Nicaragua: qué dice la resolución que la Argentina no votó, por qué trajo a su embajador en Managua y qué hizo ante la condena de la ONU

El 15 de junio último, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se reunió de manera urgente para tratar la situación política de Nicaragua y emitir un pronunciamiento, que fue apoyado por 26 de los 34 países miembro y rechazado por 3 de ellos, con 5 abstenciones; entre ellas, la de la Argentina.

La Resolución N° 1175/2021 aprobada por la OEA contiene 4 puntos concisos.

• Expresar su grave preocupación por el hecho de que el gobierno de Nicaragua no haya implementado, a partir de mayo de 2021, reformas electorales acordes con las normas internacionales aplicables, a fin de garantizar que las elecciones previstas para noviembre de 2021 sean libres y justas.
• Condenar inequívocamente el arresto, acoso y restricciones arbitrarias impuestas a los precandidatos presidenciales, a los partidos políticos y a los medios de comunicación independientes, y pedir la inmediata liberación de los precandidatos presidenciales y de todos los presos políticos.
• Instar enérgicamente al gobierno de Nicaragua a que, sin demora, implemente medidas legislativas y de otro tipo que sean acordes con las normas internacionales aplicables a fin de promover unas elecciones transparentes, libres y justas en noviembre, incluido el buen recibimiento de observadores electorales de la OEA y de otros países.
• Continuar monitoreando el proceso electoral en Nicaragua, para su consideración y posible presentación ante la Asamblea General.

En el discurso que pronunció durante la sesión extraordinaria virtual de la OEA, el presidente de la institución, Luis Almagro, agregó que “resulta absolutamente necesario el cese de las violaciones a los derechos humanos, el fin del hostigamiento, la liberación de los presos políticos y garantizar los mecanismos de verdad, justicia, reparación y no repetición”.

Almagro, ex canciller de Uruguay entre 2010 y 2015, durante la presidencia de José Mujica (Frente Amplio), sostuvo que “la situación es más preocupante”, porque a su criterio “no se cumplen con los mínimos estándares democráticos necesarios para garantizar elecciones libres, limpias, transparentes y justas”. Y agregó: “La concentración del poder absoluto en el Ejecutivo y en el oficialismo se han acentuado cada vez más, así como al sometimiento al mismo de los demás poderes del Estado”.

Cómo fueron los votos y qué hizo la Argentina después

Nicaragua, Bolivia y San Vicente y las Granadinas son los 3 países que votaron en contra de la resolución de la OEA contra Nicaragua, y se abstuvieron de pronunciarse México, Argentina, Belice, República Dominicana y Honduras.

Ese mismo día, la Argentina y México explicaron su postura en un comunicado conjunto, argumentando que con la resolución de la OEA se dejaba “de lado el principio de no intervención en asuntos internos”.

De todas maneras, 6 días después de la reunión del Consejo Permanente de la OEA, la Argentina y México dispusieron el traslado de sus embajadores en Managua a Buenos Aires y la Ciudad de México, respectivamente, “con el objetivo de realizar consultas sobre las preocupantes acciones políticas-legales realizadas por el gobierno nicaragüense en los últimos días que han puesto en riesgo la integridad y libertad de diversas figuras de la oposición (incluidos precandidatos presidenciales), activistas y empresarios nicaragüenses”.

Sin embargo, el martes último, según reportaron agencias internacionales de noticias, la Argentina no firmó una declaración surgida de la última reunión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, en la que se condena a la violación a los derechos humanos en Nicaragua y se insta a la celebración de elecciones libres y a la “liberación inmediata” de los opositores detenidos.

La declaración fue suscripta por 59 países, entre los cuales no figuran la Argentina ni México. Hasta el momento de la publicación de esta nota, la declaración todavía no había sido cargada en la web oficial del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU.

El mismo martes, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, había denunciado ante dicho Consejo el deterioro de la situación en Nicaragua, que, según la ex presidenta de Chile, imposibilita que los nicaragüenses puedan elegir libremente a sus autoridades durante los comicios de noviembre.

También la ONG Human Rights Watch denunció “la creciente campaña de violencia y represión contra miembros de la oposición y la sociedad civil que lleva a cabo el gobierno de Daniel Ortega”, lo que “requiere aumentar el rol que juega las Naciones Unidas respecto a la crisis en Nicaragua.

Nicaragua, un país centroamericano de 6,5 millones de habitantes, es gobernado desde 2007 por Daniel Ortega (Frente Sandinista de Liberación Nacional), quien ya había sido presidente de dicho país entre 1985 y 1990.