Al menos 46 jueces federales de 14 provincias tienen familiares con cargos en la Justicia

Al menos 46 de 114 jueces y juezas federales de 14 provincias argentinas tienen familiares designados en el Poder Judicial. Esta cifra, obtenida a partir de la planilla de personal de julio de 2024, ha permitido crear por primera vez un mapa detallado de las relaciones familiares dentro de la Justicia federal en la Argentina.

Así lo revela una investigación periodística de Connectas y Chequeado, en función de una base de datos elaborada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que revisó la lista de 3.601 cargos de la Justicia federal en 14 provincias que integran 7 circunscripciones judiciales. En todas se encontraron casos de jueces federales con familiares empleados.

Aunque no todos los casos evidencian nepotismo directo -algunos familiares pudieron haber sido designados por méritos profesionales o antes del vínculo-, el elevado número de casos registrados sugiere patrones que fomentan el debate público sobre los procedimientos de selección de funcionarios y la necesidad de mayor transparencia y objetividad en las designaciones. El hecho de que no se hayan celebrado concursos para hacer los nombramientos, como dispone la Ley de Ingreso Democrático vigente desde 2013, impide saber a ciencia cierta cuáles fueron las razones que los motivaron.

El número de jueces con familiares en la Justicia federal podría ser mayor, en la medida en que el parentesco pudo pasar desapercibido o no ser comprobado en este relevamiento (ver metodología). Del universo examinado, surge que un número relevante de familiares nombrados está relacionado con jueces con más de 10 años de antigüedad en cuerpos colegiados (camaristas, es decir la segunda instancia de un proceso judicial). Los jueces de tribunales orales en lo criminal federal conforman el 48% de los 46 casos hallados.

El análisis revela la presencia de vínculos familiares entre jueces y otros funcionarios del sistema judicial en estas provincias:

• Santa Fe: 12 de los 21 jueces federales registran vínculos familiares en los tribunales.
• Córdoba y La Rioja: se identificaron parientes de 12 de los 20 magistrados.
• Jujuy y Salta: 7 jueces de 17 tienen familiares dentro del sistema de justicia.
• Mendoza, San Juan y San Luis: al menos 5 de los 22 titulares de juzgados y vocalías cuentan con parientes empleados en la Justicia.
• Misiones: 4 de los 9 jueces y juezas cuentan con parientes trabajando en la Justicia federal.
• Chaco y Formosa: 3 de los 10 magistrados presentan vínculos familiares en la Justicia.
• Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego: se encontraron designaciones de familiares para 3 de los 15 miembros de la magistratura.

Alerta por nepotismo en la Justicia

Uno de los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, alertó sobre el fenómeno nepotista. Lo hizo en la Acordada 18/2024 del 17 de mayo de 2024 sobre la creación de una nueva secretaría en el máximo tribunal, al afirmar que “se designa personal con cargos de funcionarios, sin concurso, con base en la amistad o el parentesco, y contrariando las expectativas de austeridad que la sociedad argentina exige”.

En su voto minoritario y opuesto al de sus pares Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, Lorenzetti insistió en que en la Justicia argentina “deben ser austeros, concursar los cargos, respetar el mérito y evitar el nepotismo”.

La Corte nunca reglamentó la Ley de Ingreso Democrático, que cumplió ya 11 años en vigor en la Argentina. Este vacío permitió que continuara la designación de parientes de la magistratura sin evaluaciones objetivas de sus capacidades, a diferencia de lo que ocurrió en los ministerios públicos de la Nación, donde los empleos están sometidos al régimen legal de los concursos.

Dos familiares de Lorenzetti se desempeñan en la Justicia federal. Su esposa, Mara Beatriz Perren, es prosecretaria administrativa del Juzgado Federal de Rafaela (ciudad santafesina de origen del juez de la Corte). Y su cuñada, Ana Marcela Perren, es escribiente de la Cámara Federal de Rosario. Consultada al respecto, la oficina de Lorenzetti respondió que, como su esposa ingresó al Poder Judicial 2 años antes del matrimonio, “no se configura en el caso un supuesto de nepotismo”. Y, “en cuanto a Ana Marcela Perren, esta fue designada en Rosario, siendo una jurisdicción totalmente ajena a la que ejerce el ministro”.

Otros 2 magistrados de la Corte Suprema, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, también registran familiares nombrados en la Justicia federal. El primero es padre de Emilio Rosatti, secretario del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe. Y Maqueda es padrastro de Verónica Ferrer Deheza, secretaria de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.

