¿Cumplió Macri lo que prometió en la apertura de sesiones del Congreso de 2016? (Nota I)

El 1° de marzo de 2016 el presidente de la Nación, Mauricio Macri, dio por primera vez su discurso de inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso. Entonces habló algo más de una hora: criticó la herencia recibida del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y adelantó varias medidas que llevaría adelante durante ese año, como por ejemplo el envío de diferentes proyectos al Parlamento para convertirlos en ley. ¿Qué fue de las promesas que hizo Macri?

A continuación, una primera revisión de las propuestas presentadas ante los legisladores que ponen en contexto el segundo discurso de Macri como Presidente, que será el próximo miércoles a partir de las 11:30 horas y que, por quinto año consecutivo, el equipo de Chequeado chequeará colectivamente y en vivo con un grupo de expertos, periodistas invitados y voluntarios.

– “Mucho se habló de la negociación con los holdouts, también conocidos como ‘buitres’. Ahora dependerá de este Congreso si terminamos o no de cerrar este conflicto que lleva 15 años”.

CUMPLIDA

Sólo dos días después del discurso de apertura de Macri, el Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso de la Nación un proyecto de ley para derogar las llamadas leyes “cerrojo” y de “pago soberano” -que impedían que la Argentina formulara una mejor oferta a los acreedores externos que quedaron fuera de los canjes de 2005 y 2010 (el 7,6% del total)- y emitir deuda en bonos para pagar en moneda extranjera a los holdouts.

Luego de que el texto oficial fuera aprobado en la Cámara de Diputados el 13 de marzo último, el Senado lo convirtió en ley a fines de ese mes con más de dos tercios de los votos. El proyecto incluyó una toma de deuda por alrededor de US$12.500 millones en bonos a 5, 10 y 30 años.

– “Me comprometo a publicar todos los datos, área por área, para que todos los argentinos sepan el estado en que estaba la Argentina, en diciembre de 2015”.

CUMPLIDA

En junio de 2016, meses después de su discurso y como prometió, Macri publicó en el sitio de Presidencia de la Nación un documento titulado “El estado del Estado. Diagnóstico de la Administración Pública Nacional en diciembre de 2015”. Allí, el Gobierno analiza la situación previa al cambio de mando en diferentes áreas como “desarrollo económico”, “trabajo y seguridad social” o “energía y minería”. El texto retoma la promesa realizada el 1º de marzo y adelanta que el informe “es la primera versión de ese compromiso”.

– “Sostuvimos la gratuidad de ‘Fútbol para Todos’, logrando ya bajar los costos y seguiremos en esa línea al licitar el sistema en el segundo semestre”.

INCUMPLIDA

El Gobierno nacional firmó un acta acuerdo con la AFA en febrero de 2016 en la que establecía algunas modificaciones al programa “Fútbol para Todos”. Entre otras cosas, se acordó el ingreso de canales privados con exclusividad de los contenidos (como Telefe y Canal 13 que pasaron los encuentros de Boca y River), y un pago en el primer semestre de $761 millones. En 2015 se habían utilizado $1.960 millones, una cifra mayor. En eso se basó Macri para señalar la baja en los costos y prometió seguir en esa línea manteniendo la gratuidad.

En 2016 finalmente “Fútbol para Todos” ejecutó $1.830 millones (según la última actualización del Ministerio de Hacienda, de diciembre de ese año), por lo que los montos nominales sí fueron menores. Si se tiene en cuenta que además hubo un 40% de inflación, la baja es aún mayor. Sin embargo, a diferencia de lo dicho, el Gobierno nacional anunció el fin del programa y la gratuidad de las transmisiones. “Tal cual nos lo solicitaron los clubes (…) el programa “Fútbol Para Todos” a partir del 1° de enero [de 2017] no va a existir más”, informó a fines de octubre de 2016 Fernando de Andreis, secretario general de la Presidencia de la Nación.

– “La inflación irá bajando con el correr de los meses”.

CUMPLIDA

Los datos del INDEC muestran que la inflación mostró una tendencia hacia la desaceleración entre mayo de 2016 y diciembre del mismo año, al pasar del 4,2% a un 1,2 por ciento. De esta manera, la variación de precios acumulada durante el segundo semestre del año último fue del 8,8 por ciento.

Si se observa la variación de la inflación en todo el año, los datos de las direcciones provinciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de San Luis -que el Gobierno nacional tomó como oficiales hasta la publicación del INDEC- muestran efectivamente que en el segundo semestre el aumento de precios fue menor al del primero (CABA: 9,1% vs. 29,1%; SL: 9,1% vs. 20,5%).

– “También necesitamos una nueva ley de compras públicas y desarrollo de proveedores, para romper los bolsones de corrupción y mejorar la eficiencia”.

INCUMPLIDA

La gestión que encabeza Macri no avanzó en la sanción de una ley que regule las compras del Estado, aunque modificó la normativa vigente.

En mayo de 2016 el Gobierno cambió por decreto la reglamentación sobre el tema al elevar los montos mínimos a partir de los cuales es necesario realizar una licitación pública, “con la finalidad de otorgar mayor flexibilidad y rapidez a la gestión de las contrataciones”. Es decir, que se aumentaron los montos que permiten contrataciones directas o licitaciones privadas.

