La Nación y los crímenes de lesa humanidad

En su editorial “Valioso debate por la verdad completa y la concordia”, publicado el 13 de mayo de 2012, La Nación afirma que las acciones terroristas de las organizaciones que actuaron en la Argentina deberían ser alcanzadas, “de acuerdo con la jurisprudencia internacional, (…) por la tipificación de crímenes de lesa humanidad”, una categoría que en la actualidad sólo se aplica para los delitos cometidos por el Estado. Chequeado.com argumentó en este chequeo que no existen normas de derecho internacional que coloquen a los actos de terrorismo dentro de dicha categoría, y que la Corte Suprema, en su fallo “René Derecho”, estableció que los CLH sólo podían ser llevados a cabo por los estados. En este sentido, el abogado constitucionalista Martín Böhmer explicó: “El Estado ejerce el monopolio de la fuerza pública, entre otras cosas, para evitar la espiral de violencia que supone el recurso a la venganza personal y defender los derechos de los habitantes del territorio bajo su autoridad. En los ‘70 sucedió que quienes se hicieron cargo del Estado (a través de un golpe) utilizaron delictiva y clandestinamente ese monopolio en contra de la misma sociedad civil. Son esas violaciones las que llamamos ‘violaciones de derechos humanos’ y a las que se les aplica las excepciones a ciertos principios del derecho penal liberal”. El jurista Carlos Nino hizo referencia a este tema en su obra “Ética y derechos humanos” (1984), donde afirmó: “Cuando son los particulares los que vulneran los derechos humanos, el remedio para la situación se puede obtener mediante la sola invocación ante las autoridades de derechos jurídicos correlativos. (…) No ocurre lo mismo cuando son las propias autoridades las que incurren en prácticas violatorias de los derechos humanos: ello implica que no hay, en el respectivo sistema, derechos jurídicos efectivamente reconocidos y obliga a apelar, entonces, directamente a derechos morales y a dirigirse a un auditorio diferente del que suele ser destinatario del discurso jurídico”.