Salud mental y Sedronar: cuánto presupuesto se destina y qué indica la ley

En las últimas horas, al menos 20 personas murieron luego de consumir cocaína adulterada en la Provincia de Buenos Aires y más de 80 personas se encuentran internadas debido a la intoxicación. Ante el incidente, que aún continúa en investigación, desde el Ministerio de Salud bonaerense se emitió un “alerta epidemiológica”.

Este hecho vuelve a realzar en la agenda la cuestión de las adicciones y la salud mental. ¿Cuál es el presupuesto del Estado nacional para abordar políticas en este área?

Si se pone el foco en la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (ex Sedronar), a cargo de la secretaria Gabriela Torres, en 2021 se ejecutó casi el 97% de lo comprometido, según datos del Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía de la Nación. Originalmente se destinaron $ 3.155,13 millones, se amplió el crédito a $ 4.718,69 millones y se ejecutaron $ 4.569,86 millones.

La Sedronar depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y es uno de los ítems del presupuesto que se mira para analizar la inversión del Estado nacional en Salud Mental.

Existen otros ítems que sirven para analizar el presupuesto nacional en salud mental. Los hospitales Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca y el hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones “Licenciada Laura Bonaparte”, los 2 hospitales monovalentes en salud mental que dependen de la jurisdicción nacional, presentan una ejecución del 92,27% y 98,57%, respectivamente, según datos del Presupuesto Abierto.

Por el contrario, la actividad “Apoyo y Promoción de la Salud Mental” del programa “Prevención y Tratamiento de Patologías Específicas”, quedó subejecutada al 71% en 2021.

Si se analizan en conjunto y sobre lo que dice la ley, los números no cumplen con lo esperado. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) señala que, según la ley de 2010, el Estado nacional debe destinar, como mínimo, el 10% del gasto total de salud al área de salud mental, pero el presupuesto vigente -que incluye a la Sedronar, junto a la actividad de Apoyo y Promoción de la Salud Mental del Ministerio de Salud de la Nación y los fondos de 2 hospitales nacionales- bajó al 1,27% en 2021, el número más bajo del análisis desde el 2012, según datos brindados por ACIJ.

La Ley Nacional de Salud Mental, sancionada en 2010, durante el primer gobierno de la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, aborda, entre otras cuestiones, a las adicciones “como parte integrante de las políticas de salud mental”. Además, prevé la inclusión social de los pacientes a través de instituciones dentro de la comunidad, el respeto por los derechos humanos y la sustitución de las instituciones psiquiátricas monovalentes -de una sola especialidad (psiquiatría) y que funcionan como institución de encierro-.

En esa línea, la norma prohíbe la creación de nuevos hospitales psiquiátricos públicos y privados y, además, limita las internaciones: las personas no pueden ser internadas contra su voluntad, salvo en caso de que exista riesgo cierto o inminente para sí o para terceros, y solo mientras tal situación subsista. En ese caso, se debe designar a un abogado.

Según pusieron en evidencia distintas organizaciones civiles, como la ACIJ y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la implementación de la norma cuenta con otros varios incumplimientos, como la continuación de la existencia de los manicomios -en 2020 se cumplió la fecha límite dispuesta para su cierre-, la insuficiente atención de la salud mental en la Atención Primaria de la Salud y la carencia de la formación necesaria -entre el personal de la salud en general y trabajadores de la justicia- para implementar la ley.