Ambos jueces negaron vinculación con estos nombramientos en las consultas para esta nota. Rosatti, que preside el máximo tribunal y el Consejo de la Magistratura, dijo que su hijo ingresó a la Justicia federal en el tramo inicial del escalafón (escribiente auxiliar interino) el 28 de diciembre de 2007, y que él asumió en la Corte el 29 de junio del 2016, “es decir 8 años, 9 meses y 1 día después” que su hijo.

Maqueda, por su parte, expresó que su hijastra ingresó a la Justicia en 1998, 4 años antes de que él asumiera en la Corte Suprema. A continuación, precisó los 6 ascensos que recibió Ferrer Deheza en 26 años de carrera judicial, y destacó los títulos y diplomas que adquirió. También enumeró los antecedentes de la funcionaria para probar que es “absolutamente ajeno” a su nombramiento y a sus ascensos.

El caso de Santa Fe

En Santa Fe, la provincia de origen de Lorenzetti y de Rosatti, 12 de 21 jueces federales tienen parientes nombrados. Allí se destaca el caso de Marcelo Bailaque, el juez federal de la ciudad de Rosario. El magistrado es padre de Julieta Bailaque, oficial mayor; de Ramiro Bailaque, escribiente auxiliar; y de la escribiente Sofía Bailaque.

Recientemente, este juez fue denunciado por supuestas irregularidades en el trámite de un expediente que habría favorecido al jefe narco Esteban Lindor Alvarado. Con una coincidencia extra: Bailaque y el acusado compartían contador, Gabriel Mizzau, y el hijo de este profesional, Sebastián Mizzau, había ingresado en 2017 -mediante un nombramiento sin concurso- a trabajar al Juzgado Federal N° 4. ¿Quién es el titular de esa unidad? El propio Bailaque, quien no respondió a la consulta periodística.

El patrón de nombramientos vinculado con los jueces de mayor antigüedad se aprecia en el caso de José María Escobar Cello, quien llegó al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la ciudad de Santa Fe en 1994, hace 30 años. Este juez es padre de Juan José Escobar Cello, prosecretario administrativo, y de Francisco Escobar Cello, escribiente, ambos con prestación de servicios en el Tribunal Oral. El padre, que compartiría su ámbito de trabajo con sus 2 hijos, no respondió a la consulta formulada para esta investigación.

En la Justicia federal de Santa Fe también hay familiares de integrantes de la Suprema Corte de la provincia. Allí trabajan María Magdalena Gutiérrez, secretaria electoral del interior de la Justicia Federal y sobrina del juez santafesino Rafael Gutiérrez, y Esteban Falistocco, secretario de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario e hijo del juez Héctor Falistocco. Ninguno de esos magistrados provinciales respondió a las consultas. Tampoco lo hicieron los 12 jueces federales con familiares designados en esta jurisdicción.

Córdoba y La Rioja

En la Justicia federal de Córdoba (que incluye en su jurisdicción a la provincia de La Rioja) se encontraron vínculos familiares de 12 de los 20 integrantes de la magistratura.

Graciela Montesi es madre de Josefina Bobone, jefa de despacho del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº3, y de Tomás Bobone, escribiente del Juzgado Federal Nº3,  además de tía de Alejo Montesi, oficial del Juzgado Federal N° 1, y de Gerónimo Bobone, auxiliar de la Secretaría Electoral de Córdoba. Pero no eran los únicos integrantes de la familia que trabajan en la Justicia. Pablo Montesi, hermano de la camarista y padre de Alejo Montesi, fue juez federal de la ciudad cordobesa de San Francisco hasta su fallecimiento en agosto de 2024. Graciela Montesi no respondió la consulta relativa a la designación de estos parientes y, en el caso de su hermano, el Juzgado Federal de San Francisco solicitó que se informara quién era la persona responsable de la consulta sobre los parentescos. Pese a que se le brindaron más detalles, Pablo Montesi no envió comentario alguno  (aunque seguía en funciones en julio de 2024, tras la noticia de su defunción se resolvió sacar a este juez de la base de datos).

