Carignano: “Había una disposición que permitía que una determinada nacionalidad [venezolana] pueda ingresar al país, y entraron más de 600 mil, sin documentos, con documentos vencidos y sin verificar antecedentes penales”

Última actualización: 08/06/2021

En una entrevista con el periodista Antonio Laje en canal América, la directora Nacional de Migraciones, Florencia Carignano, se refirió a las críticas recibidas por figuras de Juntos por el Cambio después de la derogación del DNU N° 70/2017, que ampliaba los mecanismos para la expulsión de personas migrantes del país, y señaló: “Cuando llegamos había una disposición que permitía que una determinada nacionalidad pueda ingresar a la Argentina, y entraron más de 600 mil, sin documentos, con documentos vencidos y sin verificar antecedentes penales”.

Más tarde, Carignano agregó que se refería a la Disposición N° 520/19, y después añadió: “¿En qué país del mundo te aceptan entrar con documentos vencidos? Acá tenemos la mayoría de las personas que entraron bajo esa reglamentación con documentos vencidos. Entonces, ¿quién está haciendo entrar gente que ha cometido delitos? Nosotros no”.

Desde la vigencia de la disposición, ingresaron casi 190 mil venezolanos

La Disposición N° 520/19, firmada por el antecesor de Carignano, Horacio García, establece una serie de facilidades administrativas para el ingreso y la regularización de los migrantes venezolanos en el país.

La norma autoriza el ingreso y el inicio del trámite de residencia temporaria a ciudadanos venezolanos que presenten una cédula de identidad o pasaporte cuyo vencimiento no exceda los 2 años a partir de la sanción de la norma. También permite que los menores de 9 años que ingresen por vía terrestre con al menos uno de sus progenitores puedan hacerlo presentando como documento su partida de nacimiento cuando no tengan pasaporte. 

Ante la consulta de Chequeado, desde el área de Comunicación de la Dirección de Migraciones enviaron un documento con la cantidad de ingresos de ciudadanos venezolanos entre 2015 y 2020, lo que representa un total de 589.770 personas. 

Sin embargo, la disposición a la que se refirió Carignano fue publicada en el Boletín Oficial en enero de 2019. Desde esa fecha ingresaron al país 188.921 ciudadanos venezolanos, no 600 mil, como mencionó la funcionaria. Además, los datos otorgados a este medio por la Dirección son totales anuales y la disposición fue publicada a fines de enero de 2019, por lo que el número efectivo puede llegar a ser menor.

Este medio preguntó específicamente cuántos de estos ingresos se realizaron sin documentación y/o con documentos vencidos, pero al momento de la publicación de esta nota no recibió respuesta.

En relación a los chicos que ingresaron con su partida de nacimiento, Lucía Galoppo, coordinadora del área Legal de Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), explicó a este medio que en Venezuela no se emiten cédulas de identidad a menores de 9 años y que, en un momento, tampoco se emitían pasaportes. Notas periodísticas de agosto de 2018 registraron ese mismo problema (ver acá y acá)

“Se permitió el ingreso con la partida de nacimiento, que acredita vínculo pero no identidad porque no tiene datos biométricos; pero para acceder a la residencia los chicos van a necesitar un documento de identidad, por lo que el consulado debería emitirles un pasaporte”, agregó.

Personas sin documentación al día pueden haber ingresado al país a través de un pedido de asilo, pero la cifra tampoco es cercana a la mencionada por la funcionaria: 312 refugiados venezolanos viven en la Argentina y otros 3.826 tienen solicitudes pendientes, de acuerdo con datos oficiales publicados en la Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela de la Organización de las Naciones Unidas.

A pesar de que Carignano criticó públicamente la disposición, Chequeado no encontró ningún registro de que la norma haya sido derogada, por lo que seguiría vigente. Desde CAREF también confirmaron la vigencia de la disposición criticada.

Antecedentes penales

Carignano también mencionó que se permitió el ingreso de los migrantes en cuestión “sin verificar antecedentes penales”. Al momento de la entrada al país de cualquier persona, Migraciones consulta distintas bases “para averiguar si tiene una orden de captura o algún impedimento para circular”, explicó Galoppo. 

En el sitio oficial de la Dirección de Migraciones se explica que el Sistema Integral de Captura Migratoria (Sicam) incluye un sistema conectado a Interpol Internacional que tiene “todos los registros globales de restricciones”, y 2 bases con información anticipada de los pasajeros de vuelos con destino a la Argentina, entre otras fuentes de información.

Para los trámites de radicación legal, la Disposición N° 520/19 también estipuló que, para los mayores de 16 años, “bastará la presentación del certificado de carencia de antecedentes penales de la República Bolivariana de Venezuela, el cual deberá ser verificado a través de la consulta informática a la página web correspondiente o por medio de la representación consular venezolana en el país, eximiéndose de la legalización de tal documentación”.

Como cita la disposición, la Ley de Migraciones habilita que “excepcionalmente, en los casos de los refugiados y de fuerza mayor, la Dirección Nacional de Migraciones podrá eximir” de ese apostillado o legalización que debe tener toda documentación emitida por una autoridad extranjera que se presente en un trámite local.  

