“La coparticipación era del 50-50, después fue del 60-40 y ahora es 75 para Nación y 25 para las provincias”
El jueves 10 de mayo, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, afirmó en una entrevista en Radio Mitre que “la coparticipación se repartía en alguna época 50-50, hasta hace muy poco 60-40, y cuando llegó el kirchnerismo fue cambiando la coparticipación y hoy es 75-25”. Macri aludió así a la distribución primaria, es decir el porcentaje de los recursos coparticipables que se queda la Nación, y cuánto se destina al consolidado provincial.
Macri no aclara a qué períodos se refiere, pero los porcentajes que menciona no coinciden con los de la serie estadística desde 1993. Desde ese año, la coparticipación efectiva, según las cifras oficiales, disminuyó del 39 al 31% en 2011. El piso mínimo establecido por la ley vigente es del 34 por ciento. Si a la coparticipación se le suman los regímenes especiales, el porcentaje pasó del 47,5 al 36% en el mismo período.
La ley de coparticipación federal fue sancionada en 1988 y establece, en su artículo 7, que “el monto a distribuir a las provincias, no podrá ser inferior al 34% de la recaudación de los recursos tributarios nacionales de la Administración Central”. Según las estadísticas de la Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias (DNCFP) -dependiente del Ministerio de Economía de la Nación-, los porcentajes fueron variando desde 1993 hasta la actualidad.
En 1993, el porcentaje de tributos establecidos por ley que se repartía entre el conjunto de provincias era del 39,3%, mientras que en el 2003 disminuyó a 30,1 por ciento. Hoy, el valor del reparto continúa siendo menor al piso del 34% estipulado, ya que en 2011 la coparticipación fue del 31,3 por ciento.
Evolución de la participación de las provincias sobre la masa coparticipable*
* No se considera los Ingresos de la Seguridad Social por considerárselos transferencias que no califican como tributos.
Fuente: CIPPEC sobre la base de datos del Ministerio de Economía.
Existen también “leyes especiales” -como la ley de financiamiento educativo, el Fondo Federal Solidario (FFS), el Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) y el Fondo del Conurbano bonaerense, entre otras- que fueron aprobadas con posterioridad a la ley de coparticipación. Si se suman estos regímenes especiales al original (que hoy explica una distribución del 30,7%), el porcentaje de recursos coparticipados aumenta al 38% que, como se puede observar en el gráfico, desde 1993 se ha mantenido ininterrumpidamente por encima del límite establecido.
Por ello existe un debate en torno a qué porcentaje de coparticipación tomar. Los legisladores provinciales afirman que se debe calcular la coparticipación sin las leyes especiales, pero la Nación argumenta que se deben tener en cuenta las normas sancionadas luego de 1988.
La gran cantidad de leyes, decretos y resoluciones sancionada en materia tributaria en los últimos años dio lugar a que la coparticipación se volviera un sistema complejo de coordinación financiera. Según el economista Ariel Barraud, del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), “sobre el régimen introducido por ley, en la actualidad conviven detracciones previas a la coparticipación (“pre-coparticipaciones”); asignación de porcentajes o sumas fijas a fines específicos; distribución de determinados fondos según criterios distintos a los enunciados en la ley; y los fondos especiales, en general administrados por los organismos descentralizados”.
Por otro lado, existe un grave retraso en la definición del criterio para determinar los coeficientes a utilizar para calcular la coparticipación a las provincias. Los coeficientes que se utilizan datan de 1988. Reflejan la distribución relativa del poder político y económico de aquella época, y terminan por privilegiar a las provincias más pequeñas en términos de población.
La reforma constitucional de 1994 incluyó, en este sentido, la cláusula temporaria número 6. Allí se estableció que debía crearse un nuevo régimen de coparticipación “antes de la finalización del año 1996”, pero hasta el momento el Congreso no ha promulgado una ley. Con la actualización de los coeficientes, “se debería responder a los cambios en los indicadores demográficos, como población, hogares con necesidades básicas insatisfechas, u otros indicadores medibles que se puedan utilizar en la distribución de recursos que hace la Nación. Así, los recursos destinados a las provincias se ajustarían a la realidad”, subrayó a Chequeado.com Luciana Díaz Frers, directora del Programa de Política Fiscal del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).
Fecha de publicación original: 17/05/2012
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