A siete años del cargo vacante, ¿cuál es la situación actual de la Defensoría del Pueblo de la Nación?

La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) frenó en agosto el aumento tarifario del gas, aunque solo para los usuarios residenciales. Eso fue lo que se destacó en todos los medios pero, en el mismo fallo, el máximo tribunal reclamó al Congreso la designación del Defensor del Pueblo de la Nación, puesto que se encuentra vacante desde hace siete años. ¿Qué es este organismo y cuál es su situación actual?

La Defensoría es el organismo encargado de representar a los ciudadanos frente al Estado y a empresas que prestan servicios públicos, como es el caso del gas. Se trata de un órgano con autonomía funcional (es decir que no recibe órdenes de ninguna autoridad) que depende del Congreso y cuyo director debe ser nombrado por una Comisión Bicameral. Tiene la potestad de comenzar demandas judiciales y puede exigir documentación y realizar inspecciones, entre otras facultades.

Gracias a estas facultades, la Defensoría intervino en el pasado en causas paradigmáticas contra el Estado. En 2008, por ejemplo, lo hizo en la causa por la contaminación de la Cuenca Matanza-Riachuelo, y en 2007 demandó al Estado nacional y a la provincia de Chaco por las condiciones de vida de la comunidad toba.

El organismo se encuentra acéfalo desde abril de 2009 cuando el entonces defensor Eduardo Mondino renunció. A partir de ese momento asumió el defensor adjunto, Anselmo Sella, quien estuvo en el cargo hasta fines de 2013 cuando venció su mandato y la Comisión Bicameral a cargo de la Defensoría dispuso que fuese el secretario general, Carlos Haquim, quien quedase al frente. Sin embargo, al tratarse de un empleado administrativo no pudo ejercer todas las funciones del Defensor, como iniciar demandas.

El trabajo de la Defensoría desde entonces se redujo significativamente. En un informe publicado en 2014 por varias organizaciones civiles se señala, por ejemplo, la poca actividad luego de la tragedia de Once, en la que murieron 51 personas: “La Defensoría no tuvo un rol proactivo, limitando su actuación al seguimiento de causas iniciadas con anterioridad al accidente mencionado, y a un pedido de informe en el marco de una de ellas”. En 2005, en cambio, la Defensoría había iniciado tres causas por el funcionamiento de los trenes.

Carlos Haquim fue elegido vicegobernador de la provincia de Jujuy en diciembre de 2015, junto con el radical Gerardo Morales. Debido a esto, la Defensoría del Pueblo de la Nación se encuentra actualmente a cargo del subsecretario general, Juan José Böckel.

La comisión a cargo de nombrar al nuevo funcionario es la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo, que quedó conformada a fines de agosto. Esta debe seleccionar entre uno y tres candidatos, y luego uno de ellos ser aprobado por el voto de los dos tercios de ambas Cámaras del Congreso. En la reunión, la presidencia quedó a cargo de la senadora Marta Varela (PRO), y la vicepresidencia primera en manos del senador Juan Manuel Abal Medina (Frente para la Victoria).

Los candidatos propuestos de forma extraoficial por los diferentes sectores son (por orden cronológico de presentación):

–Héctor Polino, ex diputado nacional y titular de la asociación Consumidores Libres, propuesto por el Partido Socialista.
–Graciela Ocaña, legisladora porteña por Confianza Pública, propuesta por Cambiemos.
–Humberto Roggero, ex diputado nacional del Partido Justicialista, propuesto por algunos sectores del peronismo.
–Diego Isabella, experto en derecho administrativo y ex secretario de Legal y Técnica de Vicente López, propuesto por Cambiemos.
–Alfredo Dato, ex diputado nacional y ex miembro de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, propuesto por sectores del peronismo, organizaciones sociales y gremiales de distintos puntos del país.

A pesar de los nombres, en la reunión realizada por la comisión no hubo candidatos formalmente propuestos ya que los bloques siguen buscando una figura de consenso. Esto ocurre debido a que los postulantes mencionados no lograron reunir hasta ahora el aval de los dos tercios de cada Cámara del Congreso para ser nombrados en el cargo.

En este marco, las diputadas Carla Carrizo (UCR) y Leonor Martínez Villada (Coalición Cívica) presentaron un proyecto de ley para modificar el procedimiento de designación del Defensor del Pueblo de la Nación, incorporando, entre otras cosas, un período previo de impugnaciones, objeciones y observaciones a los candidatos por parte de ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil y colegios profesionales, como ocurre con los candidatos a jueces de la Corte Suprema.