Claves del informe de Adorni: esquivó preguntas sobre su patrimonio y admitió deudas en Discapacidad, recortes en el SMN y el no reparto de preservativos

En el Informe de Gestión Nº 145 que presentó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante la Cámara de Diputados, se responden 2.151 preguntas realizadas por diputados de todos los bloques. 

Los temas que respondió cubren la actividad del Estado, desde la distribución de preservativos y la cantidad de psiquiatras por preso en el Sistema Penitenciario Federal (SPF) hasta la situación del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la deuda con prestadores del área de Discapacidad. 

Sin embargo, en el informe escrito aparecen inconsistencias internas, y admisiones de deudas a prestadores y falta de compras a tiempo.

Adorni esquivó las preguntas sobre su patrimonio

El informe recibió numerosas preguntas sobre la situación patrimonial y judicial de Adorni. Los diputados le preguntaron por qué no figuran en sus declaraciones juradas 2 inmuebles: una propiedad en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, adquirida en noviembre de 2024 a nombre de su cónyuge, Bettina Angeletti; y un departamento en el barrio porteño de Caballito registrado a nombre de ambos. 

En las respuestas sólo mencionó que su declaración jurada es pública y que ahí se encuentra “el detalle de evolución patrimonial”. Sobre los bienes de su esposa y grupo familiar, dijo que “obra ante la Oficina Anticorrupción y contienen información confidencial de acuerdo con el régimen normativo vigente”. No obstante, fuentes judiciales señalaron que la propiedad en Indio Cuá no fue incluida en la presentación oficial del 4 de agosto de 2025.

“Solo frente a un requerimiento judicial, la Oficina Anticorrupción puede compartir ese anexo reservado y así lo hizo ante la primera solicitud de la fiscalía interviniente en el marco de la Causa N° 1003/2026”, agregó.

Sobre los vuelos realizados, remitió todas las preguntas a una misma respuesta, que indica que en el viaje de Javier Milei a la Argentina Week se sumó en la comitiva “en carácter de invitada, la señora Bettina Julieta Angeletti”; que el grupo se alojó en el Hotel Trump National Doral y luego en The Langham; y que el gasto total fue de $ 85,6 millones.

Lo que el informe no dice, y que fue preguntado por diputados, es quién pagó la estadía de Angeletti. Tampoco detalla ese gasto por separado.

Adorni admitió que impactarán los despidos en el SMN

Consultado sobre la situación institucional del SMN, Adorni reconoció que hubo “evaluaciones internas vinculadas a posibles procesos de adecuación organizacional”, pero aseguró que “en cualquier escenario no se vería afectada la operatividad del organismo”. 

Sin embargo, en otra respuesta sobre el mismo tema, advirtió que “la reducción de personal experto que analiza la información de radar tiene un impacto directo en la generación y emisión de los Avisos a Corto Plazo”. 

No respondió el resto de las preguntas sobre el personal, el presupuesto o el impacto sectorial.

Desde la asunción de Milei, hubo una reducción presupuestaria del 43% en el SMN, y se despidió a 140 trabajadores. Además, según un informe de la Asociación de Trabajadores del Estado, “más de la mitad de las estaciones meteorológicas no observan de noche, dejando una ventana de 9 a 12 horas sin observación”, por falta de personal. 

De hecho, según los datos oficiales de ejecución de metas físicas de 2025, las observaciones meteorológicas de superficie convencionales fueron 750 mil, por debajo de lo proyectado, y la razón que da el documento oficial es la “falta de personal especializado”. 

El Estado debe $ 69.500 millones en Discapacidad

El Gobierno reconoció, en la respuesta a la pregunta 366, que el Estado nacional mantiene una deuda de $ 69.500 millones con 770 organizaciones prestadoras del sistema de discapacidad en el marco del programa Incluir Salud. 

Los montos mensuales muestran una escalada sostenida: de $ 5.837 millones adeudados a 532 prestadores en noviembre de 2025 a $ 24.234 millones a 649 prestadores en enero de 2026. 

En la explicación, detallada en la respuesta a la pregunta 203, Adorni explicó: “En relación con el Programa Federal Incluir Salud, las demoras en los pagos responden a un proceso de reordenamiento estructural del área, orientado a corregir desvíos acumulados”. 

En 2025 no se repartieron preservativos: la licitación

Consultado sobre la distribución nula de preservativos durante 2025, el Jefe de Gabinete aseguró que el proceso de adquisición se terminó recién a fines de ese año.

En 2025, la programación inicial de la distribución era de 20 millones de preservativos, según el Presupuesto 2025. Sin embargo, la ejecución de todo el año fue 0.

En el Programa Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable, la explicación oficial fue: “El desvío negativo se relaciona con la baja del proceso de compra, el cual se encuentra en proceso de nueva tramitación”.

En su respuesta en Diputados, Adorni indicó: “Con respecto al año 2025, se informa que la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva propició un proceso de adquisición de 4.266.864 unidades de preservativos peneanos que concluyó con fecha 16 diciembre de ese año”. Por lo tanto, explicó, “la distribución de los mismos se inició en el año 2026”. 

El SPF tiene menos psiquiatras de los recomendados

Según el informe presentado por el jefe de Gabinete, en el Centro Penitenciario Federal (CPF) I de Ezeiza hay 1 psiquiatra cada 483 internos y 1 psicólogo cada 138 internos, y en el CPF II de Marcos Paz hay 1 psiquiatra cada 940 internos y un licenciado en Psicología cada 94 detenidos.

Tomando las “referencias empíricas” de Europa y Estados Unidos, que se citan en el informe, los datos presentados muestran que el ratio de psiquiatras por interno está por debajo del estándar: el estudio del sistema federal estadounidense fija 1 profesional de salud mental cada 500 presos como mínimo, considerándolo insuficiente.

En la respuesta a la pregunta 47, que refiere a un aumento del 20% en la tasa de suicidios dentro de las cárceles del Sistema Penitenciario Federal, Adorni indicó que “el incremento corresponde a internos que ingresaron al SPF con patologías graves preexistentes, con un tiempo de detención menor a 1 año e internos de avanzada edad”.