Ley de Salud Mental: qué dice y qué pasa en la realidad

Luego del hecho que tuvo como protagonista a Santiago “Chano” Charpentier, ex cantante de la banda “Tan Biónica”, por recibir un disparo en el abdomen después de intentar atacar a un policía en su casa de Exaltación de la Cruz, su madre, Marina, habló con los medios y dijo: “Sólo pido que hagan algo con la Ley de Salud Mental porque la adicción es una enfermedad y nadie nos da respuesta”. ¿Qué establece esta norma, por qué es importante y cuántos recursos se destinan a su aplicación?

La Ley Nacional de Salud Mental, sancionada en 2010, durante el primer gobierno de la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, prevé, entre otras cuestiones, la inclusión social de los pacientes a través de instituciones dentro de la comunidad, el respeto por los derechos humanos y la sustitución de las instituciones psiquiátricas monovalentes -de una sola especialidad (psiquiatría) y que funcionan como institución de encierro-.

En esa línea, la norma prohíbe la creación de nuevos hospitales psiquiátricos públicos y privados y, además, limita las internaciones: las personas no pueden ser internadas contra su voluntad, salvo en caso de que exista riesgo cierto o inminente para sí o para terceros, y solo mientras tal situación subsista. En ese caso, se debe designar a un abogado.

Según pusieron en evidencia distintas organizaciones civiles, como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la implementación de la norma cuenta con varios incumplimientos, como la continuación de la existencia de los manicomios -en 2020 se cumplió la fecha límite dispuesta para su cierre-, la insuficiente atención de la salud mental en la Atención Primaria de la Salud y la carencia de la formación necesaria -entre el personal de la salud en general y trabajadores de la justicia- para implementar la ley.

Según el Primer Censo Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental (2019), aún existen 162 instituciones monovalentes públicas y privadas en todo el país, y hay 12 mil personas internadas en ellas, con un promedio de tiempo de internación de 8,2 años.

Las organizaciones denuncian que el sistema de salud mental argentino continúa siendo hospitalo-céntrico y no tuvo cambios de fondo desde la sanción de la ley. “Tampoco han logrado el cese de las múltiples formas de violencia y discriminación que enfrentan las personas institucionalizadas por motivos de salud mental en nuestro país”, sostuvo la ACIJ en un documento de reflexión a 10 años de la sanción de la norma.

A nivel presupuestario, el Gobierno también incurre en incumplimientos. En otro análisis, la ACIJ señala que, según la ley de 2010, el Estado nacional debe destinar el 10% del gasto total de salud al área de salud mental, pero el presupuesto -que incluye la actividad de Apoyo y Promoción de la Salud Mental del Ministerio de Salud de la Nación, los fondos de 2 hospitales nacionales y de la Sedronar- bajó al 1,5% en 2021, luego de haber mostrado un comportamiento dispar entre 2017 y 2020, durante la gestión de Mauricio Macri (Cambiemos) y de Alberto Fernández (Frente de Todos).

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