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Qué es un proceso preventivo de crisis y cuántas empresas lo pidieron en los últimos años

Wikimedia | Cc: Ffiless

22 Febrero, 2019 | Tiempo de lectura: 1 minuto

La empresa Coca Cola-Femsa, una de las embotelladoras de la bebida en el país, solicitó al Gobierno entrar en un proceso preventivo de crisis para una de sus plantas. Lo mismo sucedió días atrás con la editorial Atlántida, la aerolínea Avianca y la fabricante de neumáticos FATE. Pero, ¿qué significa y para qué sirve este procedimiento?

Este proceso, que debe ser concedido por el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, otorga una serie de beneficios a la empresa (a pedido de la propia compañía o del sindicato) al alegar que se encuentra en una crisis, como por ejemplo a la hora de pagar indemnizaciones –desembolsar hasta el 50% del monto– y realizar suspensiones.

En los primeros dos meses de 2019 los pedidos de estos procesos fueron 21, según confirmaron a Chequeado desde el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación. En 2018 hubo 146 pedidos, según añadieron desde la cartera. Esto significa que el año pasado tuvo el mayor número de pedidos desde el 2003, cuando llegó a 379, según datos publicados por La Nación en base a datos oficiales.

Según informa un documento oficial, este procedimiento preventivo de crisis deberá tramitarse antes de comunicar despidos o suspensiones “por razones de fuerza mayor, causas económicas o tecnológicas”. La ley sostiene que la empresa deberá presentar los “elementos económico financieros probatorios tendientes a acreditar la situación de crisis”.

El año último Carrefour pidió entrar a este proceso, como se explicó en esta nota. En su momento, la cadena francesa de supermercados comunicó oficialmente que en los últimos tres años habría tenido pérdidas en el país.

Además, la norma explica que “el inicio del procedimiento preventivo de crisis no habilita por sí la procedencia de despidos ni la aplicación de la indemnización reducida”, sino que es negociado con los trabajadores y el Gobierno debe homologarlo, aunque después puede ser judicializado. La duración del proceso puede variar según cada caso. Según explicaron desde el Ministerio, de los 146 pedidos de 2018, 107 de ellos aún se encuentran en trámite y en 14 casos los pedidos fueron desistidos o no se alcanzó un acuerdo entre la empresa y el sindicato.

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