¿Mucho o poco? El dilema del empleo público en la Argentina

En la última década, la Argentina registró un fuerte incremento del empleo público no sólo en el Estado nacional, sino también (y sobre todo) en las provincias. A partir de estos datos, hay quienes argumentan que el crecimiento registrado fue desmedido y, quienes señalan que el aumento del trabajo estatal se relacionó con un incremento de los servicios públicos que benefició a la población.

En ese contexto, existen varios datos que vale la pena mencionar para echar luz sobre el tema.

La investigación “Radiografía del empleo público en la Argentina. Quienes hacen funcionar la maquinaria estatal” elaborada por Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) puso la lupa sobre el perfil del empleado público argentino en base a datos de la Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU) del INDEC, que abarca a la población urbana del país. Y encontró que “en los últimos años el Estado restauró su presencia en ámbitos de los cuales se había retirado años atrás”, ya sea aumentando el personal en áreas esenciales (educación, salud y seguridad) o haciéndose cargo de servicios que había tercerizado en concesionarios privados (ferrocarriles).

“El debate sobre el empleo público se asemeja a un diálogo de sordos y a los gritos. Es cierto que el Estado creció, pero no solamente en cuanto al tamaño sino también a las funciones y los servicios que brinda”, destacó a Chequeado Gonzalo Diéguez, director del Programa de Gestión Pública de Cippec.

La experta en mercado laboral de la consultora FIEL Nuria Susmel demostró en un estudio que desde 2007 el empleo público aumentó a un ritmo mayor que el empleo privado, prácticamente sin crecimiento desde ese año. En 2013, según datos del Ministerio de Trabajo de la Nación, alrededor de un 17% de la población ocupada trabajaba en el sector público, un porcentaje que se mantuvo relativamente estable desde los inicios del kirchnerismo, según Cippec.

Susmel destacó, además, que “la mayor parte del empleo público se localiza en los gobiernos provinciales, responsables no sólo de la administración sino también de actividades de Educación y Salud”, áreas transferidas sin los recursos por el gobierno federal a fines de los ‘70 y principios de los ‘90. Por eso, según un documento del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), el gasto en sueldos estatales de las provincias como porcentaje de su presupuesto es mayor al de la Nación.

Así, de acuerdo con los datos de la EAHU de 2013 procesados en el estudio de Cippec (ver datos), en la actualidad el empleo público provincial presenta el siguiente panorama:

– Las cuatro provincias con mayor porcentaje de ocupados en el sector estatal como porcentaje del empleo total son dos petroleras y dos mineras (y las dos primeras son las tierras de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner y de Carlos Menem, los presidentes que gobernaron el país durante 22 de los últimos 26 años): Santa Cruz (41%), La Rioja (37%), Catamarca (35%) y Neuquén (31%);

– En la mayoría de las provincias argentinas, entre dos y tres de cada diez personas ocupadas trabajan en algún nivel del Estado (nacional, provincial o municipal);

– Y, por último, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (17%) y las provincias de Tucumán (16%), Buenos Aires (13%) y Córdoba (13%) son las jurisdicciones con menor participación de empleo público sobre el total.

En cuanto a la caracterización, seis de cada diez empleados públicos que trabajan en la Argentina lo hacen en las áreas de Educación, Salud y Seguridad, y un tercio del total en la Administración Pública, según destacó Diéguez a Chequeado. Y siguió: “El 44% de los empleados públicos cuenta con formación universitaria. Si se suma a los que terminaron la secundaria o poseen estudios universitarios incompletos la tasa se eleva a ocho de cada diez personas; estas cifras corren el eje del debate hacia otro aspecto sustantivo: la calidad de los bienes y servicios púbicos que brinda el Estado”.

Un estudio de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (Cedlas-UNLP) señala que -en línea con lo que sucede en Latinoamérica- los trabajadores del sector público tienen un promedio de catorce años de estudio, mientras que en el sector privado formal tienen doce y en el informal, diez. Al mismo tiempo, los salarios públicos en la Argentina son en promedio más altos que los privados (ver este chequeo).

A nivel internacional, la participación del 17% de empleo público sobre el total de ocupados ubica a nuestro país por encima de las principales naciones latinoamericanas incluidas en el estudio de la CAF y el Cedlas, como Uruguay, Chile, Brasil y México, pero por debajo de Venezuela y de países desarrollados y nórdicos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) (ver datos).

“No hay un tamaño óptimo de Estado. Existen países con Estados grandes, con una oferta excelente de servicios públicos, como los nórdicos, y países con Estados de tamaño similar, como Venezuela o algunos países africanos, donde esa oferta es claramente deficiente. También aparecen países con Estados pequeños, como México, con graves problemas en la provisión de servicios públicos”, comparó Lucio Castro, director de Desarrollo Económico de CIPPEC.

En la Argentina, la mayor parte del empleo público está explicado por áreas de servicios esenciales, como la Educación, la Salud y la Seguridad. “Por eso, contar con más empleados no necesariamente es bueno o malo por sí mismo, el otro punto relevante es poner el foco de análisis en la calidad de esos recursos humanos y los criterios de reclutamiento y ascenso de los trabajadores estatales, que en la Argentina hay que mejorar porque en muchos casos no responden a criterios de mérito y profesionalismo”, concluyó Diéguez.