Tarifas y subsidios eléctricos: los datos detrás de la disputa entre Martín Guzmán y Federico Basualdo

La continuidad en el cargo de un funcionario de segunda línea del Ministerio de Economía de la Nación fue uno de los temas centrales del fin de semana. Desde la tarde del viernes último circularon versiones que indicaban que Federico Basualdo, subsecretario de Energía Eléctrica de la Nación, había renunciado por pedido del ministro Martín Guzmán, y otros trascendidos sostenían que el funcionario se negaba a dejar su cargo.

La presunta disputa, no confirmada oficialmente, se produce en un contexto en el que se discute la política tarifaria del sector eléctrico y los aumentos proyectados en las boletas de luz para el 2021. En esta nota, repasamos los datos detrás de esta disputa interna en el oficialismo.

El contexto

En diciembre último, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, dictó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en el que ordenó una renegociación de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) vigente para el servicio eléctrico.

Las tarifas eléctricas se encontraban congeladas desde abril de 2019 por decisión del entonces presidente Mauricio Macri -Cambiemos- (ver acá y acá), y continuaron así en 2020 a raíz de la emergencia pública declarada por Fernández (Frente de Todos) ante la pandemia de coronavirus.

En este escenario, en marzo último el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) dio inicio al proceso de adecuación para establecer un “Régimen Tarifario de Transición” para los próximos 2 años, en reemplazo de la RTI aprobada por la gestión de Macri en 2017.

Mientras continúa esta negociación, el 30 de abril último el ENRE emitió 2 resoluciones autorizando a las empresas Edenor y Edesur un incremento del 9% en las tarifas eléctricas, que rige desde el 1° de mayo último.

La cifra está en línea con los números trazados por Basualdo, quien el 25 de marzo último señaló en una entrevista en Radio Con Vos que las subas de las tarifas eléctricas “pueden ser un 7%, un 9% o un 15%”. Y, además, agregó: “Es un número que no va a afectar el poder adquisitivo de los salarios”.

Sin embargo, el aumento autorizado por el ENRE difiere de las expectativas de Guzmán, quien el 3 de abril último afirmó, en una entrevista con CNN: “Si aumentás las tarifas solamente un dígito para todo el mundo ahí no se estaría cumpliendo el presupuesto y no se estaría cumpliendo el programa macroeconómico”.

Los subsidios a la energía eléctrica y su evolución

En el Presupuesto 2021 el Gobierno proyectó erogaciones por $ 446 mil millones en subsidios al sector eléctrico. La gran mayoría de esos fondos ($ 441 mil millones, el 98%) son destinados a Cammesa -la empresa dedicada a la generación de energía eléctrica que le vende la energía a las distribuidoras, como Edenor y Edesur- para afrontar los costos que no llegan a ser cubiertos por el pago de las tarifas.

En este sentido, las proyecciones del Presupuesto 2021 indican que -de no mediar aumentos- este año los usuarios cubrirán sólo el 43% del total de los gastos que demanda la generación de electricidad. El resto será afrontado por el Estado nacional a través de subsidios.

De acuerdo con un informe realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación (OPC), las erogaciones correspondientes a subsidios energéticos -se contempla también la generación del gas- incluidas en el Presupuesto 2021 representan el 1,7% del PBI, igual valor que en 2020. Pero para mantener este nivel las tarifas deberían aumentar un 40%, según cálculos proyectados por la consultora Ecolatina -fundada por el ministro de Economía de la Nación, Roberto Lavagna-, lo que es un número lejano al 9% trazado por Basualdo.

Por su parte, Alejandro Einstoss, integrante del Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”, señaló a Chequeado que “el Presupuesto 2021 tenía implícitos aumentos del orden del 35%, un porcentaje ambicioso y difícil de aplicar en un año electoral”.

El especialista indicó, además, que la existencia de gastos no contemplados en el presupuesto y el aumento de los subsidios a Cammesa implicarían un incremento en las erogaciones de $ 300 mil millones, lo que elevaría 1 punto el peso de los subsidios energéticos -incluyendo el gas- sobre el PBI (es decir, 2,7%).

Hasta ahora, lejos de mantenerse, los gastos destinados a subsidios a la energía eléctrica aumentaron muy por encima de la pauta inflacionaria: según un estudio de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), en el primer trimestre de este año el Gobierno nacional destinó $ 71 mil millones a Cammesa, lo que representa un incremento a precios corrientes del 184,9% en relación al mismo período de 2020. En marzo de 2021, en tanto, la inflación interanual fue del 42,6%, según el INDEC.

Víctor Bornstein, director del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad (Ceepys) y director en la empresa estatal IEASA, señaló a este medio que el rol de los subsidios energéticos es clave desde la devaluación. “El costo de la energía tiene muchos componentes ligados al dólar, con lo cual se generó una brecha entre el costo y lo que puede pagar la gente que tiene salarios en pesos. Así surgen los subsidios, con los que el Estado trata de armonizar esa brecha”.

El peso de los subsidios energéticos varió fuertemente en la última década: según la OPC, en 2010 representaban el 1,4% del PBI, pero en 2014 esa relación se había duplicado para llegar al 2,8%. Durante el gobierno de Mauricio Macri la situación se revirtió, pasando del 2,6% en 2016 a apenas el 1,1% en 2019. En el primer año del gobierno de Alberto Fernández, la continuidad del congelamiento de tarifas iniciado el año anterior elevó los subsidios al 1,7% del PBI.

¿Son eficientes los subsidios?

Una de las mayores discusiones en torno a los subsidios gira en torno a su eficacia y alcance. Los economistas Jorge Puig y Leandro Salinardi, integrantes del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (Cedlas) de la Universidad Nacional de La Plata, indicaron en este trabajo realizado en 2015 que “la mayoría de los subsidios analizados son pro-ricos (es decir, se concentran en términos absolutos en los deciles de ingresos más altos), y progresivos (teniendo en cuenta la proporción de los subsidios sobre su ingreso, los estratos más bajos reciben relativamente más)”.

Es decir que, si bien impactan más en los sectores más postergados -en cuanto al peso del total subsidiado sobre sus ingresos-, destinan una mayor masa de dinero -en términos absolutos- a sectores que podrían afrontar su pago. Los autores concluyen: “El hecho de que la mayoría de los montos destinados a subsidiar los servicios públicos caigan en manos de los sectores más pudientes de la población sugiere que existen espacios para una mejor focalización de estas políticas”.

Por su parte, Cecilia Laclau, presidenta de la Fundación para el Desarrollo Eléctrico (Fundelec), dijo a Chequeado: “No diría que los subsidios favorecen más a los ricos: técnicamente los subsidios que se dan de manera plana benefician al que más usa ese bien subsidiado. En este caso, podemos asumir que los que más lo usan, en gran parte (no totalmente) es gente que tiene más infraestructura”.

“Sin embargo, en invierno, está el factor de que la electricidad en muchos barrios que no cuentan con infraestructura gasífera por red se recurre a la estufa eléctrica que gasta mucho. Entonces esto no es tan lineal, sobre todo en invierno”, dijo.

De todos modos, indicó que para mejorar la distribución de los subsidios sería necesario “una tarifa social eficiente, transparente y accesible”, y que la actual “está unida a las bases de datos de asistencia social, pero falta algo ahí: por ejemplo, los jubilados quedan siempre afuera”.

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