Javier Milei: “El 60% del ajuste cae sobre el sector público”

El presidente de la Nación, Javier Milei, aseguró, en declaraciones al programa La Noche de Mirtha, que se emite por Canal 13, que “el 60% del ajuste cae sobre el sector público”.

Esto es engañoso. Según cálculos del Ministerio de Economía de la Nación, en 2024 se buscará reducir el déficit en aproximadamente 5 puntos del PBI, a partir de un aumento de los ingresos (mediante subas impositivas) equivalente al 2,2% del PBI y un recorte en los gastos del Estado por 2,9 puntos del PBI (es decir, el 60% del total). 

Sin embargo, esto último afecta también al sector privado, como por ejemplo el ajuste en jubilaciones y pensiones o en los subsidios a los servicios públicos, como la luz, el gas y el transporte. Esto fue omitido por Milei.

Qué dijo Javier Milei

El Presidente de la Nación señaló, en referencia a sus primeras medidas de gobierno: “Nos vimos obligados a hacer un programa de estabilización muy duro, que implica un ajuste fiscal de 5 puntos del PBI. La primera vez en la historia que no lo paga enteramente el sector privado, sino que el 60% del ajuste cae sobre el sector público”.

En una entrevista más reciente al programa López 910, que se emite por Radio La Red, Milei se explayó sobre este punto al indicar que “el sector privado solamente paga 2 puntos del ajuste. Eso significa que cae 3 puntos el sector público. Esto es la primera vez que en términos netos en un ajuste el sector privado sale ganando y el único perdedor neto es el Estado”.

Chequeado consultó al vocero presidencial Manuel Adorni y al área de Prensa del Ministerio de Economía de la Nación para conocer la fuente de los dichos del Presidente, pero hasta el cierre de esta edición no había obtenido una respuesta. 

El reparto del ajuste promovido por el Gobierno

El 12 de diciembre de 2023, la cuenta de X (antes Twitter) del Ministerio de Economía de la Nación publicó un mensaje en el que mostraba de qué partidas presupuestarias se iban a realizar recortes para eliminar el déficit primario (es decir, la diferencia entre los ingresos y los gastos de la administración, antes del pago de deudas). 

Allí se mostraba una reducción del déficit superior al 5% del PBI, que se dividía entre un aumento en los ingresos por el 2,2% del PBI y una reducción de gastos del 2,9% del Producto. Esto coincide con los dichos de Milei, puesto que el 40% del ajuste se produciría a partir de aumentos impositivos, mientras que el 60% sería a través de la reducción de los gastos.

“La prioridad del Gobierno nacional es alcanzar el superávit fiscal en el primer año de mandato. Los siguientes números reflejan el ajuste inevitable que enfrentaremos a fin de lograr ese objetivo”, explicó el organismo.

¿Cómo se desglosa este ajuste propuesto por el Gobierno, según Economía? De acuerdo con las previsiones oficiales, los 2,2 puntos extra de recaudación provendrían de las siguientes medidas: 0,8 puntos del aumento al 17,5% del Impuesto PAIS a las importaciones de bienes y servicios (medida ya vigente); 0,5 puntos del cobro del 15% de retenciones a las exportaciones de productos actualmente no alcanzados por ese tributo (medida contemplada en el proyecto de Ley Ómnibus); 0,4 puntos por la reversión de la reforma del impuesto a las Ganancias (que aún no fue presentada al Congreso); y 0,5% por la reforma del impuesto a los Bienes Personales y la moratoria y el blanqueo previsional (previstas también en el proyecto de Ley Ómnibus). 

Se trata, efectivamente, de medidas que apuntan a aumentar la recaudación mediante el cobro de impuestos al sector privado. 

En cuanto a los gastos, el Gobierno prevé un ahorro de 0,4 puntos del PBI en jubilaciones y pensiones; 0,5 puntos en transferencias corrientes a provincias; 0,7 puntos en subsidios económicos; 0,7 puntos de gastos de capital; 0,4 puntos de programas sociales con intermediarios y 0,5 puntos de gastos de funcionamiento (vinculados a gastos administrativos). 