De la Justicia federal de Córdoba y de La Rioja sólo respondieron los camaristas Eduardo Daniel Ávalos y Abel Guillermo Sánchez Torres. Ávalos, magistrado de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, refirió que efectivamente Sofía Elena Sylvester, secretaria de aquel estrado, era “su mujer”, pero negó haber influido en su nombramiento porque en ese momento era “un pinche” en el Juzgado Federal Nº 1. “Con el tiempo, contrajimos matrimonio y continuamos casados a la fecha, por lo que el destino ha obrado al respecto. Tampoco tengo hijos en el Poder Judicial: ellos desarrollan profesiones ajenas a la abogacía”, agregó el magistrado.

Para explicar su caso, Sánchez Torres, vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, primero ofreció la posibilidad de dialogar en su despacho o virtualmente. Si bien se le propuso una reunión por Zoom, luego el juez luego  envió un correo electrónico en el que negó ser actualmente familiar de su ex esposa, la jefa de despacho Alejandra Cecilia Cabido: “Encuentro oportuna la ocasión para aclarar una inconsistencia en su investigación, ya que la citada Cecilia Cabido no es familiar mío”, refirió. Sánchez Torres descartó haber tenido injerencia en la designación de sus 3 hijos, María Agustina, Joaquín y Lucía, en la Justicia federal cordobesa. No obstante, destacó los antecedentes académicos de sus descendientes.

En La Rioja, al menos una cuñada, un concuñado, yernos y un primo trabajan con el juez federal Daniel Herrera Piedrabuena en la única dependencia federal de primera instancia existente en esa provincia. El caso de Herrera Piedrabuena (quien no respondió la consulta periodística para esta nota) se destaca porque, hasta hace un tiempo, regía una especie de regla tácita que disimulaba los nombramientos de parientes mediante la práctica de destinarlos a otras oficinas o unidades de la propia Justicia federal. Pero con este juez esa regla no se aplica: todos sus parientes se desempeñan en su juzgado.

Jujuy y Salta

En los tribunales federales de Jujuy y Salta, 7 jueces de 17 están vinculados familiarmente con empleados y funcionarios. Tres de los magistrados tienen cónyuges que también trabajan en la institución: se trata del camarista Lucio Renato Rabbi Baldi Cabanillas (su esposa es Denise Blajean Bent, secretaria del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº2 de Salta) y de los jueces Esteban Hansen y Leonardo Bavio (respectivos consortes de Carola Martínez Allende, secretaria de la Oficina Judicial de la Justicia Federal de Jujuy; y de María Martha Ruiz, secretaria del Juzgado Federal Nº2 de Salta).

Rabbi Baldi Cabanillas no contestó el requerimiento de un comentario, mientras que Bavio no respondió respecto de Ruiz en una ampliación de la consulta como sí lo había hecho antes sobre un primo segundo, Cristian Ricardo Bavio, secretario del Tribunal Oral de Salta, de cuyo nombramiento se desligó por completo: dijo que este había entrado en “1994 o 1995” cuando él era secretario penal de la Cámara Federal de Salta.

Por su parte, un secretario de la Superintendencia de la Justicia federal de Jujuy envió el descargo de Hansen. Según esa nota, aquel juez no tuvo ninguna participación en el nombramiento de Martínez Allende. El texto refiere que aquella había ingresado al Poder Judicial de la Nación en 2009; que se desempeñó en la Secretaría Electoral del Juzgado Federal N° 1 de Córdoba y que luego obtuvo un traslado a la Secretaría Electoral del Juzgado Federal N° 1 de Jujuy “mediante resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 07/02/18 previa conformidad prestada por el entonces titular del Juzgado Federal N° 1 de Jujuy, Mariano W. Cardozo”.

También envió una respuesta Domingo José Batule, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Salta, quien adjuntó el CV de Simón Augusto Batule Cabana con la siguiente manifestación: “Es mi hijo, es abogado y fue designado como ‘jefe de despacho’ por l@s Jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de Salta. Para un correcto y justo escrutinio de ustedes y de la sociedad toda, considero que resulta relevante que también se publique su currículum vitae”.

Una situación particular se dio respecto del juez del Tribunal Oral Nº1 de Salta, Federico Santiago Díaz, y de su hermano, Carlos Felipe Díaz Lannes, secretario del Juzgado Federal de Villa Mercedes en San Luis. El magistrado negó haber influido en el nombramiento del funcionario y advirtió que él carecía de potestades para cubrir cargos en los tribunales federales de San Luis: además, acotó que él y su hermano se habían desarrollado profesionalmente en lugares diferentes. “Hago saber que para acceder al cargo que desempeño rendí numerosos concursos, y se me designó cuando integraba 8 ternas para tribunales orales de diferentes puntos del país, y de esas 8 ternas, en 7 me encontraba en el primer lugar de la terna”, añadió el juez.

