Apertura del Congreso: ¿cumplió Macri lo que prometió en 2017? (I)

El 1° de marzo de 2017 el presidente de la Nación, Mauricio Macri, dio su segundo discurso de inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso. Entonces habló una hora: resaltó varios logros de gestión alcanzados durante el primer año de Cambiemos y adelantó el envío de diferentes proyectos al Parlamento. ¿Qué pasó con las metas que enunció Macri en 2017?

A continuación, una primera revisión de las propuestas presentadas ante los legisladores que ponen en contexto el tercer discurso de Macri como Presidente, que será el próximo jueves y que, por sexto año consecutivo, el equipo de Chequeado chequeará colectivamente y en vivo con un grupo de expertos, periodistas invitados y voluntarios.

“Lanzaremos el programa ‘Asistiré’, para detener la deserción e ir a buscar a aquellos que ya abandonaron la escuela”

EN PROCESO, DEMORADA

Por Imanol Subiela

Si bien durante el discurso Macri no precisó la fecha de inicio de este programa, al día de hoy aún no está en funcionamiento. Desde el Ministerio de Educación de la Nación precisaron a Chequeado que se pondrá en marcha en la Provincia de Buenos Aires el 5 de marzo junto con el inicio del ciclo lectivo 2018, un año después de que el Presidente realizara la promesa.

El programa “Asistiré” es una iniciativa del Ministerio de Educación que se propone prevenir la deserción escolar durante el primer y segundo año de las escuelas secundarias, ya que en esos años se registra un aumento en la tasa interanual de abandono escolar, según datos de la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa. La propuesta se implementará en 220 escuelas estatales distribuidas en 43 municipios de la Provincia de Buenos Aires, que en el período 2015-2016 (último dato disponible) tuvo una tasa de abandono escolar de 11,7 en secundarias de gestión estatal y se ubica entre las más altas del país.

Según se explica en el sitio del Ministerio de Educación, “Asistiré” tendrá tres líneas de acción: se desarrollará una aplicación para que los docentes tomen asistencia de forma digital, además de crear alertas de posibles casos de abandono; cada municipio tendrá dos representantes del programa que brindarán asistencia técnica y serán los encargados de seguir los casos de deserción; y, finalmente, se crearán Mesas de inclusión conformadas por el jefe distrital de cada municipio junto a los promotores de “Asistiré” y el personal de las escuelas. Según el Presupuesto 2018, este programa cuenta con $44,7 millones para este año.

En la web del Ministerio de Educación bonaerense se informa que durante 2017 se entregaron en los municipios las tablets en las que se implementará el software para tomar asistencia. Además, desde el Ministerio informaron a Chequeado que las duplas que trabajarán en cada municipio (un total de 88 profesionales) se encuentran designados y en etapa de capacitación.

“Necesitamos una ley de emprendedores para que quienes tengan una idea puedan lanzar ese proyecto con facilidad”

CUMPLIDA

Por Lucía Gardel

La llamada “ley de emprendedores”, sancionada el 29 de marzo último con 56 votos afirmativos por el Congreso nacional, permite la creación de una empresa o sociedad por acciones simplificada (SAS) en 24 horas vía internet, trámite que antes tardaba de 45 a 60 días, de acuerdo con el Ministerio de Producción de la Nación. Por el momento sólo se puede radicar una SAS en la Ciudad de Buenos Aires, pero se prevé la extensión a todo el país, según se especifica en la página del ministerio.

Por otro lado, habilita “abrir una cuenta bancaria simplificada y digitalizar firma, libros y poderes, incorporar uno o más accionistas y emitir acciones de mismo derecho a diferente precio”, según comunican desde la cartera que dirige el ministro Francisco Cabrera. Entre otras medidas, se destaca el crowdfunding o financiamiento colectivo para recibir inversiones de terceros mediante la compra-venta de cuotas partes del negocio, y la creación del Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Capital Emprendedor (FONDCE) con el objetivo de “otorgar créditos y/o asistencia financiera a emprendimientos y/o instituciones de capital emprendedor para el apoyo a proyectos de emprendedores”.