¿Ajuste en el sector público o ajuste al sector privado?

Efectivamente, el ahorro equivalente a 2,9 puntos del PBI se lograría a partir de una reducción en los gastos del Estado. Pero muchos de esos recortes terminarán recayendo sobre el sector privado. 

Como explica el Ministerio de Economía en su página web, las partidas presupuestarias destinadas a jubilaciones y pensiones “representan el 46,2% del gasto del Presupuesto y responden a cubrir contingencias sociales de los trabajadores asociados a la vejez, la invalidez laborativa, las cargas de familia y el desempleo”.

En tanto, los subsidios económicos son una asistencia al sector privado, mediante la cual el Estado se hace cargo de una parte de los costos asociados a la prestación de los servicios públicos (como la luz, el gas y el transporte), para abaratar la factura que pagan los usuarios finales. 

Por su parte, los gastos de capital engloban la inversión del Estado en obra pública o en transferencias al sector privado, aunque también incluye los aportes a algunas empresas estatales. 

Las transferencias corrientes a las provincias son partidas del Gobierno nacional destinadas a saldar gastos corrientes de las provincias, como el Fondo Nacional de Incentivos Docente o los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

En cuanto a los planes sociales, el Ministerio de Economía habló de recortes en los “intermediarios”, pero no se dieron detalles respecto a qué tipo de beneficios o sector se hace referencia. 

Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) que dirige Nadin Argañaraz -ex subsecretario de Desarrollo en el Ministerio de Hacienda entre 2016 y 2017, durante la gestión de Mauricio Macri (Cambiemos)-, señala que, efectivamente, “el gasto aportaría un 60% del esfuerzo fiscal necesario”.

Al ponderar el aporte de cada sector al 60% de la reducción del déficit a través de los gastos, el IARAF calculó que el recorte en los subsidios aportaría 13 puntos porcentuales, al igual que las obras públicas. En tanto, las transferencias a las provincias y los gastos de funcionamiento sumarían cada uno el 9,3 puntos cada uno; y las jubilaciones y pensiones y los programas sociales, 7,4 puntos cada uno. 

Es decir que al menos un tercio de los recortes (el 20,4% del total) tendría un impacto directo en el sector privado, a través de las jubilaciones y pensiones y los subsidios. Si se considera el impacto en las obras públicas y las transferencias a las provincias o los programas sociales, el impacto puede ser mayor, aunque es difícil saber cuánto de esos recortes podría afectar al sector privado. 

Guido Zack, director de Economía del think tank Fundar, dijo a Chequeado que “todo gasto del Estado, directa o indirectamente, termina impactando en el sector privado. Y, por ende, toda reducción termina afectándolo”. 

El especialista explicó además que “se pueden identificar 5 agentes en la economía: familias, empresas, sector público no financiero, Banco Central y sector externo. Cada uno se van interconectando de diversas formas. No hay manera de parcelar a una economía, porque todo está interconectado”. 

Por su parte, Lucio Garay Méndez, analista de la consultora Eco Go -que dirige Marina Dal Poggetto, subgerente de Análisis Macroeconómico del Banco Central durante la gestión de Mauricio Macri- señaló a este medio que “una parte de esos recortes de gastos del Estado van a impactar en el sector privado”, y enumeró entre los sectores alcanzados a “las familias que reciben ingresos del Estado: jubilados, pensionados, trabajadores, becarios y profesores, entre otros”.

Por esto, la frase de Milei, quien dijo que “el 60% del ajuste cae sobre el sector público”, es engañosa, dado que una parte del recorte de gastos del Estado afectará al sector privado, como por ejemplo el ajuste en jubilaciones y pensiones o en los subsidios a los servicios públicos, como la luz, el gas y el transporte. Esto fue omitido por Milei.