Frigerio: “Hubo más deportaciones este último año que en los últimos diez años”

Luego de la detención de extranjeros en los alrededores del Congreso en medio del debate por el Presupuesto 2019, el ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio, se refirió en conferencia de prensa a la aplicación del DNU 70/2017, que modificó la Ley de Migraciones, y señaló: “Hubo más deportaciones este último año que en los últimos diez años”. ¿Qué dicen los datos?

En la marcha del miércoles último fueron detenidas 26 personas. Cuatro de ellas son extranjeras: dos venezolanos, un paraguayo y un turco. En la conferencia, Frigerio anunció junto con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que impulsarán la expulsión de estos migrantes.

Según datos de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), en lo que va de 2018 fueron expulsados 150 extranjeros. Se trata de personas deportadas por violación a la Ley de Migraciones y son casos en los que la expulsión ya se materializó. El dato es el mayor de toda la serie, que se inicia en 2006, dos años después de la sanción de la ley.

Sin embargo, según las cifras oficiales, entre 2007 y 2017 fueron expulsados 186 migrantes por violaciones a la Ley de Migraciones y en 2018 la cifra fue de 150 expulsiones. Es decir que, si bien las deportaciones aumentaron, no hubo más que en el acumulado de los diez años anteriores, como dijo Frigerio.

En esta estadística están incluidos los inmigrantes expulsados por distintas causales, como “antecedentes penales, el ingreso al país por un paso fronterizo irregular y todas las otras causales que establece la Ley de Migraciones para dictar expulsiones”, explicó a Chequeado Lucía Galoppo, responsable del área Legal de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF).

El DNU, entre otras modificaciones, estableció que se le puede iniciar un trámite de expulsión a los extranjeros con condena o antecedentes por cualquier delito con pena de prisión. Antes, la Ley de Migraciones establecía esto sólo para delitos complejos, como la trata de personas, el narcotráfico, el tráfico de armas y otro delitos con penas mayores a tres años. Además, al referirse a “antecedentes”, el nuevo decreto estableció que no es necesaria una condena para iniciar el trámite de expulsión de un extranjero, sino que alcanza con un procesamiento firme.

Además, “con el nuevo decreto se aceleraron los plazos. Por un lado, se acotaron los tiempos para que el extranjero al que se le inicia un trámite de expulsión pueda conseguir un defensor y presentar los trámites. Y, por otro, se limitó la posibilidad de que as personas migrantes puedan acceder a las defensorías”, señaló a este medio María Paula Cicogna, doctora en Antropología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y especialista en refugiados.

Esto también fue denunciado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, que señaló que el decreto acortó a tres días el plazo para interponer recursos judiciales ante la notificación a un extranjero de una deportación.

“El mecanismo de tres días hábiles para recurrir, en forma ‘fundada’, no parece cumplir con los objetivos de la Ley 25.871 [de Migraciones] sino más bien privar a un colectivo tradicionalmente considerado vulnerable del derecho de acceso a la justicia y debido proceso. ¿Cómo puede construirse una defensa técnica adecuada en tan exiguo plazo?”, señala un informe de la Defensoría.