La Oficina Anticorrupción dejará de ser parte en causas contra funcionarios y ex funcionarios

La Oficina Anticorrupción (OA) dejará de ser querellante en todas las causas penales en las que es parte. El titular del organismo, Félix Crous, justificó este cambio de política en la búsqueda de otro perfil para el organismo, con más foco en la prevención y menos orientada en el avance de casos de corrupción y su castigo. Actualmente, la oficina interviene en 32 expedientes y en la mayoría de ellos los acusados son funcionarios de los anteriores gobiernos kirchneristas.

Repasamos algunos aspectos de esta decisión, que además de componentes jurídicos incluye aspectos políticos: las causas en las que actúa la OA, qué implica el rol de querellante y qué dice la nueva normativa del organismo.

Qué es ser querellante

La querella es una parte del proceso penal, como son los acusados (y su defensa) y la fiscalía. Es el rol que habitualmente corresponde a las víctimas de un delito. En un homicidio, por ejemplo, la querella suele estar representada por la familia del fallecido. En los delitos contra la administración pública en los que se encuentra afectado el patrimonio del Estado (lo que se conoce coloquialmente como “delitos de corrupción”), la Oficina Anticorrupción tiene la facultad de presentarse como querellante.

Esto implica que, al igual que el fiscal y la defensa, la querella, en este caso la OA, que es un organismo del Poder Ejecutivo Nacional, es parte en el proceso y, por lo tanto, tiene acceso al expediente, puede solicitar medidas de prueba, indagatorias, detenciones y aportar documentación.

Es el juez de la causa, de acuerdo con el artículo 84 del Código Procesal Penal de la Nación, quien determina si acepta o no la presentación de alguien como querellante.

Qué dice la resolución que cambiará la política

El organismo explica que en 2017, durante el gobierno de Cambiemos, la Argentina solicitó la adhesión a recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre integridad pública.

Esto derivó en un informe del organismo internacional, presentado en 2019 que, entre otras cosas, recomienda a la OA “desarrollar una estrategia de comunicación dirigida a clarificar y enfatizar su rol preventivo, y que pone especial atención en destacar soluciones, buenas prácticas y éxitos, en vez de ser orientada en torno a la problemática que plantean los casos de corrupción y los costos de la corrupción”.

Y agrega: “En este contexto, incluso se podría promover una discusión sobre ventajas y desventajas de reposicionar la Oficina Anticorrupción como una ‘Oficina de Integridad’ para dar mayor visibilidad a su trabajo preventivo”. En junio de 2020, la OCDE comunicó a la Argentina que aceptaba su solicitud de adherir a las recomendaciones.

“Que en lo que atañe al litigio -sostiene la resolución de la OA-, la oficina ha asumido el rol de querellante en numerosos juicios, a los cuales se han afectado la mayoría de los abogados de la dependencia”, y agrega que en este rol la oficina “cumple funciones que en buena medida se superponen con las específicas del Ministerio Público Fiscal”, el organismo que nuclea a los fiscales (vale aclarar que el propio Crous es fiscal federal en uso de licencia).

Este “tratamiento privilegiado” del área de litigio por sobre el de prevención e integridad coincidió, según la OA, con un contexto de reducción de la dotación de personal del organismo, generado por nuevas vacantes en el organismo y las restricciones a la incorporación de personal en la Administración Pública Nacional que dispuso el Decreto 632/2018.

Por eso, concluye la OA, “corresponde ordenar los recursos de la oficina de un modo racional y económico”. Y resuelve: “Habrá de disponerse el desistimiento del rol de querellante en los procesos penales en los que se interviene en tal carácter”.

Según explicó a Chequeado Luis Villanueva, subsecretario de Integridad y Transparencia de la OA, “en aquellas causas donde está tramitando el juicio se va a continuar hasta el momento de los alegatos. Y, en aquellas que se esté produciendo prueba que haya sido solicitada por la OA en su rol de querellante, se va a continuar hasta que la misma esté producida”.

En qué causas interviene la OA

Pero, ¿qué impacto inmediato podría tener esta decisión? Según datos oficiales del organismo, la OA interviene como parte en 32 causas. De ese total, 3 se encuentran en la etapa de juicio oral y se continuarían hasta el alegato:

-La causa por adquisición de material rodante a España y Portugal, que tramita en el Tribunal Oral Federal N° 6 y en la que están procesados los ex funcionarios Ricardo Jaime y Julio De Vido.
-La causa conocida como “La ruta del dinero K”, que tiene como principal enjuiciado al empresario Lázaro Báez, ligado con el kirchnerismo. Tramita en el Tribunal Oral Federal N° 4.
-Y la causa conocida como “Vialidad”, en la que se investigan irregularidades en la asignación de obras públicas viales y que tiene como principal procesada a la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Tramita en el Tribunal Oral Federal N° 2.

Además, otras 10 de las causas ya fueron elevadas a juicio, pero están a la espera del inicio de debate oral y público. En ese grupo están:

-La causa conocida como “Cuadernos”, en la que también está acusada la ex presidenta como presunta jefa de una asociación ilícita;
-La causa por enriquecimiento ilícito contra el ex jefe del Ejército César Milani;
-La causa por irregularidades en la empresa Yacimiento Carboníferos Río Turbio, que tiene a De Vido como principal acusado;
-El expediente por el llamado “Plan Qunita”, en el que están acusados ex funcionarios del Ministerio de Salud durante la gestión de Daniel Gollan;
-Un tramo de la causa “Odebrecht”, la principal causa de corrupción develada en la región y que involucra a cientos de empresarios y políticos en Brasil, Perú y otros países;
-Y otros expedientes más antiguos, como el juicio oral contra la secretaria de Ambiente durante el gobierno de Néstor Kirchner, Romina Picolotti.

A fines de 2019, cuando Mauricio Macri era presidente y Laura Alonso lideraba la OA, la oficina era querellante en 38 causas, pero durante 2020 desistió de intervenir en algunas de ellas. Por ejemplo, en la llamada causa “Hotesur”, donde se investiga a la vicepresidenta Fernández de Kirchner por presunto lavado de dinero; un expediente por presunta administración fraudulenta contra el ex titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) José Sbatella; una causa por presuntas dádivas contra De Vido; 2 expedientes por enriquecimiento ilícito contra el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray y el ex vicepresidente Amado Boudou; y otros expedientes más antiguos, que involucran a ex funcionarios del menemismo como Raúl Granillo Ocampo.

Como se explicó en esta nota, la gestión de Alonso actuaba como querellante casi exclusivamente en causas contra funcionarios de los gobiernos kirchneristas (no así contra funcionarios de Cambiemos). Además, según datos oficiales, la gestión de Cambiemos también desistió de seguir interviniendo en algunos expedientes, la mayoría de ellos vinculados con el menemismo.