Martín Casares: “Por primera vez en la historia, en 2017 el porcentaje de condenados superó al de procesados”

El jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Casares, publicó una columna de opinión en el diario La Nación el último domingo. En su nota enumeró las principales reformas que realizó el gobierno de Cambiemos en materia de Justicia penal y señaló: “Como consecuencia de estas medidas silenciosas, y por primera vez en la historia, en 2017 el porcentaje de condenados superó al de procesados, pese a que aumentó un 14% la cantidad de detenidos en cárceles federales”.

De acuerdo con los últimos datos disponibles del Ministerio de Justicia, al 31 de diciembre de 2016 había 76.261 personas alojadas en establecimientos penitenciarios de todo el país. De estos, el 51,6% estaban condenados y aproximadamente 48% estaban procesados, es decir no contaban con una condena firme y se encontraban con prisión preventiva.

Esto representa una novedad en la historia reciente argentina porque desde 2002, cuando el Ministerio comenzó a realizar los informes del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), en todos los años la cantidad de procesados superó a la de condenados. Si bien la columna de Casares habla de 2017, desde Justicia precisaron a Chequeado que se refería a datos de 2016, ya que los de 2017 aún no están disponibles.

La mayor proporción de condenados en 2016 “se explica en un 50% por el incremento en la cantidad de población penitenciaria condenada en la Provincia de Buenos Aires”, señaló a este medio Diego Gorgal, especialista en seguridad y docente de la materia Política de Seguridad y Justicia de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT).

Un informe del Ministerio de Justicia revela la enorme brecha que existía en la Provincia de Buenos Aires entre condenados y procesados hace diez años (en 2007 sólo un 21% tenían condena y casi un 79% estaban procesados) y cómo a partir de 2008 “comienza a revertirse esta tendencia hasta llegar en 2016 a una paridad entre personas procesadas y condenadas”.

En ese sentido, destaca diversas normas provinciales sancionadas en las últimas dos décadas, como la adopción de un modelo acusatorio (aprobado en 1996 pero reformado a través de distintas leyes posteriores), la desfederalización de los delitos de menor pena de la “ley de estupefacientes” (2005) y la implementación del proceso de flagrancia (2008), entre otras.

Por su magnitud, los cambios de tendencia en la Provincia de Buenos Aires tienen un alto impacto en las cifras nacionales. En 2016, un 43,8% de los presos de todo el país estaban alojados en cárceles provinciales bonaerenses.

Por otra parte, Casares hizo referencia a cinco leyes sancionadas por el Congreso nacional desde que Mauricio Macri asumió la Presidencia que modificaron -o modificarán cuando se implementen- el funcionamiento de la Justicia penal. Señala que “como consecuencia” de estas normas por primera vez el número de condenados superó al de procesados en las cárceles de todo el país. Estas leyes son: la ley de flagrancia, la unificación de los fueros Criminal y de Instrucción, la ley de juicio unipersonal, la llamada “ley del arrepentido” y la ley de responsabilidad penal empresaria.

Sin embargo, difícilmente estas modificaciones legislativas podrían haber impactado en las estadísticas de 2016. Dos de esas leyes se promulgaron en noviembre de 2016, otras dos en diciembre de 2016 y la restante, en diciembre de 2017. Gorgal señaló: “En general, los impactos de las reformas judiciales tienen un efecto lag, esto es, un efecto inercial. Si se produce una reforma hoy, lo más probable -dependiendo la magnitud de la reforma- es que su impacto se perciba al año siguiente, y no inmediatamente”.

Por su parte, Eva Asprella, coordinadora del equipo Política Criminal y Violencia en el Encierro del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), señaló a este medio que “estas reformas, en su mayoría, impactan sólo en la Justicia federal y si tomamos la situación del ámbito federal el número de procesados supera al de condenados”. Efectivamente, de acuerdo con los datos del SNEEP, en el Servicio Penitenciario Federal los procesados siguen siendo más que los condenados (59% vs. 41%) en una proporción similar a los años anteriores. Esta mayor proporción de condenados existe desde que se publica el SNEEP y la brecha se amplió desde 2010.

En este sentido, Asprella concluyó: “Además del impacto negativo sobre la persona, el gran volumen de personas procesadas agrava profundamente la sobrepoblación crítica que caracteriza a los espacios de encierro en las principales jurisdicciones de la Argentina, como la provincia de Buenos Aires, Mendoza y el sistema federal”.