Vicentin: qué hace este grupo y cuál es la situación de las empresas públicas 

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en junio para intervenir de forma transitoria durante 60 días el grupo agropecuario Vicentin y confirmó que mandará un proyecto de ley al Congreso para avanzar en su expropiación. Sin embargo, semanas después el Presidente dio marcha atrás y dicho decreto fue derogado, como se explicó en esta nota.

Actualmente, la empresa agroexportadora de este grupo se encuentra en concurso de acreedores y la Justicia investiga si los préstamos que le otorgó el Banco Nación (su principal acreedor) por $ 18.500 millones fueron correctamente concedidos. Se trata de una de las principales agroexportadoras del país. Inicialmente, la empresa emitió un comunicado en donde destacaron la “incertidumbre y preocupación” por la decisión estatal de intervenirla.

Dispusimos la intervención del Grupo Vicentin y enviamos al Congreso una ley de expropiación para garantizar el funcionamiento de la compañía y los puestos de trabajo.

Es una respuesta a la preocupación del mercado, pero también una decisión estratégica para la economía. pic.twitter.com/0Ubz0GR5Yd

— Alberto Fernández (@alferdez) June 8, 2020

Empresas públicas

El Estado nacional participa de 3 tipos de empresas, como explica este documento de 2017 de Jefatura de Gabinete de Ministros. Están, por un lado, los grupos empresarios donde tiene el control y una participación total o mayoritaria (entre las que se destacan YPF o Aerolíneas Argentinas, por ejemplo). El segundo grupo es el de las empresas en las que el Estado nacional tiene una participación minoritaria, como por ejemplo Aeropuertos Argentina 2000 o Papel Prensa. Y el tercer grupo es el de las participaciones accionarias del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (dependiente de la ANSES y cuyo objetivo es preservar el valor de los fondos previsionales), en donde se encuentran empresas como Telecom o Edenor.

Según explica un estudio del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), en 2016 existían en la Argentina “más de 100 empresas que son de propiedad estatal”, incluyendo aquellas en las que el Estado tiene una participación accionaria minoritaria. “Esta cifra pone en evidencia que para el Estado argentino, al igual que en otros países de América Latina, las empresas públicas tienen un papel relevante en materia económica y social”, destaca el informe.

Lucía Aruanno, coordinadora de Gestión Pública de Cippec, explicó a Chequeado que esa cifra no debe haber variado mucho en los últimos años y aseguró que actualmente son 35 las empresas que tienen participación estatal mayoritaria, según su último análisis de marzo último. Entre esas empresas se encuentran algunas como ARSAT, AySA, Banco Nación, Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado e YPF. 

Como se explicó en esta nota, la Jefatura de Gabinete de Ministros emitió un informe en mayo de 2019, durante la gestión de Mauricio Macri, donde muestra que las transferencias del Estado nacional destinadas a cubrir los déficits de las principales 30 empresas estatales bajaron entre 2015 y 2018. Pasaron de un 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2015 al 0,9% en 2018. La estimación oficial era que en 2019 alcanzarían el 0,7%, aunque no hay datos más actualizados. 

El caso Vicentin

A esta lista de empresas con participación estatal se podría haber sumado Vicentin. El Presidente explicó que en junio decretaron la intervención “para poder saber exactamente lo que pasa en el grupo” y que de ahí en más se sabrá cómo se actuará. Cuando se anunció la desición estatal, el ministro de Producción de la Nación, Matías Kulfas, anticipó que el proyecto de ley buscará declarar a Vicentin de “utilidad pública y sujeta a expropiación”. Y que, de aprobarse, pasaría a formar parte de un fondo fiduciario que administrará YPF Agro, con lo que se replicará el modelo de gestión mixta. Como interventor provisorio se formalizó a Gabriel Delgado, ex secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca entre 2013 y 2015, durante la Presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

Este grupo empresarial, según dijo el mandatario, cuenta con “plantas de cereales y oleaginosas en diferentes localidades (…), una división de producción de biodiesel, otra textil que incluye una desmotadora, hilandería y tejeduría, una planta de jugo concentrado de uva en San Juan, una bodega en Mendoza y hasta se dedica a exportar miel”, además de tener sedes en Asunción (Paraguay), Montevideo (Uruguay) y San Pablo (Brasil). Salvo la producción de biodiesel, ninguno de estos sectores se vinculan con servicios públicos esenciales (como energía, comunicaciones, defensa, transporte o similares), algo que sí ocurre, hasta el momento, con las otras empresas públicas de la Argentina.