Además, también por decreto, el Gobierno aprobó un nuevo régimen de contrataciones para los bienes y servicios, y en noviembre último el Congreso aprobó una ley para habilitar contratos con participación público-privada. Sobre esta última norma, la especialista en compras públicas Natalia Volosín sostuvo que “implica necesariamente mayor discrecionalidad y mayor riesgo de corrupción”, y recordó que en lo que respecta a obra pública la norma es de 1947.

– “Para cuidar a los que menos tienen, vamos a proponer la devolución del IVA para los productos de la canasta básica alimentaria”.

CUMPLIDA

En línea con lo anunciado, el Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley para reintegrar el impuesto en determinadas compras, que fue aprobado a mitad del año último. De acuerdo con la norma y su reglamentación, la devolución rige para compras con tarjeta, por un 15% del monto de las compras y con un tope de $300 mensuales por beneficiario, que debe actualizarse dos veces por año.

La medida alcanza a jubilados y pensionados que cobren la mínima, titulares de pensiones no contributivas y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación por Embarazo, un total de 8,6 millones de personas de acuerdo con lo informado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

– “Desarrollaremos inversiones públicas de infraestructura productiva y social. El objetivo es llevar desarrollo y trabajo a los que viven en las provincias del Norte Grande”.

EN PROCESO, DEMORADA

Si bien Macri no lo explicitó durante su discurso, la propuesta electoral de Cambiemos incluía la creación de un plan de alrededor de US$ 16 mil millones a diez años que beneficiaría a las provincias del Norte Grande: Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa y Santiago del Estero. Estos fondos se dividirían en US$ 10 mil millones para infraestructura vial, US$ 5 mil millones para la rehabilitación ferroviaria y US$ 250 millones para mejoras aerocomerciales.

Según un documento enviado a Chequeado por el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, la infraestructura vial y de transporte tuvo $8.893 millones en 2016 y $9.579 millones en 2017. Este aumento de casi 8% estuvo muy por debajo de la inflación de 2016, que alcanzó un total acumulado de 41%, según la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Si se analizan estas inversiones en dólares, teniendo en cuenta el tipo de cambio promedio que calcula el Presupuesto 2017 ($14,99 en 2016 y $17,92 en 2017), la inversión en infraestructura vial y de transporte entre 2016 y 2017 acumularía 1.128 millones de dólares. Al sacar el promedio anual para llegar a las US$ 16 mil millones en diez años, el número sería US$ 1.600 millones por año, por lo que lo invertido en 2016 y 2017 estaría por debajo. Aunque, cabe decirlo, las inversiones podría aumentar en lo que resta de la gestión de Macri hasta 2019.

– “Promoveremos la rápida sanción de la ley de acceso a la información pública para que, junto a la política de gobierno abierto, tengamos un Estado transparente y abierto a la colaboración”.

CUMPLIDA

Luego de realizar algunas modificaciones al proyecto original del Poder Ejecutivo Nacional, el Congreso sancionó en septiembre último la Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública. La norma contempla la posibilidad de recibir datos públicos de los distintos poderes e instituciones del Estado nacional, de las empresas estatales, y las entidades que reciban fondos públicos, entre otros.

Hay que señalar que, de acuerdo con el decreto reglamentario, la norma entrará en vigencia en septiembre de 2017.

– “También les pido que avancemos en la designación de los jueces de la Corte Suprema, así normalizamos lo antes posible su funcionamiento”.

CUMPLIDA

Con las renuncias de los jueces Eugenio Zaffaroni y Carlos Fayt, la Corte Suprema de Justicia de la Nación quedó conformada por tres miembros, menos que los cinco que establece la ley. Para completar los cargos del máximo tribunal, Macri designó por decreto a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, mecanismo criticado tanto por la oposición como por integrantes del oficialismo. Por esto, el Gobierno dio marcha atrás con la medida y recurrió al procedimiento de audiencias y acuerdo legislativo previsto en la Constitución y el Decreto 222/2003, dictado durante el gobierno de Néstor Kirchner. Finalmente, en junio de 2016 ambos candidatos fueron confirmados por el Senado de la Nación.

– “El otro proyecto de ley, que considero primario para nuestro futuro, es el de la creación del Instituto de Evaluación de la Calidad y Equidad Educativa”.

EN PROCESO, ADELANTADA

En noviembre de 2016, en las Comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación el bloque de Cambiemos logró dictamen de mayoría para un proyecto del diputado Carlos Rubin (Bloque Justicialista) que crea un Instituto de Evaluación de Calidad y Equidad Educativa. El Poder Ejecutivo Nacional incluyó este dictamen en el temario de sesiones extraordinarias pero finalmente el proyecto no se trató en el recinto, por lo que aún falta su aprobación en ambas Cámaras.

El proyecto crea un instituto con personería jurídica propia y autonomía administrativa, técnica y operativa, que reemplazará a la actual Secretaría de Evaluación Educativa, creada por decreto en abril del año último y que hoy depende del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación. El objetivo de la creación de la Secretaría que hoy está a cargo de Elena Duro fue “obtener información periódica y estratégica para la toma de decisiones y para el fortalecimiento de las instituciones educativas y sus actores”.