Además, se promueven ciertos beneficios impositivos, como descuentos del impuesto a las Ganancias sobre un porcentaje del monto invertido.

Tanto desde la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA) como desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) apoyaron la sanción de esta ley. Destacaron la eliminación de barreras burocráticas y “trabas que tenían hasta hoy los emprendedores a la hora de iniciar empresas” y calcularon que “se estima la creación de unas 60 mil empresas por año, dándole oportunidades a tres millones de monotributistas y a un 42% de ocupados informales”.

“Enviaremos una modificación a la Ley de Protección de Datos Personales: así, más empresas podrán radicarse y generar trabajo”

EN PROCESO, DEMORADA…

Por Manuel Tarricone

La Dirección Nacional de Protección de Datos Personales elaboró y presentó un anteproyecto de reforma de la Ley de Protección de los Datos Personales en febrero de 2017 tras meses de debate en contexto del Programa Justicia 2020. El texto se abrió a consulta pública y, con los comentarios recibidos de expertos, organizaciones y ciudadanos, se presentó en mayo de 2017 un nuevo texto, que aún no fue enviado al Congreso, confirmaron a Chequeado desde el Ministerio de Justicia.

Según señaló Eduardo Bertoni, director de la Agencia de Acceso a la Información Pública, la reforma busca que la ley “se adapte a las nuevas tecnologías y a los cambios regulatorios ocurridos en el derecho comparado durante los últimos años”, ya que la norma vigente se sancionó hace casi dos décadas.

El anteproyecto, por ejemplo, incorpora como datos personales a los datos biométricos y genéticos y, a diferencia de la ley actual, establece un límite a la conservación de los datos. “Los datos personales no deben ser mantenidos más allá del tiempo estrictamente necesario para el cumplimiento de la finalidad del tratamiento”, sostiene el texto.

“Vamos a replicar esta experiencia [la del Programa Barrios Seguros en el Barrio 31] en otros barrios con alta violencia en todo el país”

CUMPLIDA

Por Matías Di Santi y Samantha Vaccari

El Programa “Barrios Seguros” fue creado en 2016 y busca reducir el delito en barrios con altos índices de conflictividad social a través de tres etapas: la selección del barrio y el relevamiento estadístico, la designación de agentes estatales para actuar en el territorio y la realización de diferentes actividades entre las fuerzas de seguridad y los vecinos del lugar, informa la web del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Desde abril de ese año, el programa comenzó en el Barrio 31 (ex Villa 31 y 31 bis), ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, y luego fue extendido al barrio Alto Verde de la provincia de Santa Fe y a los barrios 1-11-14 y Carlos Gardel, ubicados en la Ciudad y en el partido de Morón, respectivamente. De acuerdo con datos oficiales a los que accedió Chequeado, en Alto Verde se pasó de seis a dos homicidios dolosos (es decir, cometidos con intención) entre 2015 y 2017, mientras que en ese período en la 1-11-14 hubo una reducción de 28 a 7 asesinatos. En la Villa Carlos Gardel, en cambio, en 2015 no hubo ningún homicidio, en 2016 creció a tres y en 2017 se registró un solo caso. En el Barrio 31 la baja fue de 25 a 12 en ese período.

Si bien se ve una baja en la cantidad de homicidios, Tobías Schleider, investigador del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED) y consultor internacional en seguridad ciudadana, señaló a este medio que “la clave es conocer las consecuencias a mediano y largo plazo del programa, cuando los efectos de las intervenciones iniciales (sobre todo la saturación policial, que es una parte central de su implementación) hayan cesado”. Y, además, sostuvo: “Sacar conclusiones al respecto en este momento sería aventurado, en algunos casos porque no ha pasado el tiempo suficiente, y en otros porque no se dieron las condiciones para realizar mediciones de impacto”.

