Sin perspectiva de género en el Presupuesto nacional

La práctica de implementar una perspectiva de género en los procesos de elaboración y ejecución de los presupuestos es cada vez más común en el mundo. “El objetivo final es garantizar que se tengan en cuenta en todo el proceso los impactos diferenciados que los distintos gastos previstos tienen sobre las mujeres, y que puedan pensarse métodos de evaluación que permitan dilucidar si estos están contribuyendo a avanzar en el camino de la igualdad de género o por el contrario, implican un retroceso”, señalan las economistas Magali Brossi y Violeta Guitart en una nota en Economía Femini(s)ta.

En la misma línea, la revista inglesa The Economist explica que esta es una manera de promover la igualdad a través de la política fiscal, al considerar que el impacto de una medida puede tener efectos diferentes entre hombres y mujeres. Por ejemplo, cortar programas sociales tiende a tener mayor impacto sobre la mujeres, que en términos generales ganan menos y es más probable que tengan familias uniparentales.

En la Argentina, sin embargo, “no existe ningún tipo de protocolo que advierta acerca de la necesidad de tener en cuenta estos aspectos en los procesos de elaboración de los presupuestos”, afirman las economistas. De hecho, la información en sí es difícil de conseguir, no sólo de cómo influyen las diferentes políticas presupuestarias en la brecha de género, sino cuánto destina el Estado a políticas destinadas a mujeres.

La Asociación Civil para la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) encontraron que en el Presupuesto nacional al menos 16 programas directamente relacionados con cuestiones de género (son los que el Estado presentó ante la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación Contra la Mujer, CEDAW, por sus siglas en inglés), como el Ellas hacen – Argentina Trabaja, o el Programa Nacional de Educación Sexual Integra, no tienen información presupuestaria. Se analizó el presupuesto y se hicieron pedidos de acceso a la información a fines de 2015, pero en las respuestas oficiales no se logró obtener la información solicitada.