Los demás magistrados con parientes que se desempeñan en esta jurisdicción de la Justicia federal no contestaron la requisitoria periodística.

En la provincia de Salta el apellido Catalano se repite en los tribunales. Este apellido lo comparten 3 primos: las juezas federales Gabriela Elisa Catalano y Mariana Inés Catalano, y el juez de la Corte provincial desde 2007 Guillermo Catalano. Además, el cónyuge de Gabriela es juez provincial. Ella y su prima Mariana habían sido funcionarias judiciales antes de concursar y ganar sus cargos actuales.

En su descargo, Mariana Catalano ratificó que llegó a su cargo actual de magistrada por concurso y pidió que esto se manifestara de ese modo para que la investigación tuviese rigor. Y Gabriela Catalano expresó que su cónyuge concursó en forma pública para acceder a sus 2 designaciones en el Poder Judicial local y que la información estaba disponible.

Mendoza, San Juan y San Luis

En la jurisdicción que incluye a Mendoza, San Juan y San Luis, al menos 5 de los 22 titulares de juzgados y vocalías tienen parientes empleados. En esta circunscripción aún resuena el caso del ex juez Walter Bento (fue destituido a finales de 2023), cuya esposa Marta Boiza y 2 hijos, Nahuel y Luciano, estaban empleados en los tribunales mendocinos. Los 4 familiares están involucrados en el escándalo judicial por venta de sentencias y enriquecimiento ilícito que llevó a la expulsión de Bento y a su encarcelamiento a finales de 2023.

Sólo Pablo Oscar Quirós, titular del Juzgado Federal N° 2 de Mendoza, aceptó manifestarse sobre la cuestión de la designación de familiares en los estrados de esta jurisdicción. Quirós confirmó que es cónyuge de Marisol del Carmen Compañy, jefa de despacho del Juzgado Federal Nº 1 de Mendoza (a quien dijo haber conocido en 1997 en el propio Poder Judicial donde ambos trabajaban); y cuñado del oficial de servicio Hernán Compañy. Respecto de este último, precisó que entró a la Justicia federal antes de su juramento como magistrado.

Misiones, Chaco y Formosa

Los familiares de los 46 jueces identificados en esta investigación aparecen trabajando en distintos peldaños de la carrera judicial, algunos en los de mayor jerarquía: 15 de los 89 parientes detectados son secretarios. De hecho, ciertos magistrados en funciones iniciaron su trayectoria judicial designados de manera directa y, luego, concursaron en el Consejo de la Magistratura de la Nación para acceder a sus juzgados y vocalías actuales.

Es el caso de las ya mencionadas Gabriela y Mariana Catalano en Salta, y de Verónica Skanata, hoy titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº1 de Posadas, Misiones. Skanata es hija de la camarista federal Mirta Delia Tyden y del ex juez civil de Oberá, Julio José Skanata. Según el currículum vitae que presentó en el Consejo de la Magistratura de la Nación, Verónica Skanata se recibió de abogada en 2001 y, a los pocos meses, en abril de 2002 fue designada secretaria del Juzgado Criminal y Correccional de Misiones. Esto quiere decir que, por decisión de la Cámara Federal que integra su mamá, pasó a desempeñarse en uno de los puestos más altos del funcionariado judicial sin experiencia laboral previa.

Nueve años más tarde, Skanata concursó en el Consejo de la Magistratura y se convirtió en jueza: primero con una subrogancia o designación temporaria en el Juzgado Federal de Oberá y, después, con un nombramiento en propiedad, donde quedó sujeta a la jurisdicción de su madre. El cargo de secretaria era en 2011 uno de los antecedentes principales de su CV. Ni la hija, Verónica Skanata, ni la madre, Mirta Delia Tyden, quisieron hacer comentarios al respecto.

En Misiones, se corroboró que 4 de 9 jueces y juezas tienen parientes trabajando en la Justicia federal, mientras que en las provincias vecinas de Chaco y Formosa (que comparten jurisdicción) están en esa situación 3 de 10.

El único magistrado misionero que aceptó hacer comentarios es Fabián Gustavo Cardozo, juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas. Cardozo confirmó que su esposa Mónica Oria ingresó en 1994, y que en la actualidad es prosecretaria administrativa y está al frente de la Biblioteca de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas. Añadió que él entró al Tribunal Oral en 2004; que en 2005 conoció a Oria; y que en 2007 nació el hijo que tienen en común. Precisó, además, que él es juez desde 2022, y recordó que su Tribunal Oral y la Cámara de Apelaciones ejercen funciones de superintendencia por separado, de manera que “Oria jamás ha dependido laboralmente” de él.

