¿CFK no tiene título de abogada?

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner “cometió errores realmente calamitosos desde el punto de vista de conocimiento del Derecho. Tanto, que ya presumía que no era abogada, ahora tengo prácticamente la convicción. Yo quiero que me muestre el título, que no lo esconda más”, apuntó el abogado constitucionalista Daniel Sabsay durante el coloquio de IDEA, que reúne anualmente a los principales empresarios.

El rumor que Sabsay amplificó empezó en 2004, en base a dudas sobre fechas y a que Fernández de Kirchner no estaría inscripta “en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal ni en ningún Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires. En Río Gallegos, si bien no existe Colegio de Abogados, debería haberse inscripto en el Tribunal Superior de Justicia, lo cual no ha hecho jamás”.

Vale aclarar que deben inscribirse en los Colegios de Abogados quienes quieran obtener la matrícula de un distrito judicial y así poder litigar, pero si no se ejerce la profesión (no se trabaja de abogado), ello no es necesario.

En ese momento, el rector de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Gustavo Adolfo Azpiazu, y el decano de la Facultad de Derecho de la UNLP, Hernán Gómez, emitieron un comunicado oficial donde señalaron que “según todas las constancias obrantes en esta casa de altos estudios, la señora Cristina Elisabet Fernández, se graduó en el mes de octubre de 1979, siéndole expedido el título de abogada el día 10 de diciembre de 1979”.

Además mencionaron que “la totalidad de la documentación que acredita lo antes expresado se encuentra a resguardo en esta Universidad, de la que sólo se entrega constancia a petición del graduado o a requerimiento judicial”. Es decir, que no podían difundir públicamente la documentación del título. Luego del pedido público de Sabsay, el vicerrector de la UNLP declaró que la Universidad ya había exhibido el título y el certificado ante la Justicia.

En las últimas semanas, se sumaron en esta línea dos periodistas y biógrafos de la pareja Kirchner: Walter Curia, autor de “El último peronista” sobre Néstor Kirchner, señaló haber visto el certificado analítico en 2003, y Laura Di Marco, que escribió “Cristina Fernández: la verdadera historia”, coincidió en que la Presidenta se recibió de abogada y que a diferencia de lo apuntado por el portal Tribuna de Periodistas “figura su número de matrícula (Tomo II Folio 160) en el padrón de letrados” de la Provincia de Santa Cruz.

El periodista Omar Lavieri, por su parte, publicó una copia del Acta 710, Folio 237, del libro de Actas de Registro de Títulos N°76 de la UNLP, que corresponde a la inscripción del título de abogada de Cristina Elizabet Fernández, y repasó distintos casos donde la Justicia desestimó denuncias por usurpación de título contra la Presidenta.

Chequeado formuló el lunes un pedido de Acceso a la información pública para obtener una copia del título de la Presidenta, que constaría en el legajo personal de la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación. De acuerdo con el Decreto 1172/03, el secretario general de Presidencia, Oscar Parrilli, tiene un plazo no mayor a diez días hábiles para proveer la información solicitada.

Actualización:

El 5 de diciembre de 2014 Chequeado recibió una respuesta de la Secretaría General de Presidencia de la Nación, con fecha del 25 de noviembre del mismo año, en la que señala que no entregaría la copia del título porque la considera “información referida a datos personales (conforme a la Ley 25.326 y a dictámenes de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales)”.

Este es el mismo argumento que había utilizado el Ministerio de Desarrollo Social para negar información sobre los beneficiarios de los planes sociales al Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).

En dicha causa, la Corte Suprema de Justicia de la Nación señaló que solo se puede exceptuar la entrega de información pública si esta refiere “a datos personales de carácter sensible”, entendidos como “datos personales que revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual”, por lo que ordenó al Estado a difundir la información solicitada y a dictar “urgentemente” una ley que regule el derecho a la información. El título de la Presidenta no corresponde a ninguno de los parámetros de los datos sensibles.