“En los próximos días publicaremos dos decretos sobre juicios y contrataciones para la gestión de conflictos de intereses”

CUMPLIDA

Por Manuel Tarricone

El 22 de marzo de 2017, tres semanas después del discurso de Macri ante el Congreso, se publicaron dos decretos en el Boletín Oficial que establecieron regulaciones para las contrataciones del Estado y la defensa en juicio del Estado.

Pocas semanas antes del discurso, la fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo Comercial Gabriela Boquín había rechazado un acuerdo entre el Estado nacional y Correo Argentino SA, propiedad de la familia Macri, para saldar una deuda que la empresa tenía con el Estado desde 2001. El monto ofertado por la empresa fue blanco de críticas ya que la fiscal lo consideró perjudicial para el patrimonio del Estado y se trataba de una sociedad vinculada al Presidente.

Por eso, el Decreto 201/2017 determinó que en casos donde el Presidente, el Vicepresidente o algún ministro tenga relación con algunas de las partes de un proceso judicial donde esté involucrado el Estado nacional, será la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) la que realice la defensa del sector público. La norma, además, estableció que la Procuración debía listar en su sitio web todas las causas judiciales en las que interviene en el marco de este decreto. Este listado, publicado por la PTN, tiene actualmente seis causas judiciales. En todos los casos se trata de procesos judiciales en los que es parte la empresa Correo Argentino SA.

Respecto de las contrataciones, el Decreto 202/2017 estableció que las personas o empresas que se presenten a una contratación del Estado nacional deben presentar una “declaración jurada de intereses”, en la que debe consignar si tiene algún tipo de vínculo con el Presidente, Vicepresidente, Jefe de Gabinete o alguno de los ministros nacionales. Estos datos, dice el Decreto, deben actualizarse anualmente. Si existe alguna vinculación, el funcionario debe excusarse de intervenir.

“Lanzaremos en los próximos días el Plan de Personas con Discapacidad, porque también queremos trabajar los derechos humanos de hoy”

EN PROCESO, DEMORADA

Por Olivia Sohr

En mayo de 2017, el presidente Mauricio Macri y la vicepresidenta Gabriela Michetti anunciaron el Plan Nacional de Discapacidad con el objetivo de “lograr que las personas con discapacidad logren un proyecto de vida independiente y tengan sus derechos garantizados en materia de salud, educación, empleo y accesibilidad”, según se señaló desde Casa Rosada.

Sin embargo, aunque se detallaban los ejes generales del Plan en el lanzamiento, no se dio a conocer una hoja de ruta sobre las acciones que llevarían a una mayor inclusión de las personas con discapacidad.

En octubre de 2017, cinco meses después de su lanzamiento, se creó oficialmente un programa para elaborar el Plan de Personas con Discapacidad; y, en noviembre de 2017, el jefe de Gabinete Marcos Peña respondió en un informe ante el Congreso que el programa “se encuentra en construcción”.

“Durante este año llevamos a cabo las instancias de participación ciudadana y en marzo vamos a presentar en el Consejo Federal de Discapacidad la primera versión, elaborada a partir de las propuestas enunciadas en el marco de las mismas”, señaló a Chequeado Javier Ureta Sáenz Peña, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad.

El Gobierno nacional creó en septiembre de 2017 la Agencia Nacional de Discapacidad, que reúne las atribuciones que antes tenían la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (Conadis) y la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, que dependían de Presidencia y del Ministerio de Desarrollo Social, respectivamente, entre otras atribuciones.

El anuncio se hizo luego de las críticas por la reducción en el número de pensiones por discapacidad, y transfirió la responsabilidad de estos beneficios del Ministerio de Desarrollo Social a la nueva agencia. De acuerdo con el presupuesto de 2018, se estima que se otorgarán pensiones de este tipo a 1.033.661 personas, en 2017 se previeron 1.063.653 y en 2015, antes del cambio de gobierno, se otorgaron, según el presupuesto, 1.011.476.