Según explicó el sitio oficial de Presidencia, el objetivo inicial era rescatar a la empresa, para que cumpla el rol de “empresa testigo en la comercialización de granos y en la producción de alimentos”. Además de destacar que la empresa podría seguir trabajando y eso beneficiaría tanto a sus trabajadores como a 2.600 productores que le venden a Vicentin, Fernández destacó también que se trataba de una “decisión estratégica para la economía nacional”, ya que el Estado, mediante una empresa mixta como YPF, se haría cargo de la producción de alimentos, una actividad que consideró tendrá “una relevancia singular” luego de la pandemia.

Horas después del primer anuncio del Presidente, la empresa emitió un comunicado en donde aseguraba que se enteró de la decisión gubernamental por los medios y destacaron la “incertidumbre y preocupación” por la decisión estatal. Además, reivindicaron le legitimidad de “proteger los derechos” de los accionistas y la empresa, que se encuentra “ajustada al marco legal vigente, dentro de un concurso preventivo de acreedores y que ha manifestado reiteradamente la voluntad de honrar los compromisos asumidos”.

Pero, finalmente, casi dos meses después de aquel anunció, el Presidente dispuso dar marcha atrás con la intervención, como se explicó en esta nota. “Hemos dispuesto la derogación del DNU 522/2020 que ordenó la intervención de Vicentin S.A.I.C. por 60 días”, publicó el mandatario en Twitter, adjuntando tres imágenes (ver acá, acá y acá) del texto de la nueva disposición.

Vicentin fue la sexta empresa que más ventas externas de granos, legumbres, harinas y aceites vegetales reportó en la campaña 2018/2019 con un 9% de las exportaciones totales, según surge de un análisis de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) sobre las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior que se reportan al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Esta empresa “atravesó en el 2019 una situación de estrés financiero que la llevó a paralizar sus actividades”, destaca el estudio de BCR publicado en marzo último. “Entre el cierre de dicho año y principios del 2020 busca reestructurar sus pasivos para volver a poner en marcha su capacidad productiva. Por tal motivo, esta empresa de exportaciones agroindustriales de capital nacional registra ventas de la nueva campaña 2019/20 muy por debajo de su operatoria normal”, sostiene el informe.  

¿Todo puede expropiarse?

La Constitución nacional sostiene que “la expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada”. Según la ley de 1977 de expropiaciones, “la utilidad pública”, que es el fundamento legal que permite la expropiación, “comprende todos los casos en que se procure la satisfacción del bien común”. Según explicó Fernández en su primer anuncio, en el proyecto de ley de expropiación de Vicentin se declararía a la empresa de utilidad pública teniendo en cuenta que “se dedica a la producción de alimentos” y que, en un momento de post pandemia, para el Gobierno “tiene una relevancia singular todo eso”. En ningún momento de la conferencia se mencionó un monto de indemnización, sino que se habló de una “operación de rescate”. 

El abogado Juan Ignacio Sáenz, docente de Derecho Administrativo y Constitucional en la Universidad de Buenos Aires, señaló a Chequeado que el procedimiento de intervenir la empresa por DNU (cuando debería ser un juez quien lo hiciera) es el mismo que se utilizó para expropiar YPF y la empresa conocida como “Ciccone Calcográfica”. El especialista explicó el paso a paso de la expropiación: el Congreso debe hacer una declaración de “utilidad pública” de un bien, como puede ser un campo para construir una ruta o una empresa, y allí debe fundamentar el por qué de dicha utilidad. Luego, el Estado puede conciliar con la empresa o ir a juicio, donde se podría discutir la valuación del bien para negociar la indemnización o, rara vez, la constitucionalidad de la ley que determinó la “utilidad pública” y la posibilidad de expropiación.

“Este caso es pionero en relación a considerar utilidad pública la producción de alimentos”, destacó Sáenz, quien aclaró igualmente que se trata de un caso especial de una empresa donde se puede argumentar el riesgo de que deje de existir. Si bien destacó que el poder de declaración de “utilidad pública” lo tiene el Congreso, señaló que actualmente el oficialismo no tiene mayoría en la Cámara de Diputados, por lo que tendrá que consensuar con sectores opositores.

Horas después de la conferencia del Presidente, la Sociedad Rural Argentina (SRA) emitió un comunicado en el que expresan “suma preocupación” por la intervención del Grupo Vicentin vía DNU, “así como su eventual expropiación a través del proyecto de ley que se enviará al Congreso”. Según la SRA, “el Estado, a través de la Justicia, cuenta con los medios e instrumentos para canalizar el concurso preventivo de este importante operador del mercado de granos y al mismo tiempo fortalecer las instituciones y los derechos de propiedad”.

Actualización 01/08/2020: Esta nota se actualizó tras el anunció del presidente Alberto Fernández de que derogó el decreto con el cual había dispuesto la intervención del grupo Vicentin.