Carrió: “Durante el gobierno de la Alianza (…) voté en contra de mi propio gobierno cuando había casos de corrupción e inconstitucionalidad”

Elisa Carrió asumió su segundo mandato como diputada nacional de la UCR por el Chaco en las elecciones de 1999. Durante ese año, la legisladora hizo campaña por la candidatura presidencial de Fernando de la Rúa al frente de la Alianza, un acuerdo político que integraban la UCR, el Frepaso y el Partido Socialista.

Apenas asumió, la Comisión de Asuntos Constitucionales quedó a su cargo y fue durante ese período (2000-2001) en que comenzó a oponerse, junto con otros diputados que formaban parte del bloque oficialista, a los proyectos que enviaba el Poder Ejecutivo Nacional a la Cámara de Diputados.

Tal es el caso de la Ley del Arrepentido que se aprobó el 27 de enero de 2000. Según la versión taquigráfica del Congreso de la Nación, la diputada Carrió votó en contra, así como lo hicieron Bernardo Quinzio, Alfredo Bravo, Héctor Polino y Jorge Rivas. Esta ley autorizaba la reducción de penas para quienes señalaran a cómplices de actos de terrorismo. Según los autores del proyecto, se intentaba contribuir así al esclarecimiento de los ataques a la AMIA y a la Embajada de Israel.

Un mes después, el 24 de febrero de 2000, Carrió votó en contra del proyecto de reforma laboral enviado por el gobierno de De la Rúa, como figura en una crónica de la época de Página 12, y se opuso al afirmar que la ley no generaba empleo sino que “hacen pagar el costo al trabajador”. Dicha ley fue anulada por la sospecha del pago de sobornos en el Senado.

A más de trece años de la sanción de esa ley, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de la Capital dará inicio la semana que viene a los alegatos de las defensas en el juicio oral en el que están siendo juzgados el ex presidente De la Rúa y el ex titular de la SIDE, Fernando de Santibañes, entre otros.

Carrió votó en contra, además de las leyes mencionadas, del proyecto de Emergencia Económica y del recorte dispuesto por el Poder Ejecutivo en los sueldos de los empleados estatales.