#Spots Massa presenta la “Ley de Seguridad Ampliada”

En uno de sus spots, el candidato del espacio UNA, Sergio Massa, presenta una propuesta de “Ley de Seguridad Ampliada”. ¿Qué facultades daría esta ley al Ejército y qué podría significar para la política de Seguridad?

El proyecto de ley propone la intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico y permite que puedan “atacar y bloquear las fronteras”. También se les habilitaría a entrar en los barrios más humildes que, según el spot de Massa, es donde “los narcos infectan a los más jóvenes”.

En la Argentina, la fuerzas de Defensa no pueden actuar de manera conjunta con las fuerzas de Seguridad, según la Ley Nº 23.554, sancionada en 1988. Lo que propone Massa con la “Ley de seguridad ampliada” es modificar este aspecto de la legislación vigente para que las Fuerzas Armadas puedan asistir a las fuerzas policiales en tareas de patrullaje y control de las fronteras.

También permitiría que el Ejército participara de manera temporal, cuando el Poder Ejecutivo Nacional lo dispusiera, en actividades y operaciones de seguridad ampliada en los territorios delimitados por el decreto de intervención. Bajo este artículo, el Ejército podría entrar en zonas designadas, poniendo a disposición capacidades humanas, logísticas y tecnológicas para terminar con el narcotráfico. Entre otras facultades, también le permitiría “aprehender a quienes se encuentren en curso de delitos flagrantes”, es decir detener a personas.

Diego Gorgal, anunciado por Massa como su ministro de Seguridad, declaró en La Nación, que el objetivo de este plan es darles un marco legal a las Fuerzas Armadas para que puedan actuar en contra del narcotráfico pero sin que cumplan las tareas policiales, como ocurre en México.

El proyecto tiene muchos críticos, entre ellos el especialista en seguridad y narcotráfico, Juan G. Tokatlian, profesor de la Universidad Di Tella, quien impulsó el documento “Drogas: Una iniciativa para el debate”, firmado por varios especialista en Seguridad y Derechos Humanos, como Luis María Ocampo, ex fiscal de la Corte Penal Internacional y Víctor Abramovich, ex secretario Ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos y actual procurador fiscal ante la Corte, en las que se analizan las diferentes formas de afrontar el problema de las drogas.

En ese documento se señala que las Fuerzas Armadas están entrenadas para la “utilización de la violencia en un grado extremo, por ser ésta una característica inherente de la guerra y carecen de capacitación para actuar bajo las órdenes de jueces y fiscales”.

En los países de la región, como México, que permitieron a las Fuerzas Armadas comenzar una guerra contra las drogas, mostraron “una dudosa eficacia respecto al control de la oferta de narcóticos” y, en cambio, se generó un “aumento en los niveles de corrupción, violencia e irrespeto por los derechos humanos”, agrega el documento.

El especialista en seguridad ligado al PRO y ex jefe de la Policía Metropolitana, Eugenio Burzaco, señaló a Chequeado: “Las Fuerzas Armadas pueden colaborar con su logística pero no pueden involucrarse en el conflicto directo como fuerzas policiales.”

Ley de derribo

Además de la participación del Ejército, el proyecto prevé incluir la llamada “Ley de Derribo”. Esta modificación del Código Aeronáutico establece que si una aeronave es definida como hostil, las autoridades aeronáuticas pueden ordenar su aterrizaje. Si la avioneta se niega a aterrizar, siguiendo un protocolo de seis pasos, las autoridades pueden derribarla.

Con varios de los países de la región habiendo legislado el derribo de aviones ilegales, como Perú, Venezuela o Bolivia, en la Argentina la oposición presentó varios proyectos de ley (ver acá y acá) para permitir el derribo, pero el oficialismo hasta ahora se opone. El ministro de Seguridad, Sergio Berni, sostuvo que la ley de derribo es una pena de muerte sin juicio previo. Al ser la pena de muerte inconstitucional, “un presidente no puede mandar esta ley al Congreso”, afirmó Berni. También aseguró en esta entrevista que “la frontera está radarizada”.

Burzaco afirmó, en esa línea, que casi todos los países de la región tienen una ley que permite proteger el espacio aéreo en caso de amenaza y agregó que “el Gobierno nacional es hipócrita por oponerse a esta ley, habiéndola aplicado antes”.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), señaló en su último informe anual que “los únicos países de la región que han derribado aviones en el marco de leyes de este tipo son Perú y Venezuela”. El informe describe uno de los casos de error que pone a esta prerrogativa en cuestión: “En 2001, un operativo conjunto de la Fuerza Aérea peruana y la CIA y la DEA derribó un avión en el que viajaba una familia de misioneros norteamericanos y un piloto; Verónica Bowers y su beba de siete meses perdieron la vida. El operativo fue un error, ya que no había ningún elemento ilegal en la nave, pero hubo equivocaciones en la comunicación y el avión fue derribado”.

En base a esto, el organismo de derechos humanos concluye que “el modo súbito en que se toma la decisión y los factores tecnológicos involucrados, da amplio lugar a cometer errores”.

En la Argentina, hay antecedentes de leyes de derribo. En 2005, durante la IV Cumbre de las Américas realizada en Mar del Plata se firmó el Decreto 1345/2005 para garantizar la seguridad del evento, estando Néstor Kirchner como presidente y José Pampuro como ministro de Defensa. Este decreto permitió el derribo de aviones que no cumplieran con las pautas de seguridad previstas, teniendo como objetivo prevenir cualquier intento de ataque contra los funcionarios que se encontraban en la Cumbre, entre ellos el presidente de los Estados Unidos, Goerge W. Bush, y el mandatario venezolano, Hugo Chávez, aunque en eventos separados. Entre las medidas de seguridad, se permitió por tres días derribar aviones.