Comodoro Py: al menos 5 de los 8 jueces de primera instancia tienen familiares que trabajan en la Justicia
- El Reglamento para la Justicia Nacional impide que un juez nombre en su propio tribunal a familiares cercanos, pero esa restricción no evita los llamados “nombramientos cruzados”.
- En Comodoro Py se repiten vínculos familiares entre jueces, fiscales y funcionarios: al menos 5 de los 8 jueces de primera instancia y 2 de los 6 de la Cámara Federal tienen familiares trabajando en el Poder Judicial de la Nación.
- En 2013 el Congreso sancionó una ley para establecer concursos públicos de ingreso al Poder Judicial, pero la Corte Suprema nunca la reglamentó para ese ámbito. El mecanismo sí se aplica en el Ministerio Público Fiscal y en la Defensoría.
Un juez federal no puede nombrar en su juzgado a un familiar que vaya a trabajar bajo su dependencia directa. Lo prohíbe el Reglamento para la Justicia Nacional. La restricción, sin embargo, no alcanza a los llamados “nombramientos cruzados”: la designación de familiares de magistrados en otras dependencias judiciales.
Un ejemplo concreto: en el Juzgado Federal Nº 1 de la Capital Federal, a cargo de María Servini de Cubría, trabaja Santiago Lijo, que tiene 23 años y es hijo de Ariel Lijo, titular del Juzgado Federal Nº 4. En este último tribunal trabaja Agustina Cubría, nieta de Servini.
Es quizás el ejemplo más paradigmático por la ascendencia de estos 2 magistrados dentro de Comodoro Py, pero no es el único. Un relevamiento de Chequeado encontró que al menos 5 de los 8 jueces de primera instancia y 2 de los 6 de la Cámara Federal tienen familiares que trabajan en el Poder Judicial de la Nación.
Al menos 46 jueces federales de 14 provincias tienen familiares con cargos en la Justicia
Los juzgados de primera instancia
Los 12 juzgados federales de Comodoro Py son los que tienen a cargo las investigaciones de corrupción en la Administración Pública Nacional, entre otros delitos federales, aunque hoy están vacantes 4. Servini es la magistrada más antigua del fuero y su juzgado tiene competencia electoral en las elecciones presidenciales.
Además del hijo de Lijo, en su juzgado trabajan Manuel Berón de Astrada, familiar del juez en lo Penal Económico Ezequiel Berón de Astrada; Martina Méndez Signori, hija de Enrique Méndez Signori, juez del Tribunal Oral en lo Criminal Nª 7; y Agustín Miragaya, hijo del ex fiscal Eduardo Miragaya, quien trabajó en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri.
Los vínculos familiares de Servini alcanzan otras dependencias. Su hijo mayor, Juan Carlos Cubría, fue secretario letrado y administrador general en el Consejo de la Magistratura, y estuvo casado con Nora Dorado, jueza de la Cámara Federal de la Seguridad Social. El hijo menor de Servini, Eduardo, está a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal Nº 22 de la Capital Federal, y es el padre de Agustina, la nieta de Servini que trabaja en el juzgado de Lijo.
Chequeado contactó al Juzgado Federal Nº 1 pero hasta el momento de publicación de esta nota no obtuvo respuesta.
En el caso de Ariel Lijo, que actualmente tiene a cargo la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, su apellido no sólo aparece en el juzgado de Servini. Nicolás Lijo, sobrino del juez, trabaja en el Juzgado Penal Económico Nº 9, a cargo de Javier López Biscayart. Nicolás es hijo de Alfredo Lijo, hermano del juez y considerado un operador de los tribunales.
Las parejas del juez Lijo también lo conectan con la Justicia. Su primera esposa fue Silvia Cavallo, que hoy es fiscal federal de Quilmes y es hermana de Gabriel Cavallo, ex juez federal y ex camarista federal porteño, hoy titular de un estudio jurídico. Mercedes Cavallo, hija de Gabriel Cavallo, es secretaria en el juzgado de Lijo. Tras su divorcio, Lijo se casó con Magalí Mazzuca, que es secretaria letrada en la Corte Suprema.
En el juzgado de Lijo también trabaja Estefanía Borinksy, la hija de Mariano Borinsky, juez de la Cámara Federal de Casación Penal; y Santiago Rodríguez Ponte, familiar de Juan Tomás Rodríguez Ponte, un ex funcionario de ese juzgado y actual director de la oficina de escuchas judiciales.
Rodríguez Ponte acaba de ser nombrado juez federal en Lomas de Zamora y está casado con Alejandra Mángano, fiscal federal de Comodoro Py.
Del personal de su juzgado también se desprenden 2 nombres de otros ámbitos: Alexia Burruchaga, hija de Jorge, ex futbolista de la Selección argentina que ganó el Mundial de México 1986; y Delfina Dobronich, nieta del empresario Guillermo Cóppola.
Hasta la publicación de esta nota, el Juzgado Federal a cargo de Lijo no respondió las consultas de Chequeado.
El juez Marcelo Martínez de Giorgi, el que instruye la causa $LIBRA, también integra una familia judicial. Su esposa, Ana María Juan, fue durante décadas funcionaria de la Cámara Federal porteña (al igual que él) y acaba de ser nombrada jueza federal en Hurlingham. Tuvieron 2 hijos, Gonzalo y Santiago, que trabajan en juzgados criminales ordinarios porteños, uno de ellos, a cargo de Martín Yadarola, quien a su vez es hermano de Pablo Yadarola, otro juez del fuero Penal Económico.
En el juzgado de Martínez de Giorgi trabaja además Josefina Hornos, hija del camarista en lo Penal Económico Roberto Hornos y esposa de Rodrigo Giménez Uriburu, juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2, que condenó a Cristina Fernández de Kirchner en la causa “Vialidad”. Este juzgado tampoco respondió las consultas de este medio.
