Meritello: “En un año y 4 meses no hemos tenido una sola denuncia de corrupción”

“En este gobierno no hay privilegios. En un año y 4 meses no hemos tenido una sola denuncia de corrupción”, señaló en una entrevista el secretario de Medios y Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete, Francisco Meritello. Así se refirió al escándalo de las vacunas VIP dado a conocer a mediados de febrero último a partir de las declaraciones del periodista y director del sitio El Cohete A La Luna, Horacio Verbitsky.

Desde que Alberto Fernández asumió la Presidencia, tanto él como varios funcionarios recibieron denuncias judiciales por la presunta comisión de delitos contra la administración pública. Esto no implica que el Presidente o alguno de sus funcionarios hayan sido procesados y, mucho menos, condenados por esos delitos, porque las causas de corrupción en la Argentina suelen tener un promedio de tramitación de 11 años, según un informe del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE).

Sin embargo, como Meritello se refirió a “denuncias” de corrupción, lo que dijo es falso.

El Presidente: denuncias sin imputaciones

Según consta en el registro de sorteos de denuncias judiciales que publica el Centro de Información Judicial (CIJ), que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), Fernández fue denunciado penalmente en 32 oportunidades desde que asumió la Presidencia. Esta cifra incluye todas las denuncias presentadas ante la Cámara Federal porteña, que las sortea entre los 12 juzgados federales de primera instancia que deben luego decidir sobre el futuro de ese expediente.

El delito más repetido en las denuncias es el de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Sin embargo, el Presidente no fue imputado en ninguna causa judicial. La imputación es el paso posterior a la denuncia. Cuando se presenta una denuncia penal, un fiscal debe analizarla y, a partir de esa primera lectura de los hechos denunciados, decidir si impulsa la investigación (imputa al denunciado) o desestima la presentación.

Tampoco el Presidente fue condenado por alguno de esos delitos. Cabe recordar que las causas de corrupción en la Argentina suelen tener un promedio de tramitación de 11 años, según un informe del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE).

Chequeado consultó al equipo de Meritello para saber a qué se había referido el funcionario, pero hasta el momento de la publicación de esta nota no obtuvo respuesta.

Los que sí fueron imputados

No existe un registro oficial de causas judiciales contra funcionarios públicos. Este medio consultó a la Oficina Anticorrupción y el organismo señaló que no dispone de un registro de los expedientes.

Lo que existe es un Observatorio de la Corrupción, que publica el Centro de Información Judicial (CIJ), que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y que se nutre de expedientes que tramitan bajo la órbita de la Cámara Federal porteña. En este Observatorio se incluyen las causas que la Cámara etiqueta como asociada a delitos de corrupción. En esta base figuran algunas causas contra funcionarios del gobierno actual que enumeramos a continuación.

La titular del INADI, Victoria Donda, fue denunciada por haber presuntamente tramitado la obtención de un plan social en favor de su empleado doméstica con el objetivo de que renunciara a esa relación laboral. El fiscal federal Guillermo Marijuán impulsó la investigación e imputó a Donda. Pidió, incluso, que sea citada a prestar declaración indagatoria, aunque el juez federal Sebastián Casanello no aceptó el pedido hasta el momento.

Por otro lado, Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social de la Nación, fue denunciado hace casi un año por presuntos sobreprecios en las compras de alimentos para comedores. La denuncia la presentó la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) luego de una nota publicada por el diario La Nación que dio cuenta de compras presuntamente irregulares.

Luego de casi 10 meses de investigación, el fiscal Marijuán solicitó el sobreseimiento de Arroyo y el resto de los imputados. Esto fue confirmado semanas después por el juez Casanello, que dictó el sobreseimiento de los imputados.

La última y la más relevante en materia de impacto política fue la del llamado Vacunagate. Luego de que el caso de vacunados VIP saliera a la luz, se presentaron al menos 13 denuncias contra el ex ministro de Salud Ginés González García y otros funcionarios por el escándalo de las vacunaciones irregulares. En una de ellas, el fiscal federal Eduardo Taiano imputó al ex ministro y al ex jefe de Gabinete de la cartera sanitaria, Lisandro Bonelli, en una causa que instruye la jueza María Eugenia Capuchetti.

Por otro lado, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, está procesada en 10 causas de corrupción y está siendo enjuiciada en algunas de ellas, pero en todos los casos se trata de hechos y delitos cometidos con anterioridad a la actual gestión.

El contexto de la Argentina

El último año, nuestro país se ubicó en el puesto 78 de un total de 180 países en el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI, por sus siglas en inglés) elaborado por la organización Transparencia Internacional. El país obtuvo 42 puntos, 3 puntos menos que en 2019, y retrocedió 12 puestos en el ranking durante el primer año de gobierno de Fernández. De 2015 a 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, el país había trepado 40 puestos y había crecido 13 puntos.

Según Pablo Secchi, director ejecutivo de la organización Poder Ciudadano, a cargo del capítulo local de Transparencia Internacional, la caída en el ranking obedece a 2 razones centrales: el manejo poco transparente de las compras y contrataciones durante la pandemia de la COVID-19 y los intentos de avanzar en el Poder Judicial por intereses partidarios del gobierno de Fernández.

“Hubo muy poca transparencia, muy pocas de las compras se hicieron por los canales normales”, señaló a este medio en relación al primer punto. Y, sobre el segundo, destacó: “Lo que vemos este año es todo el intento del Gobierno de pretender influir en la Justicia y hacer cambios en el Poder Judicial y en la Procuración, que tiene que ver más con intereses del Gobierno -propios de problemas de su partido-, que con efectivamente una reforma necesaria para mejorar los sistemas de Justicia”.

La frase que impulsa este chequeo fue buscada de manera automática, y luego seleccionada por periodistas, a través de “Chequeabot”, el nuevo sistema de automatización en el que trabaja Chequeado.

Corrección 29/03/2021: se corrigió el párrafo donde se hace referencia al fallo del juez Sebastián Casanello.