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CFK: “Macri tuvo que reestablecer el denominado ‘cepo’ cambiario pero con una restricción mucho mayor: sólo podían comprarse para ahorro US$ 200 por mes -menos del 10% de aquellos tan cuestionados US$ 2.500-”

Engañoso

¿Qué significa?
La afirmación puede coincidir parcialmente con ciertos datos, pero -intencionalmente o no- ha sido manipulada para generar un mensaje en particular.

Prensa Senado

27 Octubre, 2020 18:37 pm | Tiempo de lectura: 2 minutos
27 Octubre, 2020 18:37 pm
| Tiempo de lectura: 2 minutos

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, publicó el 27 de octubre una carta a 10 años de la muerte de su marido, el ex presidente Néstor Kirchner. Allí se refirió, entre otros temas, a las restricciones para acceder al dólar durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri (Cambiemos).

“Macri tuvo que reestablecer el denominado ‘cepo’ cambiario pero con una restricción mucho mayor: sólo podían comprarse para ahorro US$ 200 por mes -menos del 10% de aquellos tan cuestionados US$ 2.500-”, sostuvo la ex presidenta.

La comparación de Fernández de Kirchner respecto del cepo y el dólar es engañosa. Si bien los números son similares a los señalados por la vicepresidenta, las restricciones fueron distintas no sólo en el monto que se puso como tope.

Las medidas dispuestas por el gobierno de Macri establecieron un cepo que habilitaba la compra de US$ 200, pero todos (cualquier persona) podían acceder a ese monto. Con las medidas dispuestas en la última Presidencia de Fernández de Kirchner, las personas podían comprar hasta US$ 2 mil, pero requerían de una autorización de la AFIP para adquirir moneda extranjera y no todos podían comprar porque el organismo recaudador no autorizaba a todos los que lo solicitaban.

El 31 de octubre de 2011, luego del triunfo electoral del Frente para la Victoria en las elecciones presidenciales, se instalaron restricciones cambiarias que pasaron por estadíos diversos hasta fines de 2015. En un principio, se trató sólo de una autorización requerida a la AFIP para realizar la compra, pero para mediados de 2012 ya se había eliminado el llamado “dólar ahorro” y sólo se permitía comprar moneda extranjera para viajes al exterior.

Es decir que el cepo cambiario del gobierno de Fernández de Kirchner tuvo distintas facetas, incluso una en la que la compra de dólares para atesoramiento directamente estuvo prohibida.

El “dólar ahorro” volvió a habilitarse en enero de 2014, un año y medio después, pero con diversas limitaciones: sólo estaban habilitados a comprar quienes tuvieran un sueldo superior a 2 salarios mínimos, se podía destinar hasta un 20% del sueldo para su compra y el tope era de US$ 2 mil mensuales, cifra menor a la que mencionó ayer la vicepresidenta en su carta.

Este sistema rigió hasta que comenzó la Presidencia de Macri. El 16 de diciembre de 2015, el entonces ministro de Hacienda de la Nación, Alfonso Prat Gay, anunció el fin del cepo.

En septiembre de 2019, 3 semanas después de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) en las que la fórmula del Frente de Todos se impuso por una holgada diferencia sobre el oficialismo, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció restricciones a la compra de moneda extranjera. En un primer momento, se trató de una medida “light”se fijó un límite de US$ 10 mil mensuales.

Sin embargo, el 28 de octubre, un día después del triunfo de Alberto Fernández en las elecciones generales, Guido Sandleris, el entonces presidente de la entidad monetaria, anunció un fuerte ajuste del cepo: se podrían comprar sólo US$ 200 mensuales, el tope que rige hasta hoy.

Sin embargo, actualmente esos US$ 200 tienen 2 impuestos: un 30% del llamado impuesto PAIS y un 35% que fijó el Banco Central en septiembre último. Es por eso que la cotización oficial del dólar es de $ 83,5, pero quien adquiere la divisa en el mercado oficial termina pagando a un valor de casi $ 140.

Además, como ocurrió con el cepo entre 2011 y 2015, ya no todos pueden acceder a la moneda extranjera. Por ejemplo, el Banco Central no autoriza la compra de quienes sean beneficiarios de planes sociales o quienes hayan cobrado parte de su sueldo a través del programa Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).

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