El Poder Judicial obligó al Congreso a brindar datos sobre el manejo de sus recursos

La Justicia obligó al Congreso a brindar información. Fue en dos fallos (el último dictado el 21 de junio de 2016), donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) rechazó dos recursos presentados por la Cámara de Diputados y el Senado luego de que un grupo de organizaciones de la sociedad civil solicitaran basándose en la Constitución Nacional y en la ley nacional de ética pública datos sobre el manejo de sus recursos.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Fundación Directorio Legislativo y la Fundación Poder Ciudadano habían presentado en 2014 pedidos de acceso sobre los recursos financieros que recibe cada bloque de cada Cámara, el listado de empleados de cada institución, la escala de dietas y remuneraciones de los senadores, las becas y subsidios que otorgan los diputados, una nómina de los diputados que cobran desarraigo, y la publicación de las resoluciones administrativas de la Cámara baja. Ninguno de estos pedidos fue respondido en estos años cuando, según el decreto, la respuesta debía llegar en un plazo máximo de veinte días hábiles.

Citando varios precedentes, entre ellos el caso Cippec, donde se ordenó al Estado nacional que haga pública información sobre los planes sociales que administra, la Justicia ratificó el derecho de libre acceso a la información pública cuando el Senado debatirá la media sanción de una ley sobre el tema, y obligó por primera vez al Poder Legislativo no solo a responder pedidos de los ciudadanos sino también a publicar datos sin necesidad de nuevas solicitudes en forma proactiva.

 

Corrección 29/06: este hilando fino señalaba originalmente que las organizaciones de la sociedad civil se habían amparado en el Decreto Nº 1172/03 para hacer sus pedidos de acceso. Esto ya fue corregido.