En Chaco y Formosa emitieron respuestas 2 magistrados. Zunilda Niremperger, titular del Juzgado Federal Nº 1 de Resistencia, detalló que su hermana Liliana Niremperger fue contratada en forma temporaria en la Justicia Federal de Resistencia (Chaco) en 5 oportunidades (con sus prórrogas) desde 2002. Y que en 2007 fue designada escribiente auxiliar “siempre por la propuesta del juez titular Carlos Rubén Skidelsky” (que renunció en 2016). “En relación con Kamila Niremperger (sobrina), esta ingresó en el Poder judicial en una suplencia en agosto de 2023 en el Juzgado Federal Nº2 por propuesta de Ricardo Alcides Mianovich por un lapso corto y luego nuevamente (fue) designada por un corto plazo, todos datos que completaré una vez que el titular del Juzgado Federal Nº2 remita dicha información a quien suscribe”, dijo Niremperger. La ampliación anticipada no llegó.

Ricardo Alcides Mianovich, juez federal Nº 2 de Resistencia, consignó lo siguiente: “Responder eventual y ulteriormente, sustrayéndome de funciones institucionales que disponen de mecanismos de control idóneos, implicará la demostración antelada por vuestra parte de galanura lexicográfica, una más elevada, detallada y completa información, y la ausencia plena de párrafos alusivos de posibles o sugerentes implicancias, una trama extorsiva o la posible afectación del buen nombre, la dignidad o el prestigio de terceras personas, límite intolerable al que no ingresaré, ni daré mínima entidad”.

En la última jurisdicción analizada, las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, se constataron designaciones de familiares para 3 de 15 miembros de la magistratura. Ninguno de los que poseen parientes nombrados hizo comentarios al respecto.

Ley de Ingreso Democrático

En 2013, el Congreso de la Nación sancionó la Ley de Ingreso Democrático para poner un freno a la cobertura “a dedo” de los empleos judiciales. Alberto Binder, doctor en Derecho, experto en procesos judiciales y cofundador del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), enfatizó que la Justicia federal argentina incumple esta norma, que establece que los empleos judiciales deben ser cubiertos por concurso. “El nepotismo es ilegal porque existe una ley nacional que estipula cómo deben asignarse los cargos de la Justicia. Esto no implica que se trate de un delito, más allá de que sea una conducta muy reprochable desde el punto de vista ético”, observa el académico e investigador.

Para el sociólogo y doctor en Ciencias Sociales Juan José Nardi, “el principal problema del nepotismo es que desdibuja la carrera administrativa y que, de alguna manera, también termina generando conflictos hacia el interior de los juzgados por cuestiones que tienen que ver con los ascensos”. De acuerdo con este experto, “los integrantes de estas familias de sangre y políticas -en el sentido de afinidad, y de padrinazgos y madrinazgos- hacen carreras maratónicas, muchas veces saltándose peldaños, lo que produce desigualdades enormes dentro del Poder Judicial”.

Gatopardismo judicial

¿Qué explica la prevalencia de las relaciones familiares en la Justicia argentina? Este es un fenómeno que no es nuevo. Como explica Binder, académico experto en reformas judiciales, “el nepotismo existió siempre, pero se acentuó cuando los cargos judiciales empezaron a ser apetecidos. Esto comienza a crecer durante el menemismo (años 90)”.

En 2007, la Argentina ratificó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que dispone que los países procurarán adoptar sistemas de convocatoria, contratación, retención, promoción y jubilación de empleados y funcionarios públicos no electivos “basados en principios de eficiencia y transparencia, y en criterios objetivos, como el mérito, la equidad y la aptitud”. Y en 2013, el Congreso sancionó la Ley de Ingreso Democrático e Igualitario de Personal al Poder Judicial, con el propósito de poner fin a la práctica de contratar empleados por ser familiares o conocidos de los jueces.

La Ley de Ingreso Democrático nunca se aplicó en los tribunales de justicia por sucesivas decisiones y omisiones del máximo tribunal que dejaron a la normativa fuera de juego. La Corte Suprema mantuvo –según se afirmó en 2013, transitoriamente– en las cámaras federales y nacionales las facultades de designación y promoción del personal.

