aprobó los balances presentados por las agrupaciones Cambiemos, Frente para la Victoria, Frente UNA y Compromiso Federal, que entre los cuatro concentraron más del 90% de los votos. Los partidos apelaron y es la Cámara Nacional Electoral la que definirá este año la validez de estos informes. En caso de no ser aprobados, la ley prevé que estas agrupaciones no reciban fondos públicos para la campaña presidencial de 2019.

Los informes financieros de las alianzas políticas dan cuenta de lo que se ha dado en llamar la parte “en blanco” de las campañas electorales. La contracara de este proceso es otro fenómeno, que jamás llega a los registros públicos y que según los especialistas mueve mucho -muchísimo- más dinero, como se explica en esta investigación.