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Cabandié: “Después de 6 meses de fuego en el Delta del Paraná no tenemos un detenido”

Verdadero, pero…

¿Qué significa?
La afirmación es consistente con los datos disponibles, pero omite algún elemento del tema o su contexto.

Prensa Cabandié

14 Octubre, 2020 16:17 pm | Tiempo de lectura: 5 minutos
14 Octubre, 2020 16:17 pm
| Tiempo de lectura: 5 minutos

Si tenés sólo unos segundos, leé estas líneas:

  • Si bien la Fiscalía Federal de Victoria solicitó detenciones, el entonces juez a cargo, Leandro Ríos, solo hizo lugar a las indagatorias.
  • Después el magistrado se excusó y fue reemplazado por su par Daniel Alonso, que tampoco dispuso la privación de la libertad de los imputados.
  • Sin embargo, la falta de detenciones no necesariamente es una señal de la inacción de la Justicia. Salvo excepciones, todo imputado tiene el derecho de atravesar el proceso penal en su contra en libertad.

En diálogo con El Destape Radio, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan Cabandié, se refirió al origen de los incendios que afectan a grandes zonas del país y los vinculó con la actividad humana. En ese contexto, señaló: “¿Quiénes son los que pueden frenar esta actitud alocada, tan irresponsable y delictiva al mismo tiempo? Bueno, es la Justicia. Si después de 6 meses de fuego [en el Delta del Paraná] no tenemos un detenido entonces ahí hay que buscar otras explicaciones”.

Sin detenciones ordenadas por la Justicia

El Delta del Paraná es una zona que ocupa una superficie de 17.500 km2 aproximadamente, en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe. Durante este año, se registraron más de 8000 focos de incendio allí, la mayor cantidad en los últimos 9 años, según informó el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

A finales de julio último, la Fiscalía Federal de Victoria (Entre Ríos) emitió un comunicado sobre la causa originada por los incendios registrados en primera instancia en febrero y marzo últimos y después en junio. El fiscal a cargo, Carlos García Escalada, solicitó al juez federal N° 1 de Paraná, Leandro Ríos, que ordenara la detención de los dueños de los campos en donde se produjeron incendios en marzo, que habían sido denunciados por la secretaria de Legal y Técnica de la Municipalidad de Rosario, Juliana Conti.

García Escalada solicitó que se les imputen “los delitos previstos en los artículos 186 incisos 1° y 4° -incendio, agravado por peligro común para los bienes y peligro de muerte para alguna persona-, y 194 -por afectación del funcionamiento de transporte y servicios- del Código Penal , y 55 de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos”, según informa el sitio oficial del Ministerio Público Fiscal.

Para los delitos imputados, la legislación vigente fija distintas penas: para la violación del artículo 186 del Código Penal van de 3 a 15 años; y, en el caso del artículo 194, de 3 meses a 2 años. Por su parte, por el incumplimiento del artículo 55 de la Ley de Residuos Peligrosos, se fija una pena de entre 3 y 10 años y una multa de entre $ 10 mil y $ 200 mil; que podría aumentar a un periodo entre 10 y 25 años de prisión en el caso de muerte.

En relación a los incendios registrados en junio, el fiscal solicitó la detención de otras 9 personas, bajo la misma imputación. El juez Ríos dispuso la indagatoria pero no autorizó las detenciones y se inhibió de la causa por lo fijado en el artículo 55 del Código Procesal Penal, que establece que los jueces deben dar un paso al costado cuando tienen una relación de parentesco o interés en el proceso.

Ante el alejamiento de Ríos, se hizo cargo de la causa el titular del Juzgado Federal N° 2, Daniel Alonso.

Chequeado se contactó tanto con la Fiscalía como con el Juzgado: García Escalada indicó que no haría declaraciones públicas sobre la causa y, por parte del magistrado, no se recibió respuesta.

En diálogo con el programa de radio LT8 de Rosario “El primero de la mañana”, Alonso indicó que hay más de 20 personas imputadas y señaló: “El hecho objetivo está probado, pero necesitamos más pruebas, no podemos salir a detener gente simplemente por ser titular de un terreno”.

Alonso participó de una reunión de la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación, porque está propuesto para ocupar un puesto en la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. En ese contexto también fue cuestionado por el avance de la causa, a lo que respondió: “¿Cuándo va a haber procesados? Cuando haya indagatorias y elementos de prueba necesarios para considerar que esa persona probablemente ha cometido el delito. Hasta este momento, no tengo esos elementos en el expediente”.

Como se explicó en esta nota, las detenciones previas a una condena son un mecanismo al que pueden recurrir los jueces para resguardar el curso de la investigación. Sin embargo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que tiene rango constitucional en nuestro país desde 1994, sostiene que “la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general”.

Universalmente, todo imputado tiene el derecho de atravesar el proceso penal en su contra en libertad. Se aplican excepciones en casos de peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación. “En esos casos la fiscalía debe comprobar la razón y la capacidad concreta del imputado de entorpecer la investigación o de fugarse”, señaló a Chequeado Mariano Lanziano, coordinador del equipo Política criminal y violencia en el encierro del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

“En la práctica, sin embargo, más de la mitad de los detenidos en las cárceles del país no tienen condena firme, lo que entendemos como un abuso de la privación de la libertad como única respuesta a la demanda de seguridad”, indicó Lanziano y agregó: “La prisión preventiva debería ser una excepción, pero en la actualidad solo lo es en casos de delitos muy leves y con personas que no tengan antecedentes penales”.