Mateo Casanello, hijo de Sebastián Casanello, titular del Juzgado Federal Nº 7, trabaja en un juzgado criminal ordinario de la Ciudad de Buenos Aires. En el tribunal de Casanello, además, trabaja Aldana Freiler, hija del ex camarista Eduardo Freiler, destituido en 2017.
El juez Sebastián Ramos, titular del Juzgado Federal Nº 2, tiene un hermano magistrado. Martín Ramos fue designado juez federal de Morón en noviembre de 2016.
La Cámara de Apelaciones y la oficina de escuchas
En la Cámara Federal porteña trabajan Sebastián y Nicolás Pacilio, hijos de Antonio Pacilio, ex camarista federal de La Plata. Nicolás acaba de ser nombrado juez de un Tribunal Oral Federal porteño.
Uno de los jueces de la Cámara Federal es Eduardo Farah. Uno de sus 4 hijos, Santiago Farah, trabajó en la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) del Poder Judicial de la Nación, la oficina de escuchas judiciales que depende de la Corte Suprema y que tuvo a Martín Irurzun, juez de la Cámara Federal, como uno de sus primeros jefes. Santiago ya no figura en la nómina, pero sí Guadalupe Farah, otra de las hijas del camarista.
En la Dajudeco, que preside Rodríguez Ponte, también trabajan Malena Canicoba, hija del ex juez federal Rodolfo Canicoba Corral; Nicolás Aguinsky, hijo del juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky; Luis María Iván Bunge Campos, hijo del juez de la Cámara del Crimen Luis Bunge Campos; Mateo Stornelli, hijo del fiscal federal Carlos Stornelli; y Santiago Taiano, hijo del fiscal federal Eduardo Taiano. En la misma nómina figura Sergio Cavallo, ex cuñado de Lijo y hermano de Gabriel Cavallo.
Chequeado también contactó a la Dajudeco pero hasta el momento de publicación no obtuvo respuesta.
En la Cámara Federal también se desempeña Leopoldo Bruglia, quien integra la Sala I del tribunal y está casado con María Josefina Gutiérrez, secretaria de una fiscalía ante los tribunales orales criminales de la Ciudad.
El reglamento que se aplica y la ley que no
El Reglamento para la Justicia Nacional establece en su artículo 12 una serie de “incapacidades” o prohibiciones para los nombramientos por parte de los jueces.
Entre ellas incluye a los “parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o afinidad con los funcionarios titulares bajo cuya dependencia inmediata deben prestar servicio”.
Por otro lado, en mayo de 2013 el Congreso sancionó la Ley de Ingreso Democrático e igualitario de personal al Poder Judicial de la Nación y al Ministerio Público de la Nación, con el objetivo de regular los concursos públicos como vía de ingreso al sistema de Justicia. La norma se aplica en la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de la Nación.
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación nunca dictó la reglamentación para el Poder Judicial y nunca entró en vigencia el mecanismo de ingreso democrático previsto en la norma.
“La práctica que históricamente privilegió la cobertura de empleos en el Poder Judicial con personas del entorno de quienes ya trabajaban allí permaneció inmóvil pese a la reforma constitucional de 1994, que incorporó el mecanismo de concursos públicos de oposición y antecedentes para la designación de la magistratura federal. Tampoco cambió cuando Argentina ratificó las convenciones contra la corrupción en el ámbito interamericano y universal de promoción y protección de los derechos humanos”, señala un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
Y concluye: “Argentina se comprometió, entonces, a fomentar la integridad, la honestidad y la responsabilidad en el funcionariado público, pero la promesa permanece incumplida. La efectiva implementación de la Ley de Ingreso Democrático e Igualitario es una de las reformas más estructurales y esenciales que requiere nuestro sistema de justicia”.
Salarios superiores al promedio
Estas designaciones ocurren, además, en un poder del Estado que paga salarios por encima del promedio.
Según la escala salarial que publica el Consejo de la Magistratura de la Nación, quienes ingresan como “ayudantes” perciben un sueldo bruto de $ 1,8 millones mensuales, monto que ascienda a $ 2,5 millones para un “oficial”, a $ 3,3 millones para un jefe de despacho, $ 3,8 millones para un prosecretario administrativo y $ 4,9 millones para un secretario de juzgado, por mencionar sólo algunos cargos de la escala jerárquica, aunque este excluye algunos componentes salariales que podrían llevar a mayores sumas de dinero.
Como explicó en esta investigación Alberto Binder, doctor en Derecho, experto en procesos judiciales y cofundador del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), “el nepotismo existió siempre, pero se acentuó cuando los cargos judiciales empezaron a ser apetecidos. Esto comienza a crecer durante el menemismo (años 90)”. Y agregó: “Ocurre que los puestos más bajos de la Justicia federal hoy son retribuidos con sueldos inmensos. Es un botín extraordinario”.
Nota de la Redacción:
La identificación de vínculos familiares entre autoridades judiciales no implica afirmar que hayan existido actos de nepotismo, que las designaciones hayan sido irregulares o que las personas mencionadas carezcan de idoneidad para los cargos que ocupan.
El relevamiento apunta a identificar la existencia de esos vínculos y a analizar el sistema de ingreso a la Justicia a la luz de la normativa vigente.
La falta de procedimientos abiertos y competitivos de selección en buena parte del Poder Judicial hace imposible determinar si los nombramientos se deben al mérito y experticia profesional o si, por el contrario, influyeron vínculos personales. La inexistencia de concursos impide a la sociedad controlar que dichas designaciones se hayan realizado de forma transparente y bajo criterios objetivos.
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