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Impuesto a la riqueza: a cuántos alcanzaría el aporte extraordinario

La Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley para crear un “aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia” a pagar por las personas humanas que tienen declaradas más de $ 200 millones.

Las alicuotas, que serían progresivas y van desde el 2% hasta el 3,5% para los bienes declarados en el país, son un 50% más para los bienes declarados en el exterior (es decir, van desde 3% al 5,25%). Inicialmente el proyecto marcaba que sería sobre los bienes declarados a fines de 2019, pero el dictamen firmado en comisión aclara que sería sobre los bienes “existentes a la fecha de entrada en vigencia” de la ley.

La Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) estimó en un informe presentado al Congreso que, según las declaraciones de fines de 2019, las personas alcanzadas serían alrededor de 9.298: 7.438 contribuyentes que declararon bienes por más de $ 200 millones y otros 1.860 contribuyentes que no presentaron su declaración jurada, pero al actualizar sus patrimonios informados en años anteriores se estima que estarían alcanzados.

La recaudación, en esta línea, podría alcanzar los $ 308 mil millones: un 88% sería de las declaraciones juradas ya entregadas y el 12% restante correspondería a los 1.860 contribuyentes que podrían estar alcanzados por este impuesto. En total, estos $ 308 mil millones equivalen al 1,1% del Producto Bruto Interno (PBI) de este año.

Estos datos son según las declaraciones de fines de 2019, por lo que esta estimación oficial no especifica cuántas personas estarían alcanzadas o cómo sería la recaudación actualmente, teniendo en cuenta la inflación pero también el impacto negativo de la crisis económica y la pandemia.

La titular de la AFIP, Mercedes Marcó Del Pont, explicó en la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el Senado que -según las últimas estimaciones oficiales- este aporte alcanzaría a 11.865 personas.

Por tratarse de datos impositivos, la AFIP es el organismo que mejores datos tiene, según destaca un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), una dependencia legislativa que tiene entre sus funciones analizar las estimaciones del proyecto y que está dirigida por Marcos Makón -ex subsecretario de Presupuesto en la Presidencia de Carlos Menem y ex ministro de Desarrollo Social y Medio Ambiente en la Presidencia de Fernando de la Rúa-.

Por esto mismo, basándose en la estimación de la AFIP, la OPC sostuvo que casi la mitad de la recaudación de este impuesto a la riqueza ($ 154 mil millones) se le cobraría a 253 personas, cuyos patrimonios declarados superan los $ 3 mil millones.

Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), dirigido por el economista Nadin Argañaraz -ex subsecretario de Desarrollo en el Ministerio de Hacienda de la Nación entre 2016 y 2017, durante la gestión de Mauricio Macri- destaca que “este aporte solidario se solapa con el impuesto a los bienes personales” y sostiene que no pueden descontarse los pasivos (las deudas), por lo que “no son impuestos al patrimonio sino a los activos”.

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Actualización 26/11/2020: esta nota fue actualizada luego de la nueva estimación brindada por la AFIP.

Fecha de publicación original: 20/10/2020

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Comentarios

  • Emiliano Storani19 de noviembre de 2020 a las 9:00 amEl mismo Nadin Argañaraz al que le encontraron más de U$S 300.000 en efectivo y sin declarar junto a facturas apócrifas y participó de una asociación ilícita para el lavado de activos, evasión tributaria, violación del régimen cambiario, y otras yerbas?...
  • franco mazzarella19 de noviembre de 2020 a las 10:58 amMuy interesante la nota. Se aclaro si esto es por una sola vez???
  • alejandro20 de noviembre de 2020 a las 1:54 pmHay o no hay otros paises que hayan o esten cobrando un impuesto como este?
  • MAURICIO C:23 de noviembre de 2020 a las 3:19 pmEstaría muy bueno si se pudiera comparar la cantidad de dinero que posiblemente recaude este nuevo impuesto con algunos otros temas que fueron y son propuestos como por ejemplo: Uso de la boleta única electoral. Reducción voluntaria de los sueldos de todo el arco estatal y político de un 30% mientras dure la emergencia sanitaria y alimentaria. Completo control de la producción minera por ONGs independientes y la aplicación de la misma tasa de retención a la minería y el agro.

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