Por su parte, la Fiscalía Federal Nº 1 de Santa Fe -a cargo de Jorge Onel- inició una investigación preliminar sobre los incendios y pidió la indagatoria de 7 personas, pero tampoco solicitó detenciones. Según explicó el fiscal federal a este medio, 4 de ellas ya declararon y cuando se complete esta instancia se evaluará qué medidas procesales tomar.

En tanto, el viernes último la Justicia provincial de Santa Fe condenó un hombre a 3 años de prisión de ejecución condicional como autor de un incendio de pastizales en la ciudad de Santa Fe pero no en la zona del Delta del Paraná, como se refirió Cabandié, sino en la intersección de Avenida Circunvalación y la calle Iturraspe, cerca del río Salado.

Por lo tanto, lo que dijo Cabandié es verdadero, pero…. A pesar de la solicitud de la Fiscalía Federal de Victoria, el entonces juez a cargo de la causa hizo lugar a las indagatorias pero no a las detenciones de los imputados por los incendios. Sin embargo, la falta de detenciones no necesariamente es una señal de la inacción de la Justicia. Salvo excepciones, todo imputado tiene el derecho de atravesar el proceso penal en su contra en libertad.

Incendios que se repiten

Los especialistas consultados por Chequeado coinciden en que los incendios se repiten año a año en esta zona. “Se prende fuego para facilitar el acceso, ya sea para entrar con ganado o para la pesca y la caza. Dentro de la práctica ganadera se busca favorecer el rebrote y también hay intereses inmobiliarios para explotar las zonas”, indicó Roberto Bo, investigador responsable del Grupo de Investigación en Ecología de Humedales, perteneciente a la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

“Como en 2008, cuando el humo llegó a las grandes ciudades, en este caso los incendios llegan en un momento de alta sequía. Además, estamos ante un bajante histórico del nivel del río y de la cuenca; y por la COVID-19, hubo menor circulación y menor control”, indicó el especialista, que agregó: “No podemos potenciar los efectos del cambio climático con nuestros malos manejos”.

De acuerdo con información satelital recopilada por el Museo de Ciencias Naturales de San Nicolás, en 2020 se registraron 35.305 focos de calor en la zona del Delta del Paraná, el nivel más alto desde 2012, cuando empezó la actividad del satélite. Por su parte, en lo que va del año, agosto fue el mes con más focos de calor registrados; y en la última semana hubo una mayor densidad de focos alrededor del puente Rosario-Victoria.

La frase que impulsa este chequeo fue buscada de manera automática, y luego seleccionada por periodistas, a través de “Chequeabot”, el nuevo sistema de automatización en el que trabaja Chequeado.

Un comité de emergencia ambiental

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó en agosto último constituir un “Comité de Emergencia Ambiental” para detener y controlar los incendios irregulares en el Delta del Paraná. El máximo tribunal se declaró competente para entender en el caso e hizo lugar a una medida cautelar de un amparo presentado por la asociación civil Equística Defensa del Medio Ambiente contra el Estado nacional, las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, y las municipalidades de Rosario y Victoria. 

La Corte ordenó que también la Provincia de Buenos Aires integre el comité y que en conjunto las partes tomen “medidas eficaces para la prevención, control, y cesación de los incendios irregulares en la región del Delta del Paraná”, en base al “Plan Integral Estratégico de Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná” de 2009.

Las partes se reunieron en agosto (ver acá y acá) y en septiembre (ver acá) de manera virtual. En esta última, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a cargo de Juan Cabandié, anunció que lanzará una campaña de sensibilización sobre los incendios, y otras estrategias de comunicación a través de redes sociales.

“Buenos Aires trabaja en un proyecto de declaración de emergencia ambiental en la zona, en una campaña comunicacional y en un informe de medición de aire; Entre Ríos inició la adquisición de equipamientos para bomberos voluntarios de la Policía y avanza con sanciones y multas; y Santa Fe informó que disminuyeron los focos de incendio, en tanto trabajan en el combate de varios focos en el sur de Villa Constitución y San Lorenzo, como lo acordó con el Plan Nacional de Manejo del Fuego”, agregó el comunicado oficial.

En diálogo con este medio, Sebastián Farina, abogado de la asociación denunciante, explicó que “en este proceso no se busca un responsable de los incendios, se prioriza tomar medidas para el cese del fuego”.

Temas

2 Respuestas

Emiliano 14 de Octubre de 2020 a las 10:15 pm

La prision preventiva hace tiempo dejo de ser la excepción en Argentina.
Un juez ya se inhibio de entender en la causa por tener interes o amistad con los dueños de los campos. El que tiene plata en este pais hace lo que quiere. Raro que uds. Los apañen mediante esta nota.

Julio Bresso 16 de Octubre de 2020 a las 2:02 pm

¿Que decís Walter? No se entiende

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