Laura Alonso preguntó si la ONU intervino por la muerte de Nisman: la respuesta es “sí”

La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, criticó en su cuenta de Twitter a la Relatoría Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que a principios de noviembre último emitió un informe crítico y pidió explicaciones al gobierno de Mauricio Macri por su presunta intervención en el Poder Judicial. “Alguien me puede recordar si la Relatoría de ONU para la independencia judicial preguntó a la República Argentina por el asesinato de un fiscal de la Nación en 2014?”, se preguntó públicamente la funcionaria. La respuesta es que “sí”, la Relatoría trató este tema hace más de cuatro años.

Alguien me puede recordar si la Relatoría de ONU para la independencia judicial preguntó a la República Argentina por el asesinato de un fiscal de la Nación en 2014?

— Laura Alonso ? (@lauritalonso) November 19, 2019

Alberto Nisman, por entonces fiscal a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación de la Causa AMIA (en la que murieron 85 personas el 18 de julio de 1994), fue encontrado muerto en su departamento de Puerto Madero el 18 de enero de 2015, durante la Presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. La Justicia federal investiga las razones de su muerte: el juez federal Julián Ercolini y la Cámara Federal porteña sostienen que se trató de un homicidio, aunque la causa están aún en la etapa de instrucción.

El 20 de febrero de 2015, un mes después de su muerte, la Relatoría de Naciones Unidas, en ese momento a cargo de la brasileña Gabriela Knaul, emitió un informe en el que pidió al Gobierno argentino explicaciones sobre presuntas interferencias en la investigación de la muerte del fiscal, que en ese momento tramitaba en la Justicia ordinaria porteña. También alertó sobre intentos de cercenar la libertad de jueces y fiscales que habían organizado una manifestación ese 18 de febrero, al cumplirse un mes de la muerte de Nisman, y solicitó información sobre supuestas amenazas que habría recibido el juez federal Claudio Bonadio.

El Estado argentino contestó a través de dos documentos. En el primero, firmado el 30 de abril de 2015, el Gobierno de Fernández de Kirchner dio detalles de lo que hasta ese momento había ocurrido con la investigación judicial sobre la muerte de Nisman y sobre la causa originada por la denuncia que había presentado días antes de su fallecimiento. También señaló que la marcha de jueces y fiscales del 18 de febrero “se desarrolló sin hecho alguno de violencia o intimidación” y tuvo “una amplia cobertura mediática”.

Once días más tarde, envió la documentación sobre el expediente en el que se investigaban amenazas contra Bonadio, que tramitaba en el Juzgado federal entonces a cargo de Norberto Oyarbide.