Si bien Venezuela fue suspendida del Mercosur en 2017, los migrantes venezolanos pudieron seguir ingresando al país y tramitando su residencia como integrantes de la alianza. Para la residencia legal en el país, debían presentar, entre otros documentos, certificados que prueben la carencia de antecedentes penales en Venezuela y en la Argentina. 

La documentación venezolana generaba demoras en los trámites, tanto su tramitación online como su “apostillado” o legalización. 

En 2018, la Dirección de Migraciones permitió “previa evaluación y consideración de cada caso en particular, que permitan dar continuidad a los trámites migratorios de residencia iniciados por nacionales venezolanos cuando razones ajenas a su voluntad impidan o dificulten la obtención o el cumplimiento de presentación de recaudos documentales exigibles para la adquisición de la radicación, en la medida en que ello no redunde en un riesgo a la seguridad pública”.

Un documento elaborado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) señala que, “más allá de sus buenas intenciones, esta disposición no tuvo aplicación uniforme en todas las sedes de la Dirección Nacional de Migraciones y numerosas personas no pudieron iniciar el trámite ya que les continuaban exigiendo la presentación de la totalidad de la documentación”.

El informe también indica que Migraciones “recibía los antecedentes sin apostillar y los derivaba al Consulado para que éste confirmara su autenticidad y se pudiera proseguir el trámite” y además identificaron casos en donde la autoridad migratoria derivaba a las personas al Consulado, para que allí soliciten el apostillado pendiente.

Consultado por Chequeado, García, ex director de Migraciones, indicó que entre 2016 y 2019 la Argentina otorgó la radicación legal en el país a 182.278 migrantes venezolanos. 

En relación a la disposición de 2018, señaló que “en la práctica se les otorgaba mayor cantidad de tiempo para presentar la documentación necesaria”. Mientras que sobre la disposición de 2019, indicó que “los ciudadanos venezolanos no estaban exceptuados de presentar el certificado de antecedentes penales, el que se consultaba en la página web de antecedentes de la República Bolivariana de Venezuela o en su Consultado en la Ciudad de Buenos Aires, para toda persona de esa nacionalidad que solicitara su radicación, por lo que ninguna residencia fue otorgada sin ese certificado de antecedentes penales”.

“El requisito que se eximió fue el que dicho documento tuviera la Apostilla de La Haya (certificado de legalización de documentos internacionales), para lo que el Director Nacional de Migraciones está autorizado en casos de fuerza mayor (sin duda la crisis de Venezuela lo es)”, agregó.

Por su parte, Galoppo explicó que “en nuestra experiencia en CAREF, cuando asesoramos a migrantes venezolanos que estaban tramitando su residencia, ante las demoras, Migraciones les daba más tiempo para completar la documentación”.

La flexibilización de los trámites, una propuesta regional

En diálogo con Chequeado, Vincenzo Pensa, ex presidente de la Asociación de Venezolanos en la Argentina (Asoven), señaló que la medida tomada por el gobierno de Macri no fue una acción aislada. La Argentina forma parte de lo que se conoce como el Proceso de Quito, una iniciativa que busca dar respuesta a la crisis migratoria venezolana. Es que, en los últimos años, casi 6 millones de venezolanos dejaron su país y se reubicaron en otros países, la mayoría de ellos en América Latina y el Caribe.

En septiembre de 2018, se reunieron representantes de los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay y se comprometieron a “acoger los documentos de viaje vencidos como documentos de identidad de los ciudadanos venezolanos para fines migratorios para facilitar la circulación de las personas”, según explica el sitio oficial.

También instaron al Gobierno venezolano a tomar las “medidas necesarias para la provisión oportuna de documentos de identidad y de viaje de sus nacionales”. 

En resumen, si bien Carignano dijo que ingresaron 600 mil ciudadanos venezolanos sin documentos y que la autoridad argentina no verificó sus antecedentes penales, ante los pedidos de este medio no presentó información de que esto haya sido así. Además, desde la vigencia de la disposición mencionada, ingresaron casi 190 mil venezolanos. 

Mientras tanto, la información disponible demuestra que, si bien se flexibilizaron los trámites de ingreso y residencia para la población venezolana -en el marco de la crisis migratoria en la que casi 6 millones de personas dejaron su país-, las facilidades no fueron aplicadas a la cantidad de personas que ella indicó y, además, eso no implicó el abandono de los controles migratorios.

Chequeado hizo un pedido de acceso a la información pública para acceder a esta información, que no fue compartida ante la consulta de prensa. En su respuesta, la Dirección de Migraciones no informó cuántas personas ingresaron con documentación vencida.

Además, indicó: “No se cuenta con datos específicos acerca de extranjeros venezolanos que hayan iniciado trámites y recibido un Certificado de Residencia Precaria sin presentar certificado de carencia de antecedentes penales del país de origen”.

Por último, en cuanto a las solicitudes en trámite, el organismo dependiente del Ministerio del Interior indicó que tienen registro de 6.793 personas venezolanas que solicitaron la residencia en el país y adeudan información, por lo que fueron intimados a completarla.

Última actualización 08/06/2021: la nota fue actualizada con la respuesta de la Dirección de Migraciones a un pedido de acceso a la información de Chequeado.