Cinco datos de contexto sobre el traspaso de la Justicia a la Ciudad

El Gobierno nacional firmó la semana última el traspaso progresivo de la Justicia nacional a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A continuación, algunos datos sobre la transferencia:

1 – Los acuerdos firmados transfieren a la Ciudad competencias penales (como las investigaciones de robos o hurtos) y cuestiones relativas a la defensa de los consumidores. Además, el Registro de Propiedad Inmueble de la Capital Federal y de la Inspección General de Justicia (IGJ), el organismo que supervisa la inscripción de las empresas y asociaciones civiles, también pasarían al ámbito porteño.

2 – Igualmente, todavía el traspaso debe ser ratificado por el Congreso nacional y por la Legislatura porteña. En caso de que se apruebe, el convenio se hará efectivo a partir de 180 días de la ratificación legislativa.

3 – Según informó el Gobierno, esta transferencia iría acompañada de los recursos y de los bienes correspondientes a dichos organismos, como se hizo con la Policía Federal. Además, explicaron que se garantizará la transferencia gradual de las jurisdicciones y del personal sin afectar el funcionamiento diario de los tribunales.

4- Los expedientes que se encuentren activos al momento del traspaso continuarán su trámite en la Justicia Nacional hasta el final del proceso. Lo mismo sucede con las denuncias que se radiquen en la Justicia o el Ministerio Público hasta el momento en que se efectivice el convenio.

5 – La autonomía jurisdiccional de la Ciudad de Buenos Aires había sido reconocida por la reforma constitucional de 1994. Sin embargo, la sanción de la llamada “ley Cafiero” en noviembre de 1995 restringió la transferencia de una parte de la Justicia. Según destacaron distintas organizaciones, como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el derecho de la Ciudad de Buenos Aires de contar con su propia jurisdicción había sido ya reconocido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en diciembre de 2015.