CFK: “Con el sistema actual, los procesos duran un promedio no menor a los 4 años”

La presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, anunció el martes último el envío al Congreso de un proyecto para sancionar un nuevo Código de Procedimiento Penal Nacional que agilice los procesos criminales y criticó: “Con el sistema actual, los procesos duran un promedio no menor a los 4 años”.

No hay datos oficiales ni privados publicados sobre la extensión completa de los procesos penales en la Argentina. Las cifras que existen no contabilizan la demora en la decisión de la Corte Suprema, e incluyen en el total todas las formas de resolución de los casos, como por ejemplo las desestimaciones. Sin embargo, los especialistas coinciden en que la duración de los juicios es excesiva y el promedio podría ser cercano a los cuatro años, aunque el tiempo depende de distintos factores como la complejidad del delito investigado.

Una causa penal tarda en promedio dos años en finalizar, según la tasa de duración de 2012 de los procesos que el Poder Judicial de la Nación publica para la Justicia de la Capital Federal. El cálculo tiene en cuenta el paso por la primera y la segunda instancia, sumado a la resolución en la Justicia Penal Oral Ordinaria, aunque no incluye la demora en una eventual revisión por parte de la Corte Suprema.

“El problema con estos números es que incluyen todas las formas de resolución, y según cómo finaliza el proceso la duración es muy diferente. Si se archiva un expediente en una semana y todos los expedientes archivados se incluyen en el promedio, este va a ser llevado hacia abajo”, señaló Germán Garavano, director de la ONG Unidos por la Justicia y actual consejero suplente del Consejo de la Magistratura de la Nación.

En esto coincidió el abogado penalista de la Universidad de Buenos Aires (UBA) Martín Gershanik, quien destacó que la gran mayoría de las resoluciones son de baja calidad, es decir con vías diferentes al proceso normal, entre las que incluyó los archivos, desestimaciones e incompetencias, entre otros. “En principio, el problema de las demoras está en la etapa de instrucción, porque a juicio llega un porcentaje muy bajo de las causas”, agregó en esta línea Martín Casares, abogado e integrante del área de Justicia y Derechos Humanos de la Fundación Pensar del PRO.

Los últimos datos sobre la duración completa de los procesos en los tribunales penales de la Ciudad de Buenos Aires son de una investigación publicada en 2004 y realizada por el entonces director general de la Oficina de Investigación y Estadísticas Político Criminales de la Procuración General de la Nación, Adrián Marchisio, según la cual la duración promedio del proceso penal se calculaba en 41 meses, casi tres años y medio. La mediana, es decir el plazo más usual, se ubicaba en 33 meses -dos años y siete meses-, y la duración máxima en el estudio es de casi 15 años.

No existe consenso sin embargo sobre si esos datos son representativos de la situación actual. “Como no hubo reformas procesales significativas, los datos actuales tendrían que ser similares al estudio de Marchisio”, señaló Casares. Gershanik, por su parte, destacó que “el plazo que mencionó la Presidenta parte de una apreciación personal que no es lejana a la realidad, pero no es un dato preciso ya que no hay datos actuales”. En cambio, para Garavano, ex fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, es un dato demasiado desactualizado.

Otra cuestión es la representatividad de los promedios de duración. El fiscal de la Cámara de Casación y titular de Derecho Penal de la UBA, Javier De Luca, explicó a Chequeado que hay que tener cuidado con esto porque hay mucha diferencia entre la duración de los distintos tipos de causas. “El proceso de un delito económico puede durar 14 años, mientras un hecho de flagrancia (cuando se detiene a una persona en el momento en el que está comiendo el hecho delictivo) se puede resolver en seis meses”, ejemplificó y agregó que en el tiempo influye tanto la naturaleza y complejidad del hecho como los intereses que confluyen en la causa.

“La excesiva duración de los procesos se debe en primer lugar a la tramitación burocrática y los problemas de gestión”, apuntó Paula Litvachky, directora del área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Las consecuencias, según la especialista, son desde el punto de vista de la víctima la sensación de impunidad y, desde el imputado, la tardanza en la decisión sobre su culpabilidad o inocencia.

“Esto da lugar a una tercer consecuencia que es la utilización sistemática de la prisión preventiva como primer respuesta a los delitos, lo que genera una gran cantidad de presos sin condena”, concluyó. Para más información sobre este tema, ver este chequeo.

Julián Álvarez, secretario de Justicia de la Nación, utilizó una frase similar a la de la presidente, al señalar que “hoy un proceso judicial para elevarlo a juicio –con indagatorias, procesamiento de personas- tarda cuatro años de promedio”. Chequeado se comunicó con el vocero del Ministerio de Justicia de la Nación para consultar por la fuente de esos datos, pero hasta el momento de publicación de esta nota no había obtenido resupuesta.