Salarios judiciales

Binder explicó que parte de la razón de la persistencia tiene que ver con los jugosos salarios del sector judicial: “Ocurre que los puestos más bajos de la Justicia federal hoy son retribuidos con sueldos inmensos. Es un botín extraordinario”.

La remuneración del auxiliar, el puesto más bajo de la escala salarial judicial, equivale a 4 salarios mínimos, vitales y móviles ($ 234.315 a mayo de 2024, o US$ 236 al tipo de cambio oficial). Según la escala salarial de abril de 2024, un auxiliar percibe $ 923.243 mensuales (US$ 927). En el otro extremo, un secretario de Cámara, uno de los cargos de funcionario judicial más altos, recibe un salario de al menos $ 2,8 millones (US$ 2.814), monto que corresponde a 12 salarios mínimos. Los consignados son montos apenas orientativos porque la escala judicial no incluye todos los rubros incluidos en los recibos.

Los incentivos salariales y la estabilidad laboral favorecen lo que Binder llama “designaciones cruzadas”, cuando 2 jueces se devuelven el favor de nombrar los familiares del otro. “Yo nombro a tus parientes y vos nombrás a los míos. Esto todo el mundo lo sabe y lo conoce”, explicó el académico.

Para el sociólogo y doctor en Ciencias Sociales Juan José Nardi, entre las vocalías de un mismo cuerpo se producen “retribuciones” recíprocas. Este investigador también ve que son comunes los “favores” que suelen hacerse en la primera instancia para congraciarse con el tribunal de alzada. Por ejemplo, el hecho de nombrar familiares de camaristas a cambio de una subrogancia, función que otorga mayor poder de decisión y un plus salarial porque, de esa manera, un mismo juez tiene a cargo 2 juzgados y, por esa carga de trabajo adicional, mejora su remuneración.

Pero, de fondo, lo que prima en esta práctica para Binder es “la laxitud y el desinterés éticos imperantes en el Poder Judicial”. Y añadió que “el nepotismo muestra la paradoja de que una de las profesiones que debería estar regulada con mayor rigurosidad, como la de los abogados y la de los jueces, es la que menos lo está”.

El profesor Binder sostuvo que, si no se ponen límites a la práctica del nepotismo, seguirá expandiéndose la “perversión original de la endogamia” que dificulta muchísimo “la generación de poderes judiciales independientes”.

El intento fracasado más reciente de frenar la llamada “dedocracia” judicial fue la Ley de Ingreso Democrático de 2013. Pero, como se dijo previamente, quienes deben custodiar su observancia encontraron la forma de colocarse por encima de ella. Y, como advirtió Binder, nada perturbó la reproducción de ese statu quo que es la gran familia judicial.

 

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Créditos
Esta investigación fue realizada por Irene Benito. Por Connectas participó Leonardo Oliva (acompañamiento editorial). Por Chequeado se implicaron Matías Di Santi, Ignacio Ferreiro, Manuel Tarricone, Laura Zommer y Franco Piccato (edición).

 

Nota de la Redacción

Esta investigación periodística sobre jueces federales de la Argentina con parientes designados en la Justicia fue realizada por Connectas y Chequeado sobre la base de un estudio elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) a través de su plataforma JusTA (ver metodología aquí). La pesquisa se impulsó con el objetivo de conocer y comprender esta realidad naturalizada durante ya más de un siglo. 

La difusión de los nombramientos de familiares de autoridades judiciales, incluso de los concretados a partir de 2013, cuando entró en vigor la Ley de Ingreso Democrático e Igualitario de Personal al Poder Judicial de la Nación y al Ministerio Público de la Nación, no implica afirmar que en todos esos casos necesariamente existió nepotismo ni comporta un juicio de valor sobre las aptitudes profesionales, intelectuales ni morales de las personas contratadas aquí nombradas, sino que sólo apunta a identificar posibles casos de materialización de esta práctica y a problematizarla a la luz de la normativa vigente. 

La falta de un procedimiento de selección que sea abierto e igualitario, en el que se permita demostrar objetivamente la idoneidad de las y los concursantes, hace imposible determinar si el nombramiento de estos familiares en los cargos judiciales se debe al mérito y experticia profesional o si, por el contrario, se explica por vínculos personales. En otras palabras, la inexistencia de concursos impide a la sociedad controlar que dichas designaciones se hayan realizado de forma transparente y bajo criterios objetivos.