Garavano: “La relación entre los delitos cometidos y las personas condenadas es menor al 1%”

“La Argentina es uno de los países con mayores niveles de impunidad de la región y del mundo”, aseguró el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, en diálogo con “Cada Mañana” en Radio Mitre, y añadió: “Cuando uno hace un análisis sobre la cantidad de hechos delictivos que se cometen y las personas que están efectivamente condenadas el número es menor al 1%”.

De acuerdo con los datos oficiales que la Subsecretaría de Política Criminal de la Nación del Ministerio de Justicia envió a Chequeado, en 2015 se realizaron 1,5 millones de denuncias por delitos cometidos en la Argentina, mientras que en ese mismo año las sentencias condenatorias de efectivo cumplimiento fueron 21 mil. Por lo tanto, en un 1,4% de los casos el acusado fue encontrado culpable y tuvo que cumplir una pena en prisión.

“El porcentaje aumenta a un 2,3% cuando la sentencia es de ejecución en suspenso pero desde el Ministerio de Justicia consideramos que este tipo de fallo transmite un mensaje de impunidad a la sociedad”, señaló a este medio Martín Casares, subsecretario de Política Criminal.

Para comparar las dos cifras se utilizan los casos registrados por los sistemas de Seguridad y Justicia, y esta tendencia se repite en años anteriores. Siempre al considerar los datos del fuero penal.

 
 
Sin embargo, en la mayoría de los casos los delitos no son denunciados por las víctimas. El último estudio de victimización del Ministerio de Justicia nacional, con datos de 2007, señaló que un 66% de delitos no fueron denunciados frente al 33% de los delitos denunciados. Otros indicadores privados, como el estudio de victimización de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), arrojan resultados similares.

Este bajo nivel de denuncia, entonces, hace que los casos con sentencias que se cumplen al momento de la condena representen un porcentaje aún menor del total de delitos cometidos. Si los 1,5 millones de delitos denunciados solo representan un 33% del total, entonces se puede aproximar que en total se cometieron 4,6 millones de delitos. Por ende, el 0,78% de estos tuvieron una sentencia condenatoria y, más específicamente, el 0,45% de los casos fueron sentenciados a cumplir una pena de prisión.

Especialistas en temas de Seguridad, en tanto, consideran esta metodología una simplificación que esconde los largos periodos de tiempo hasta el dictado de una sentencia firme y las diferencias entre distintos tipos de delitos.

“Tanto por cuestiones de calendario como por la morosidad del sistema penal, muchas condenas dictadas en un año corresponden a hechos cometidos en años anteriores. Por lo que aun conociendo la totalidad de los delitos y de las sentencias condenatorias de cada año, eso solo daría una aproximación inespecífica del grado de esclarecimiento de los casos penales”, indicó a este medio Tobías Schleider, investigador del ILSED y consultor internacional en Seguridad Ciudadana en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En la misma línea, Paula Litvachky, directora del Área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), señaló a Chequeado que “este indicador resume un conjunto muy heterogéneo de información en tanto reúne fenómenos delictivos de distinto tipo” y agregó que “parte de la dificultad de evaluar los pronunciamientos del Ministro tiene que ver con la ausencia de registros estadísticos sistemáticos, confiables y públicos”.

El panorama del sistema judicial actual también incluye la paradoja de que, a pesar de que el porcentaje de condenas es reducido en relación con la cantidad de delitos, a su vez existe una gran cantidad de personas que se encuentran detenidas sin contar con una sentencia firme que demuestre su culpabilidad o confirme su inocencia.

De acuerdo con el informe del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena de 2015, elaborado por el Ministerio de Justicia de la Nación, más de la mitad de las personas privadas de su libertad aún no tenían condena. “Esto responde a una tendencia histórica que fue más pronunciada aún hasta el año 2010 y que en los últimos períodos fue menos categórica”, detalla el estudio.

“La tasa de resolución de delitos es baja pero el problema no son las leyes penales sino una mala política de prevención del delito y el mal funcionamiento del sistema de Justicia. Los aparatos de investigación criminal, que recaen principalmente en la policía, el Ministerio Público Fiscal y los jueces de instrucción, tienen pocos recursos y una capacidad limitada de resolver casos complejos”, concluyó Litvachky.

Esta nota es resultado de un pedido en la plataforma Chequeo Colectivo.