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Esta nota tiene más de un año
En proceso, adelantada
Se tomaron parte de las medidas necesarias y se trabajó para lograr la promesa, aunque todavía no está cumplida.

Alberto Fernández: “Vamos a hacer una ley que diga que los jubilados no pagan los medicamentos”

Si tenés sólo unos segundos, leé estas líneas:
  • A los 3 meses de asumir la Presidencia, Fernández anunció la elaboración de un listado de 170 medicamentos con cobertura total para los afiliados a PAMI, la obra social de los jubilados.
  • El programa continúa vigente e incluye a gran parte de los remedios más consumidos por los adultos mayores, pero no alcanza a los jubilados que escogen otras obras sociales sindicales o prepagas.
  • A diferencia de lo dicho por Fernández en campaña, la medida se hizo efectiva a través de una resolución interna del PAMI y no de una ley, que goza de mayor estabilidad.

En julio de 2019, en un acto en Lomas de Zamora, el entonces candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, se refirió a medidas concretas para los jubilados. “Vamos a terminar con la rémora de los medicamentos. Vamos a hacer una ley que diga que los jubilados no pagan los medicamentos y el Estado los va a subsidiar”, anunció.

En marzo de 2020, poco antes de la llegada del coronavirus al país, el Gobierno nacional aprobó un listado de medicamentos con cobertura gratuita total para todos los afiliados al PAMI, la obra social estatal de las personas mayores que está bajo la órbita del Estado nacional, aunque no se hizo mediante una ley, como prometió Fernández, sino con una resolución interna del organismo, que puede dejarse sin efecto con otra resolución.

El 10 de marzo de 2020 se publicó la Resolución 12/2020 del PAMI que puso en vigencia un vademecum de medicamentos esenciales. “El referido vademecum tiene como objetivo principal dar cobertura al 100% de los medicamentos esenciales definidos en el mismo, asociados a las indicaciones establecidas, con el fin de garantizar el tratamiento de las patologías más frecuentes de las personas mayores jubiladas y pensionadas afiliadas al instituto”, señala la resolución.

Según informa el PAMI, se trata de un listado de 170 “principios activos” que están incluidos en el nuevo vademecum. Estos 170 “principios activos” equivalen a 3.600 medicamentos e implican en promedio un ahorro de $ 4.700 mensuales para cada afiliado, equivalente a un 20% del haber jubilatorio mínimo, según precisa PAMI en su sitio web.

“PAMI lleva invertido más de $93.000 millones en medicamentos que benefician a 3.500.000 personas afiliadas”, señala Jefatura de Gabinete en su último informe ante el Congreso. Según este mismo informe, de los 15 medicamentos más dispensados por PAMI en 2020, 12 integran el programa de medicamentos esenciales gratuitos. Los 5 que encabezan el ranking son enalapril, levotiroxina, losartán, metformina y clonazepam. Los 2 últimos no integran el programa.

El beneficio, de todas maneras, no alcanza a todo el universo de jubilados y pensionados. Pueden acceder a los medicamentos gratuitos los afiliados a PAMI, que es la obra social estatal de las personas mayores. Los jubilados que no eligieron PAMI y optaron por una obra social sindical o una prepaga, no tienen acceso a este beneficio. Esto es así porque no está regulado por una ley o decreto, o una resolución del Ministerio de Salud de la Nación o de la ANSES, sino por una resolución interna de la obra social de los jubilados, a la que no todos están afiliados.

Según el registro del Sistema de Seguridad Social de la ANSES, en septiembre de 2021 (últimos datos disponibles) había 5,1 millones jubilados. Es decir que la medida alcanza a un 68% de este universo.

“En rigor, todos los jubilados (salvo aquellos que tengan un régimen especial y los de cajas provinciales que tienen la obra social de cada provincia) tienen la posibilidad de afiliarse a PAMI de modo que la cobertura es muy amplia”, explicó a Chequeado en esta nota Ariela Goldschmit, investigadora del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (UBA-Conicet) y docente de Finanzas Públicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Además, Goldschmit añadió: “Hay que tener en cuenta también que el Gobierno nacional no puede regular las prestaciones de las obras sociales provinciales ni los regímenes especiales y sí de PAMI”.

Desde antes de la elaboración de este nuevo vademecum existía un programa a través del cual los afiliados a PAMI accedían a medicamentos gratuitos. La gestión actual amplió la cobertura. Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, destacó a este medio que el beneficio se amplió porque antes alcanzaba a 1,3 millones de adultos mayores.

“Antes de esta medida había un cupo de 4 medicamentos con cobertura al 100% sólo para los afiliados al PAMI que no pudieran afrontar el gasto y cumplieran las condiciones para acceder al subsidio social (ingresos menores a 1,5 haberes, no estar afiliado a prepaga, no tener más de un inmueble ni auto de menos de 10 años)”, señaló Goldschmit.

Lo que no se cumplió de la promesa de Fernández sobre los jubilados es que la medida sea consagrada por una ley del Congreso y que alcance a todos. “Una ley tiene la legitimidad de ser el producto de una larga deliberación que tuvo la mayor cantidad de información y argumentos cruzados. Todo eso le da a una ley una mayor legitimidad que un decreto o resolución dictado por una sola persona”, explicó a Chequeado Martín Bohmer, profesor de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) e investigador del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).

Y agregó: “Además de esa legitimidad, una vez que una ley se dicta es más difícil modificarla. Una resolución se termina con otra resolución. La ley tiene mayor estabilidad”.

Por lo tanto, la promesa se encuentra “en proceso, adelantada”. En marzo de 2020, a 3 meses de asumir la Presidencia, Fernández anunció un nuevo vademecum de 170 medicamentos con cobertura gratuita total para los afiliados al PAMI. Pero no se hizo mediante una ley, sino a través de una resolución del organismo que garantiza menos que una ley del Congreso los derechos de los beneficiarios porque puede dejarse sin efecto con otra resolución.

 

EN PROCESO, ADELANTADA: se tomaron parte de las medidas necesarias y se trabajó para lograr la promesa, aunque todavía no está cumplida.

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